Alcaldes de mucho poder y manos libres
La legislación urbanística consagra un modelo de alcalde “fuerte” con plena potestad
El urbanismo es el gran agujero negro de la corrupción política española. Hay más de 600 municipios sujetos a investigación judicial y decenas de miles de viviendas ilegales, pese a que los Gobiernos han legalizado masivamente construcciones irregulares que, incluso, hunden sus cimientos en las playas.
"Los alcaldes caciques no quieren vernos ni en pintura. Prefieren disponer de personal contratado a dedo, mientras se practica el saqueo de lo público. Eso explica que en Murcia, por ejemplo, 32 de los 45 Ayuntamientos carezcan de interventor municipal", sostiene Fernando Urruticoechea, interventor municipal de Orihuela (Alicante). Nacido en Bilbao hace 61 años y con amplia experiencia profesional, Urruticoechea está convencido de que nuestro modelo urbanístico está diseñado para crear espacios de impunidad. “No hay controles de disciplina urbanística y de responsabilidad administrativa, que son la primera trinchera con que cuenta el Estado para proteger los intereses públicos. Los titulares de las competencias de urbanismo son los alcaldes y consejeros autonómicos, y ellos no van a expedientarse a sí mismos”, subraya.
"Los alcaldes caciques no quieren vernos ni en pintura. Prefieren disponer de personal contratado a dedo, mientras se practica el saqueo de lo público"
El urbanismo es el gran agujero negro de la corrupción política española, el panal que atrae a comisionistas y a organizaciones criminales de toda laya que se enriquecieron en los años de la “prodigiosa década” especulativa (1998-2008) a costa de corromper Ayuntamientos y cementar el litoral, y ahora esperan una nueva oportunidad. Hay más de 600 municipios sujetos a investigación judicial y decenas de miles de viviendas ilegales, pese a que los Gobiernos han legalizado masivamente construcciones irregulares que, incluso, hunden sus cimientos en las playas. La palabra demolición ha sido retirada del vocabulario urbanístico municipal y, en el mejor de los casos, sustituida por la multa. El 80% de la corrupción gira en torno a los planes municipales y a las recalificaciones que producen enriquecimientos instantáneos. Promotores, políticos y propietarios negocian, casi siempre en la sombra, la fórmula del “todos ganan”, que no siempre coincide con el interés general.
De acuerdo con el estudio realizado por la Fundación Alternativas, entre el 30% y el 40% del presupuesto de los Ayuntamientos procede de los ingresos de urbanismo. Las Administraciones locales dependen de esos dineros porque en el reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas quedaron relegadas y abocadas a la penuria financiera. La recalificación del suelo –su precio llegó multiplicarse por 20 en unos años– pareció la solución mágica mientras duró la fiebre del ladrillo, que desató la megalomanía de los alcaldes, el despilfarro, la corrupción.
En 1885, la Ley de Bases Régimen Local acentuó la autonomía municipal y suprimió los controles del Ejecutivo central
Nuestra legislación urbanística consagra un modelo de alcalde “fuerte” con plena potestad para conceder las licencias de obras y sancionar a los responsables de las construcciones ilegales. En 1995, la Ley de Bases Régimen Local acentuó la autonomía municipal y suprimió hasta tal punto los controles del Ejecutivo central que ahora las decisiones municipales no pueden ser anuladas con carácter preventivo por muy sospechosas de ilegalidad o arbitrariedad que sean. La vía judicial contencioso-administrativa, único recurso de que dispone el poder central y el autonómico para tratar de anular esas decisiones, se ha demostrado escasamente eficaz a causa de la lentitud de la justicia en unos años en los que las redes clientelares han alcanzado un alto grado de organización.
La integración en la Administración local de los funcionarios de habilitación nacional, secretarios e interventores municipales, privó a estos de independencia ya que son los alcaldes los que establecen sus salarios y condiciones laborales. Así, los teóricos controladores y supervisores han pasado a ser personal contratado y controlado. “Falla el control de los Ayuntamientos. Nuestros alcaldes tienen un poder desmedido. En sus municipios mandan más que el presidente del Gobierno. Es un error que los secretarios e interventores dependan de los alcaldes”, constata el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, quien se siente relativamente satisfecho de los avances logrados en los últimos tiempos: “De las 1.200 sentencias que se produjeron en 2014, más de 900 fueron condenatorias”.
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