El Gobierno argentino acelera su agenda legislativa con un proyecto de aborto legal y un impuesto a la riqueza

El Gobierno de Argentina busca acelerar la agenda legislativa al final de un año marcado por la pandemia de la covid-19 y la agudización de la crisis económica. El oficialista Frente de Todos acaba de obtener la aprobación en la Cámara de Diputados de un impuesto a las grandes fortunas y una ley del fuego para proteger ecosistemas de los incendios, iniciativas que serán tratadas ahora por el Senado. A partir de diciembre, en sesiones extraordinarias, se debatirá también el proyecto para legalizar el aborto enviado este martes por el presidente, Alberto Fernández, y una reforma del sistema de pensiones. El Ejecutivo busca avanzar con estos temas pendientes antes de marzo de 2021, año electoral, mientras negocia una reestructuración de la deuda con el FMI que libere fondos para la recuperación económica.

El pistoletazo de salida de la contrarreloj fue este martes. Arropados por organizaciones afines al Gobierno que se concentraron en la plaza del Congreso por el Día de la Militancia peronista, los diputados oficialistas defendieron el aporte solidario de las grandes fortunas, que prevé el cobro único de una tasa progresiva entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos (2,3 millones de dólares al cambio oficial). Menos de 10.000 personas serán alcanzadas por este impuesto, con el que el Fisco pretende recaudar 307.000 millones de pesos, equivalente a unos 3.500 millones de dólares o el 1,1% del PIB del corriente año. Los fondos extraordinarios se repartirán entre proyectos de exploración y desarrollo de gas natural (25%), compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria (20%), ayudas a las pymes (20%), urbanización de barrios marginales (15%) y becas Progresar para la finalización de estudios (20%).

El aporte permitirá “conseguir más vacunas para que el impacto de la llegada de esa segunda ola [de covid-19] sea lo menor posible”, anticipó el jefe del bloque de Diputados del FdT, Máximo Kirchner. Busca también reducir el agujero fiscal ampliado por los subsidios estatales para sostener el empleo formal durante la cuarentena obligatoria y ayudar a las familias con menores ingresos. La oposición, en cambio, advirtió que desalentará aún más la inversión en un país que está en el “top ten en el mundo en presión tributaria”, en palabras de Mario Negri, presidente del bloque de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Las críticas opositoras coinciden con las de grandes empresarios, que sostienen que también será un obstáculo para la creación de empleo e insinúan que puede generar una rebelión fiscal.

A lo largo de la maratónica sesión parlamentaria —que se prolongó durante 20 horas— oficialismo y oposición chocaron también por la ley del fuego, impulsada por Máximo Kirchner y con un amplio respaldo de las organizaciones medioambientales después de que las llamas hayan arrasado más de 300.000 hectáreas este año en el delta del Paraná, en el norte de Buenos Aires. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados prohíbe durante 30 años el desarrollo inmobiliario o actividades de cualquier tipo que sean distintas al uso que esos terrenos tenían en el momento del incendio. En el caso de bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales, el plazo de la prohibición se duplica.

Después de ocho meses de retraso por la emergencia sanitaria, el presidente argentino envió al Congreso el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, una de sus promesas de campaña. Fernández, el primer mandatario en ejercicio en Argentina en apoyar la legalización del aborto, remitió en paralelo el Programa de los 1.000 días, para fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.

“Estoy convencido de que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, dijo Fernández en un mensaje difundido a través de las redes sociales en el que luce una corbata verde, color del movimiento a favor del aborto legal. La criminalización vigente desde 1921, subrayó, no ha detenido los abortos, sino que ha empujado a miles de mujeres a realizarlos en la clandestinidad en condiciones inseguras: “Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esta causa”.

Si el martes se movilizó la militancia peronista frente al Congreso, este miércoles lo hace el feminismo para celebrar el envío de este proyecto y presionar desde las calles para su aprobación. En 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la iniciativa redactada por la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue aprobada por Diputados, pero rechazada después por el Senado, la cámara más conservadora. El oficialismo confía en superar esta vez todos los obstáculos.

Entre los principales proyectos que busca sacar adelante también el Gobierno en las próximas semanas está la reforma del Ministerio Público Fiscal y una nueva reforma del sistema de jubilaciones tras la que realizó el macrismo a finales de 2017. En 2021, con el horizonte de las elecciones legislativas de octubre, la agenda volverá a ralentizarse.