La UE reforzará la expulsión de inmigrantes irregulares

La UE desarrollará su política migratoria reforzando las capacidades de expulsión de inmigrantes para hacerse más “resiliente ante futuras crisis”, como la vivida desde 2015 en el Mediterráneo. Como primer paso, la Comisión Europea presentará un plan de acción para hacer efectivos los retornos de inmigrantes irregulares y su readmisión por los países de origen. Así lo han aprobado este viernes los 28 jefes de Estado y Gobierno de la UE, reunidos en La Valeta (Malta).

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La Declaración de Malta empieza proclamando el compromiso de la UE de actuar con “pleno respeto a los derechos humanos, la ley internacional y los valores europeos”, en colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM). La aclaración no es superflua en un momento en que varios gobiernos europeos han alzado la voz contra la pretensión del nuevo inquilino de la Casa Blanca de frenar la inmigración levantando un muro en su frontera con México o vetando la entrada a los originarios de siete países musulmanes.

Los europeos, sin embargo, no se salvan de las críticas, al fomentar la creación de campos de refugiados en Libia para retener a los inmigrantes que intentan saltar a Europa a través del Mediterráneo. “La UE está malinterpretando la situación sobre el terreno. Libia no es un lugar seguro y bloquear a la gente allí constituye una burla de los llamados valores fundamentales”, ha subrayado Médicos sin Fronteras. El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) ya había advertido de que “la vida o la muerte” de miles menores atrapados en Libia depende de las decisiones de los mandatarios europeos reunidos en Malta.

La UE quiere trasladar al Mediterráneo central el esquema que ha permitido reducir en un 98% la llegada de refugiados desde Turquía: ayuda financiera (hasta 6.000 millones de euros) a cambio de sellar sus fronteras. El aumento de la llegada de inmigrantes a las costas italianas (181.000 en 2016) y el récord de ahogados y desaparecidos (unos 4.500) obligan a intervenir con urgencia.

Pero si mantener el acuerdo con Ankara ya es complicado --el Gobierno de Ankara esgrime como espada de Damocles la amenaza de romperlo en cualquier momento--, aplicarlo a Trípoli parece una entelequia. El Gobierno de Fayez Serraj, aunque reconocido internacionalmente, solo controla una pequeña porción del territorio libio, que se disputan dos ejércitos.

Por eso, la UE proclama que “estabilizar Libia es ahora más importante que nunca” y se compromete a ayudar a sus autoridades a “adquirir el control de sus fronteras marítimas y terrestres y a combatir las actividades de contrabando”. Para ello reforzará su misión de instrucción y equipamiento de la guardia costera libia y fomentará el desarrollo de comunidades locales en las rutas de la inmigración. También buscará “asegurar capacidades y condiciones de recepción adecuadas para los inmigrantes en Libia”, en referencia a los campos de migrantes, y asistirá a la OIM en el “retorno voluntario de inmigrantes”. Aunque bajo la dependencia del Ministerio del Interior, son frecuentes las denuncias de robos, asesinatos o violaciones en los campos de retención en Libia.

La declaración no incluye nuevos compromisos económicos, sino que recapitula los ya conocidos: 31.000 millones en ayuda al desarrollo de África en el periodo 2014-20 y un fondo especial que debe movilizar 1.800 millones del presupuesto comunitario y 152 millones de los Estados miembros. Las cantidades a corto plazo son más modestas: 200 millones de la Comisión Europea para proyectos relacionados con la inmigración en Libia.

La declaración de los 28 vino precedida el jueves por la firma de un pacto bilateral, en términos muy similares, entre las autoridades italianas y el Gobierno de Serraj. Paradójicamente el pacto se basaba en el acuerdo suscrito por Silvio Berlusconi y el coronel Gadafi en 2009, dos años antes de que la OTAN precipitara la caída de su régimen, que dio paso a una etapa de caos que aún no se ha cerrado en Libia.