El Gobierno belga desafía a la justicia y niega el visado a una familia de Alepo

Casi 4.000 kilómetros separan Alepo de Bruselas, pero una sola familia siria ha bastado para abrir en Bélgica una rocambolesca crisis institucional que incluye el desafío del Gobierno a una decisión judicial, el plantón del presidente de una región al responsable de Inmigración, un intento de agresión a este con una zapatilla y un agente judicial amenazando con embargar los muebles de la oficina de asilo. La negativa del Gobierno belga a conceder visados para que un matrimonio viaje al país junto a sus dos hijos de cinco y ocho años sin recurrir a las mafias que trafican con refugiados ha despertado una amplia controversia que divide a jueces, Ejecutivo, partidos y ciudadanía.

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Los sirios ya disponen de un alojamiento en Namur, la capital valona, donde una familia ha aceptado acogerlos esgrimiendo su relación de amistad, pero la oficina de extranjería ha rechazado una y otra vez la solicitud de visado humanitario, lo que les aboca a seguir en Alepo en medio del asalto del régimen a la ciudad o emprender una larga huida por sus propios medios atravesando ilegalmente casi una decena de países, un camino en el que han perecido miles de sus compatriotas. La negativa a entregar los visados se ha mantenido pese a que la justicia dio hace un mes y medio la razón a la familia siria y obligó al Gobierno belga a pagar 4.000 euros diarios mientras no ejecute la sentencia.

El posterior recurso del Gobierno al tribunal de apelación también fracasó, pero el secretario de estado de Inmigración, el nacionalista flamenco Theo Francken, ha abanderado la negativa a acatar la resolución de la justicia alegando que no está entre las competencias de los jueces decidir a quién se otorga visado y alertando de que la medida sentaría un precedente que permitiría a cualquier sirio pedir el documento para instalarse en Bélgica. Su formación, la derechista N-VA, que mantiene un duro mensaje contra la inmigración e incluso coquetea con la extrema derecha independentista del Vlaams Belang para un futuro pacto, le ha respaldado lanzando una campaña de apoyo al político en redes sociales. "Los jueces deben dedicarse a aplicar la ley estrictamente y no a abrir nuestras fronteras", criticó Bart de Wever, presidente del partido. Según Médicos del Mundo, Bélgica concedió el año pasado 843 visados humanitarios entre las 38.990 peticiones que recibió.

La última idea del Gobierno para solucionar el problema, contactar con Líbano para que acepte acoger en su lugar a la familia siria, tampoco ha prosperado: los abogados de la familia se niegan a aceptar su marcha al país árabe, fronterizo con Siria, por las duras condiciones que soportan los más de un millón de refugiados sirios que viven en campos libaneses. Según los letrados, la casa donde vive la familia en Alepo ha sufrido el impacto de balas este domingo, pero pese a la amenaza de los bombardeos y combates, los abogados consideran que la propuesta de trasladarse a un país desbordado por la llegada de refugiados como Líbano carece de seriedad. No lo ve así el responsable de Inmigración: "Si me sintiera amenazado hasta el extremo, aceptaría la oportunidad de irme", ha justificado Francken en la cámara belga.

Según Médicos del Mundo, Bélgica concedió el año pasado 843 visados humanitarios entre las 38.990 peticiones que recibió

El desafío a la justicia ha provocado una airada reacción de los sindicatos y una parte de los ciudadanos. Este lunes recibieron al secretario de estado entre gritos de "fascista" y abucheos, con el equipo de seguridad protegiéndolo de un manifestante dispuesto a agredirle con una zapatilla a su llegada a Charleroi, donde se reunió con los liberales francófonos, el partido con el que comparte Gobierno. Durante su visita a la mayor ciudad de la región valona también estaba previsto que se viera con el alcalde de la ciudad y presidente de Valonia, Paul Magnette, que anuló el encuentro como muestra de su desacuerdo con Francken en el caso de la familia siria.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene el conflicto abierto con un recurso al Consejo de Estado para evitar entregar el visado, y otro ante la Corte de Casación para no pagar la multa a la que se enfrenta el Estado belga, que aumenta día a día. Este martes, un agente judicial acudió al despacho del titular de Inmigración para reclamar el pago de los primeros 20.000 euros de la multa, que deben abonarse en un plazo de 24 horas. En caso de no pagar en ese periodo, y si nuevos recursos no lo evitan, el asunto amenaza con derivar en una escena de tintes surrealistas: el agente judicial podrá embargar los muebles de la oficina del responsable de Inmigración para saldar la deuda.