Tras los acuerdos de paz, otra lucha para los indígenas

Colombia ha celebrado un referéndum tras la negociación con las FARC. Un proceso parecido al de Guatemala, hace 20 años. Sin embargo, las comunidades indígenas de los dos países se siguen enfrentando a retos considerables. Entre ellos, empoderar a su población, en especial las mujeres. Evitar la explotación del territorio por parte de las empresas. Y promover un modelo de desarrollo alternativo. A todo ello apuntan los activistas indígenas entrevistados para esta información, que han participado en un ciclo de conferencias organizado esta semana por la ONG alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, con el apoyo de la Agencia Catalana de la Cooperación al Desarrollo.

Los encuentros también han servido para poner sobre la mesa propuestas para el control de las multinacionales europeas que actúan en territorio latinoamericano, como la puesta en marcha de un centro de supervisión de la actividad estas empresas. Los activistas, entrevistados en Barcelona, también han colaborado en un ciclo de movilizaciones contra grandes proyectos energéticos en Cataluña.

Para los activistas entrevistados, la paz es un vaso medio vacío. O medio lleno, según se mire. En el caso de Colombia, “al movimiento indígena lo llamaron prácticamente en el último día para tratar el Capítulo étnico del tratado”, recuerda Aparicio Ríos, coordinador de la Central Cooperativa Indígena del Cauca. Ríos matiza que esto no impidió la movilización por el sí de las comunidades indígenas, ya que la violencia de las FARC se hizo sentir de forma especial en las regiones donde vive la población maya del país. “En el departamento del Cauca, el sí ganó por un 62% contra un 30% del no”, explica.

Guatemala superó otro conflicto armado en 1996. Ello supuso acabar con el acoso sistemático del ejército a las comunidades indígenas, que durante 30 años de guerra civil se llevaron la peor parte. El 83% de las 200.000 víctimas eran indígenas mayas, según el informe Guatemala: memoria del silencio, elaborado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico con el apoyo de la ONU.

Sin embargo, los acuerdos no han supuesto un cambio sustancial en las oportunidades vitales de los niños indígenas, y 8 de cada 10 niños indígenas padecen desnutrición crónica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni a las de las mujeres de las comunidades indígenas.

“El Estado se comprometió a avanzar en la aplicación de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer [de Naciones Unidas], pero no se ha hecho”, sostiene Leonicia Pocop, directora de la organización Cooperación Indígena por el Desarrollo Integral: “Tan solo se han aplicado medidas paliativas, como proporcionar bolsas de comestibles a las familias”. Se ha puesto en marcha una “defensoría de la población indígena”, pero “no se involucra a la mujer [en ella]”, explica Pocop, también secretaria general de la Mesa Departamental de Concertación y Seguimiento de los Acuerdos de Paz. Los embarazos de menores de edad siguen estando a la orden del día, aunque el año pasado el Gobierno elevara la edad legal del matrimonio hasta los 18 años.

Por otro lado, ya en el proceso de paz “hubo una implicación de la mujer”, que ha seguido creciendo. Al menos, a nivel institucional: “El nivel de participación de la mujer en los órganos de decisión llega al 10%”. Sobre todo en los “consejos de desarrollo comunitario, los entes que planifican las necesidades de las comunidades”, aunque en otros niveles de gobierno la representación sea mínima. Para ir más allá, Pocop reclama una formación que cambie desde el hogar los roles de género. Esta se debe basar en la participación de la familia —tanto de las mujeres como de los hombres— y debe conllevar un cambio en el papel de los dos géneros, y en los valores transmitidos a los niños, sostiene.

Los acuerdos de paz, asimismo, pueden traer un riesgo: la desmovilización de las organizaciones indígenas. Así lo cree Domingo Hernández, activista histórico de las luchas por los derechos maya. “Con la paz empieza a llegar dinero de proyectos de cooperación, y las organizaciones indígenas piensan a escala local, no de la comunidad [compitiendo para atraer fondos]”, sostiene quien fue miembro de organizaciones como el Ejército Guerrillero de los Pobres y el movimiento Octubre Revolucionario. Hernández cita el caso de otra organización, la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala: “Le inyectaron 16 millones de dólares anuales. Acabó habiendo corrupción”. Para evitar que esto suceda, el cofundador del Comité de Unidad Campesina recomienda que el funcionamiento de las organizaciones indígenas no dependa de la financiación externa.

Otro de los peligros que las comunidades indígenas afrontan es la ocupación del territorio por parte de “proyectos extractivistas” de empresas multinacionales en sectores como el minero, agrícola o hidroeléctrico, según Hernández: “Cuando la población local no quiere las escuelas que la empresas ofrecen en compensación, empiezan las persecuciones o el encarcelamiento de quienes protestan”. Este líder maya cita el caso de una empresa nicaragüense, que quiso poner en marcha una plantación de caña en la cuenca del Río Polochic: “Desde hace dos años, se está reprimiendo y expulsando a la población indígena”.

Sin embargo, movilizaciones como las consultas comunitarias indican que los movimientos indígenas pueden recuperar el músculo perdido. La empresa Ayssa contabiliza la realización de 114 de estas entre 2004 y 2014, de las cuales 46 se celebraron en 2013. El 88,59% tenían que ver con proyectos mineros. Estos referendos, realizados por las propias poblaciones, han ayudado a que la población cuente con la fuerza necesaria para oponerse a proyectos que la hubieran privado de sus medios de subsistencia. Es el caso del proyecto de la presa Xalalá que, con una potencia de 181 MW, hubiera sido la segunda instalación hidroeléctrica más grande de Guatemala: en 2007 y 2009 se celebraron dos consultas comunitarias, con un 90% de los votos apostando por el no. “A través del referéndum se ha conseguido movilizar entre 2.000 y 3.000 personas para detener el proyecto”, relata Hernández. Desde 2014, las organizaciones indígenas cuentan con una resolución judicial favorable, que sostiene que la instalación podría suponer un riesgo de violación de los derechos indígenas. Aunque la resolución no ha declarado la nulidad del proyecto.

Asimismo, la paz parece haber brindado, a la larga, la oportunidad de forjar alianzas entre la comunidad indígena, el 65% de la población del país, y algunos sectores de la población mestiza. La movilización contra los expresidentes de Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, el año pasado, reunió bajo un mismo paraguas a “organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, y de derechos humanos”, y a la entidad indígena Convergencia Maya Waq’ib’ Kej, explica Hernández.

¿Qué modelo de desarrollo buscan las comunidades indígenas? Hernández cree que las cooperativas permiten “valorar la economía comunitaria”, al tiempo que refuerzan el trabajo local y ayudan a optar por una agricultura orgánica. Las iniciativas que hay sobre la mesa pasan por fomentar el trueque entre miembros de la comunidad, “como una forma de intercambio horizontal”, la agricultura local y la venta directa del productor. Asimismo, las agrupaciones mayas también han experimentado “con turbinas de energía solar termal” en el departamento de Quiché. Estas atienden las necesidades de una treintena de comunidades cercanas, a un coste sensiblemente inferior al de la red convencional: “20 quetzales al mes, o sea, dos euros, contra 300 quetzales”.

En el caso de Colombia, organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca, del que Ríos es investigador, han optado por recuperar una agricultura que no sobreexplote la tierra, que permita al productor ganar mayores ingresos a través del comercio justo. Las acciones también incluyen la puesta en marcha “de un sistema de salud tradicional”, que valore la medicina local.