La proliferación de radios militares debilita la democracia, advierte la FLIP

Colombia es un país de radio. La señal de alguna de sus muchas emisoras llega a los rincones más recónditos del país, incluso a lo profundo de las montañas y las selvas donde se ha librado buena parte de un conflicto armado de más de medio siglo que ha involucrado al Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares. Por momentos, las emisoras incluso se convirtieron en una herramienta de propaganda y en un arma importante en la guerra psicológica que libraban los militares con las insurgencias. En el camino, el predominio radial que levantó la fuerza pública a lo largo y ancho del país ha creado una suerte de monopolio que debilita la democracia, advierte el más reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Con 150 estaciones, la fuerza pública colombiana ha construido durante las últimas tres décadas uno de los sistemas radiales más poderosos que se hayan creado en el mundo para librar una guerra, sostiene el análisis de la FLIP. Sus emisoras superan en infraestructura, potencia y recursos a cualquier radio comercial. “Además, representan casi la mitad de las radios de interés público, lo que constituye un monopolio que domina el espectro radial en detrimento de radios como la comunitaria”, señala el documento.

El esquema de radiodifusión en Colombia contempla cuatro tipos de emisoras: comerciales, de interés público, comunitarias y comunitarias étnicas. En ese ecosistema, la fuerza pública tiene un cuasi monopolio en las radios de interés público, explica el análisis de la FLIP, pues el 45,73% de las que se encuentran en esa categoría –150 de las 328– son operadas por el Ejército, la Policía, la Armada o la Fuerza Aérea, en detrimento de otras emisoras como las indígenas, territoriales, educativas o aquellas destinadas para la atención y prevención de desastres.

La expansión de las radios de la fuerza pública a lo largo de sucesivos periodos presidenciales, abunda en su diagnóstico, “ha dejado a su paso un desequilibrio en la oferta mediática de buena parte del país, ha cercado voces disidentes y ha impedido una democratización efectiva del espectro electromagnético”. Esa proliferación se produjo en medio de lo más álgido del conflicto armado, pero el país vive ahora otro momento, con un nuevo presidente que, a tres meses de haber asumido el poder, se propone pacificar los territorios.

El Gobierno de Gustavo Petro ha prometido implementar con mayor decisión el acuerdo de paz que firmó Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC, ya retomó el proceso de diálogo con el ELN y busca una política de sometimiento para otros grupos criminales como parte de la “paz total” que persigue. Ante ese escenario de transición, valora la FLIP, “es imperativo revisar el papel del sistema radial de la fuerza pública y advertir el peligro que supone su robustecimiento en una democracia”.

Ese predominio de las radios militares afecta el pluralismo informativo, pues en lo que va de este siglo “se ha producido un fenómeno de militarización de la radiodifusión cuya cobertura e influencia supera a emisoras clave para el debate democrático, como las radios comunitarias”, valora el informe.

“No es un debate fácil, ni es una transición sencilla”, dice Jonathan Bock, director de la FLIP. Implica cambios en un sistema robusto, que se desarrolló por varias décadas. “Esto tiene unas raíces muy profundas y un impacto todavía presente”, valora. El esquema de emisoras de la fuerza pública, con contenidos propagandísticos y de carácter institucional, termina afectando la democracia debido también a que en Colombia hay un marcado déficit de medios locales. En una tercera parte del país no existen medios que produzcan información local, y ese desbalance frente a las emisoras comunitarias acentúa el problema. “Es necesario dar un debate al respecto de qué hacer con este sistema, que se construyó en una lógica de guerra y hoy debería pensarse con otro propósito”, apunta.

En el marco de la política de paz total, “es necesario revisar la naturaleza y clasificación de la radio de la fuerza pública”, señalan las recomendaciones del informe. “Se requiere definir específicamente la necesidad e idoneidad de la categoría de las radios de ‘interés público’ con el fin de trazar lineamientos más claros sobre sus funciones que permitan hacer seguimiento del cumplimiento misional de cada tipo de emisora”, apunta. La FLIP recomienda al Estado adoptar el sistema de clasificación de la UNESCO, en el que las radios comunitarias no se diferencian de las radios de interés público, pues “esa separación crea una distorsión y supone una falsa dicotomía entre lo que es el interés público y el interés comunitario”.

El documento también aconseja al Gobierno darle continuidad a los programas para las radios comunitarias que “propenden la construcción de la paz y proporcionan espacios de reflexión y discusión con la comunidad”. En esa misma dirección, destaca las iniciativas que estimulen la producción radial de contenidos encaminados a la reconciliación y la socialización del informe final de la Comisión de la Verdad surgida del acuerdo de paz, que se publicó el pasado junio, “en aras de generar procesos pedagógicos”.

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