“En salud ustedes mandan, pero no saben”: los científicos piden decisiones basadas en la evidencia

Parques cerrados y bares abiertos. Esta imagen —que la Comunidad de Madrid propició cuando confinó perimetralmente los primeros barrios y también se pudo ver en algunos momentos de la desescalada— ilustra muy bien los constantes ejemplos que la epidemia de covid está dejando de decisiones tomadas por políticos sin aval científico. Los gobernantes tienen la última palabra en el difícil equilibrio que supone cuidar la salud de la población manteniendo en lo posible la economía mientras un contagioso virus circula por el mundo. Pero con frecuencia se han olvidado los criterios técnicos para imponer medidas dictadas más por tácticas partidistas y cálculos populistas que por la evidencia disponible. Un total de 55 sociedades científicas han vuelto a dar este domingo un golpe en la mesa para reclamar que sea el mejor conocimiento disponible, y no los jefes de los gabinetes, el que dicte el rumbo para luchar contra el coronavirus.

En salud, ustedes mandan pero no saben, se titula el manifiesto suscrito por las principales sociedades científico-médicas del país, que agrupan a 170.000 profesionales sanitarios. “Acepten, de una vez, que para enfrentarse a esta pandemia las decisiones dominantes deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político”, reza el primer punto de un decálogo en el que ofrecen su asesoramiento para tomar las mejores decisiones para frenar al virus.

Seguramente, el detonante para este escrito es el rifirrafe al que los españoles han asistido casi en directo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid para establecer unos umbrales mínimos con los que confinar los municipios más afectados y restringir más aforos y relaciones sociales. Según los detalles del desencuentro, que ha publicado este domingo EL PAÍS, umbrales como que fueran ciudades de 100.000 habitantes las afectadas o que las UCI superasen el 35% de ocupación con enfermos de covid fueron fruto de negociaciones políticas (Sanidad proponía en un principio localidades de más de 20.000 y que las camas de críticos estuvieran por encima del 20%).

“Entiendo ciertos regateos si se trata de llegar a acuerdos, porque no estamos hablando de una ciencia exacta, pero siempre que finalicen alcanzando esos acuerdos. De lo contrario, es un desastre que perjudica a todos y mina la confianza de la ciudadanía”, asegura Ignacio Rosell, profesor de salud pública de la Universidad de Valladolid. Defiende no meter en el mismo saco a todos los políticos; a su parecer, en muchos lugares sí se han seguido los criterios científicos, aunque hagan más ruido los que no. “El problema es que una comunidad prudente de forma aislada no evita el impacto de todas las demás. Da la impresión de que esto ya se ha convertido en una lucha de no ser yo el confinado y que sean otros. Se está anteponiendo el sentido político a la salud pública”, añade.

El debate política versus ciencia no es de blanco y negro. Pedro Gullón, vocal de la Sociedad Española de Epidemiología —que no suscribe el manifiesto— y coautor del libro Epidemiocracia, subraya, por un lado, que hay una lucha de evidencias: “El campo de la economía busca unos resultados que son distintos a los del campo de la salud y ahí puede haber una contradicción. Los políticos tienen que encargarse de encontrar el equilibrio que mejor encaja”. Por otro lado, recuerda que las evidencias sobre lo que hacer frente al coronavirus no son siempre muy sólidas: “A menudo nos basamos en experiencias previas, en lo que vemos más sensato, pero hasta dentro de años no habrá estudios que muestren lo que funciona mejor en cada momento”.

Rafael M. Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), una de las firmantes del manifiesto, opina que aunque no haya umbrales matemáticamente infalibles para decidir acciones, y a pesar de que la evidencia es “compleja”, las medidas “se pueden basar en criterios científicos”. “Cuando en la desescalada teníamos una incidencia de 40 casos por 100.000 habitantes, nos planteábamos si abríamos o no y decíamos que lo evaluaríamos cada dos semanas”, señala ahora cuando la media en España es de 269,49 casos y en Madrid de 647,91. “No podemos estar desde julio esperando a ver qué pasa y discutiendo que si esto o que si lo otro. Podemos tener dudas, pero analicemos, veamos qué medida podemos tener y vayamos evaluando”, reclama.

Precisamente, una de las principales negligencias en contra de la evidencia, como han afirmado 17 expertos en la revista The Lancet, ha sido no evaluar resultados. José Miguel Cisneros, jefe de enfermedades Infecciosas del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y antiguo presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, también firmante del manifiesto, reflexiona: “España ha sido la primera en la primera ola y primeros en la segunda. No hemos aprendido por falta de evaluación, no se ha hecho autocrítica ni se ha usado la evidencia disponible y esto es lo que reclamamos”.

Decisiones sin evidencia

Desde el principio de la crisis sanitaria, por unas razones o por otras se suceden decisiones apartadas de la evidencia científica, aunque esta tampoco es inmóvil, sino que va cambiando a medida que se hacen nuevos descubrimientos. Un ejemplo es el de las mascarillas, de cuya eficacia no había sólidas pruebas en los primeros compases, pero que ya están fuera de todo debate. Al menos en parte, porque países como España obligan a llevarlas en cualquier lugar abierto, incluso sin otras personas alrededor. “Esto no tiene sentido”, afirma Ortí Lucas. “Si es para que se cumpla más donde sí hace falta, que es fundamentalmente en interiores o en zonas muy concurridas, puede ser buena medida, pero esto habrá que explicarlo, y no se está haciendo”, señala. A continuación, otros puntos en los que se han tomado decisiones no acordes con la ciencia en los últimos meses:

La definición de caso

Definir quién es sospechoso de estar infectado es el primer paso clave para atajar la enfermedad, ya que solo en ellos se busca. La falta de pruebas hizo que al principio hubiera una definición muy restrictiva. Cisneros recuerda que los primeros días solo se hacían pruebas a los que hubieran estado en China. Los infectólogos pidieron que se realizaran a todas las neumonías desconocidas. “Si se hubiera hecho desde el principio habríamos localizado antes que el virus estaba ya en España y se podrían haber salvado vidas”, asegura.

Test rápidos

Con los test rápidos hubo decisiones erróneas desde el principio. “En primer lugar se compraron sin demostrar eficacia y hubo que devolverlos. Luego se usaron para hacer cribados en la población, entre sanitarios, cuando esto no es útil”, señala Cisneros. Con los nuevos test de antígenos sucede lo mismo. Se han demostrado muy útiles para detectar el virus entre personas con síntomas, pero no tanto para la población general, como se están usando en la Comunidad de Madrid.

Ciudades de menos de 100.000 habitantes

El que los umbrales de confinamiento valgan para ciudades de más de 100.000 habitantes y no para las menores es un listón “arbitrario”, coinciden todos los consultados. “Lo que hay que ver es si se conocen las cadenas de transmisión. Es cierto que en un pueblo pequeño puedes tener una incidencia muy alta y que no haga falta restricciones porque es más fácil conocer de dónde viene el brote que en una gran ciudad, pero hay que analizarlo según el caso”, señala Ortí Lucas.

Parques cerrados, bares abiertos

El cierre de parques ha sido una de las soluciones propuestas por algunas ciudades y comunidades autónomas, pese a que sabe que el riesgo de contagio es hasta 20 veces menor en exteriores. “Si cierras los parques estás propiciando actividades en interiores, lo que es contraproducente”, señala Gullón, que cree que no tiene sentido que el aforo de los locales de hostelería esté igual de limitado (al 50% en los lugares que cumplan los umbrales de confinamiento señalados en el BOE) en interiores que en la terraza. “Quizás la proporción debería ser 75% fuera, 25% dentro. O cerrar por completo el servicio en el interior”, añade. Además, como apunta Rosell, hay una contradicción: “Se obliga a respetar la distancia entre mesas, pero no a hacerlo entre sillas de una misma mesa”.

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