Libre acceso a la ciencia pública

Saber es poder y en ciencia ese conocimiento solo se demuestra de una manera: publicando. Pero este proceso introduce un factor ajeno a la investigación en sí y quien la financia: las editoras de revistas. Por ejemplo, si un investigador descubre una molécula, lo primero que hará será enviar el trabajo a una publicación científica. Solo entonces dejará que sus colegas sepan cómo ha hecho sus trabajos y sus resultados. Y estos tendrán que pagar, en muchos casos, una cuota de suscripción a la revista correspondiente si quieren leer el artículo. La editora correspondiente no solo se encarga de llevar al papel el trabajo. También aporta un valor añadido: la revisión por otros científicos independientes del resultado. Es lo que da garantía y lo que hace que unas publicaciones sean más prestigiosas que otras. Y algo por lo que también cobran.

Pero Internet ha cambiado esto. Igual que con la prensa generalista, hay webs, de prestigio creciente, que ya permiten el acceso abierto a todo lo que publican. Y se plantea un caso que hasta hace poco no se discutía: ¿por qué una editorial se beneficia de un trabajo que ha contado con financiación pública? Esta pregunta ha animado la controversia, y el movimiento por un libre acceso gana adeptos.

El mayor empuje lo ha dado el Gobierno británico, que acaba de decidir que, dentro de dos años, todos los estudios científicos publicados que hayan sido subvencionados con dinero público deberán ser de acceso gratis para todo el público, sean de donde sean y se dediquen a lo que se dediquen. La decisión, que sigue casi al pie de la letra las recomendaciones elevadas en junio por un grupo de expertos encabezados por Janet Finch, es consecuencia de la creciente oposición en medios científicos al negocio de algunas publicaciones con sus trabajos.

Los artículos son la medida de calidad de los trabajos

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica. Especialmente por el hecho de que el Gobierno se ha decantado por el llamado sistema oro, por el que los autores publican de forma abierta e inmediata en Internet todos los artículos cuando salen en la revista. Algunos científicos se inclinan por el llamado sistema verde, por el que los autores publican sus trabajos en una revista científica y pasado un tiempo archivan una versión en la institución para la que trabajan para su uso público.

Con el sistema por el que se decanta el Gobierno británico, sin embargo, no se cierra completamente qué opción se va a elegir. En los próximos dos años, universidades y editores negociarán acerca del precio a pagar por la publicación en la revista y de otros tipos de suscripciones que “deberían tener en cuenta las implicaciones financieras del cambio a publicación en abierto y revistas híbridas, de la extensión de las licencias y de los cambios resultantes en los ingresos que reciben los editores”.

Es decir, las universidades seguirán pagando a las revistas especializadas, pero a diferencia de lo que ahora ocurre, las revistas no podrán obligar al público a pagar por acceder a su lectura. En la actualidad, las revistas que tienen más impacto académico son precisamente aquellas que no tienen una política de acceso abierto a su contenido.

Las revistas cobran al autor por la revisión y al cliente por conocerla

El Gobierno estima que a la larga las universidades ahorrarán dinero con esta fórmula, aunque eso puede depender de los acuerdos que alcancen con las revistas. En la actualidad, las universidades destinan unos 255 millones de euros al año a pagar por la publicación de artículos de sus científicos. Pero ha causado decepción que el Gobierno decidiera que los 64 millones anuales que va a costar el periodo de transición tengan que pagarse con el dinero público ya asignado a la ciencia. Este aspecto —que se paga por publicar— ha sido bien recibido por editores como el de Nature. Un portavoz señaló a EL PAÍS que “da la bienvenida” al proceso, aunque urgió a los organismos oficiales británicos a que aclaren “cómo van a repartir los fondos” para ello.

“Suprimir los actuales pagos para acceder a la lectura de los artículos de investigaciones financiados con dinero público va a tener enormes efectos económicos y sociales”, declaró el ministro británico de Universidades y Ciencia, David Willetts. “Va a permitir a los académicos y al mundo de la empresa desarrollar y comercializar sus investigaciones de manera más fácil y pregona una nueva era de descubrimientos académicos”, añadió.

La paradoja es que mientras el resto del mundo podrá acceder gratis a los trabajos científicos pagados por los contribuyentes británicos, estos tendrán que seguir abonando por los publicados en otros países. En opinión de Willetts, sin embargo, la iniciativa va a acelerar el debate sobre el acceso gratuito a los trabajos científicos que ya hay en EE UU y la UE. Además, algunos científicos creen que el problema actual de la ciencia no es lo que cuesta la suscripción a una revista (209 euros al año a Nature; 25,75 euros por un artículo en The Lancet), sino que para publicar hay que pagar. Eso hasta en las revistas gratuitas, como PLOS, que lidera el movimiento desde 2000. “Si se quiere mantener el rigor en la selección, hay unos costes”, afirma María Gasset, vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC y editora de PLOS. Ella no cobra por su trabajo en la revista, pero los autores deben aportar unos 1.300 euros para publicar, ya que hay que pagar a los maquetadores, infógrafos, los programas... etcétera.

La idea del acceso abierto gana adeptos. Como destaca Alicia Fátima Gómez, responsable de la biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas (CNIC), la UE lleva años promoviendo el acceso abierto. España no está, al menos en teoría, al margen. La Ley de Ciencia de 2011 recoge en su artículo 37 el fomento de la “difusión en acceso abierto”. El modelo español es del tipo verde, dando un plazo a las revistas tradicionales para que exploten la información antes de la obligatoriedad de poner a disposición universal y gratis los artículos en un repositorio de Internet. El problema, admite Gómez, es que ese sistema “cuesta mucho”. Hay que crear las bases de datos de artículos y hacerlas accesibles de una manera ordenada. El CNIC estudia crear una con dos organizaciones afines, el Carlos III y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Hay otro inconveniente. Como se explicaba al principio, para los científicos lo importante es publicar en una revista de impacto. Y, de momento, estas son, en general, las de pago. “Actualmente, es imposible seguir todo lo que se escribe sobre un tema”, dice Gasset, y, en ese caso, seguir las publicaciones punteras es una garantía. Aunque eso también está cambiando. Precisamente hoy la revista BMC Medicine publica un artículo en el que afirma que el impacto de las publicaciones de pago y gratuitas se está igualando. Claro que BMC es de las últimas, así que son datos a confirmar.