2.000 sanitarios denuncian que la ley Gallardón dañará la salud de las mujeres

'Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país'. Este es el título y la conclusión principal del manifiesto que cerca de 2.000 profesionales sanitarios han firmado contra la reforma de la ley del aborto. Médicos, enfermeras, psicólogos o trabajadores sociales se han sumado al documento en el que defienden la normativa actual --que permite el aborto sin que la mujer tenga que justificar su decisión hasta la semana 14 de gestación-- y alertan de que el anteproyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Justicia, pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.

El documento, que han presentado hoy viernes en Madrid reputados profesionales como el prestigioso obstetra  Santiago Dexeus, la ginecóloga experta en diagnóstico prenatal Pilar Martínez-Ten, la psiquiatra Eudoxia Gay y el ginecólogo Javier Martínez-Salmean , insiste en que con la restrictiva nueva ley --que permite el aborto solo por violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer--, y con las barreras que impone de acceso a la prestación, se incrementarán los abortos tardíos. El sistema provocará que las mujeres recurran a métodos inseguros o tengan que viajar al extranjero para interrumpir su embarazo.

Estos profesionales sanitarios firman el manifiesto a título personal, pero su crítica se une a la de numerosas asociaciones y sociedades científicas --la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, las dos entidades de médicos de familia...-- que han elaborado comunicados contra la reforma de la ley del aborto. Una crítica que ha llegado también desde la Organización Médica Colegial --que agrupa a los 200.000 médicos colegiados que hay en España-- que hace unos días aprobó una declaración en la que afirmaban que la decisión del abortar debe quedar en manos de la mujer. 

"No decidimos ni decidiremos sobre úteros ajenos", dice la presidenta de los neuropsiquiatras

Los sanitarios que han firmado el manifiesto --que sigue sumando adhesiones y que entregarán en el Ministerio de Justicia-- hablan también del sinsentido que supone la eliminación del supuesto de aborto por malformación fetal (ahora posible sin plazo si la anomalía detectada es extremadamente grave o incompatible con la vida); un supuesto que la nueva ley supedita a que la patología fetal suponga un riesgo psicológico para la mujer. Este sistema y todo lo que implica, dicen en el manifiesto, "contradice" su ética profesional y resulta contraria al sentir mayoritario de la población".  Esta medida, dicen, solo servirá "para agudizar el dolor" de las 3.000 mujeres que en la actualidad deciden interrumpir su embarazo por malformación del feto."Tal y como está planteada la norma, además, hará prácticamente inviable la interrupción del embarazo por esta causa", ha aseverado Martínez Ten.

"Las mujeres que abortan no son enfermas mentales", ha apuntado Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en la presentación del documento, que sigue recogiendo firmas. Con la ley elaborada por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, que dicta que dos psiquiatras (en caso de que la mujer alegue riesgo psicológico) deben acreditar que existe un daño "persistente" y "duradero en el tiempo" se estará teniendo en cuenta la vulnerabilidad psíquica sino la enfermedad mental.

La regulación, con sus barreras y sus obstáculos, ha dicho Gay, "aumentar el número de casos ansiosodepresivos y de enfermedad mental debido a estas medidas y también a la clandestinidad a la que se verán sometidas las mujeres". "No queremos que la ideologia nos diga que tenemos que crear enfermas en lugar de cuidarlas. No decidimos ni decidiremos sobre úteros ajenos. La nueva ley del aborto es una marcha atrás", ha insistido Gay.

Dexeus: "El aborto no es un hecho banal ni frívolo, tratar a las mujeres como frívolas es desastroso".

Un "flashback", ha ironizado Santiago Dexeus, que ha lamentado que el debate sobre la regulación del aborto esté de nuevo sobre la mesa. Sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta que la ley actual (de 2010) está funcionando bien. "Es una hipocresía que las mujeres no puedan hablar con su propia voz y las envíen al psiquiatra", ha dicho. El ginecólogo --que atendió el parto de los hijos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-- ha recordado los inicios de los años 80. "En aquél entonces las niñas ricas viajaban a Londres para abortar". Las pobres, ha insistido, recurrían al aborto inseguro y clandestino y muchas veces eran atendidas en los hospitales por profesionales como él, que veían los efectos y la secuelas de esa realidad. "No quiero volver a vivir eso", ha alertado. "El aborto no es un hecho banal ni frívolo, tratar a las mujeres como frívolas es desastroso", ha dicho Dexeus.

Para Dexeus y el resto de caras visibles del manifiesto, la nueva ley supondrá una barrera en el ejercicio de su labor. "Dificultará enormemente nuestro trabajo que es ayudar, diagnosticar ya acompañar al as mujeres", ha aseverado Martínez Ten, que ha explicado que el 61% de los firmantes son médicos, el 21% matronas y enfermeras y el 13% psicólogos.

 Falta de consulta y asesoramiento

"No entendemos por qué hay que modificar la ley actual, que está funcionando bien, al igual que funciona en la mayoría de los países de nuestro entorno", ha criticado Martínez Salmeán, uno de los expertos que participó en la ley actual, que el Gobierno derogará. Para elaborarla, ha explicado, se estudió la legislación de otros países, sus resultados y su funcionamiento. La inmensa mayoría d de los países de la UE tiene leyes de plazos como la que hay desde 2010 en España. "No sabemos a qué ha atendido Justicia para elaborar su ley", ha incidido Salméan. Los profesionales sanitarios han criticado que ni el Ministerio de Justicia ni el de Sanidad hayan realizado una consulta previa a los expertos que día a día trabajan en esta prestación sanitaria. Justicia recibió a algunos profesionales --como a Martínez-Ten-- que solicitaron una reunión, pero no ha formado un grupo de expertos como en otras ocasiones, aunque un mes después de aprobar la ley en Consejo de Ministros, el departamento de Ruiz-Gallardón solicitó informes sobre la ley a entidades como la Organización Médica Colegial, el Colegio de Enfermeros, organizaciones de mujeres, y otras contrarias al aborto, como Red Madre.