Denunciado un vallado ilegal de Alberto Cortina en un parque nacional

El Ministerio de Medio Ambiente está investigando la construcción de un vallado para aislar un coto de caza propiedad del empresario Alberto Cortina en el Parque Nacional de Cabañeros, un refugio de grandes rapaces, cigüeñas negras y otras especies en peligro de extinción entre las provincias de Toledo y Ciudad Real.

El vallado, de dos metros de altura, se adentra al menos medio kilómetro en el parque nacional, "sin autorización", según confirma Medio Ambiente, y llega a cortar el arroyo Valleleor, según el biólogo Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, la ONG que ha destapado la infracción. Para la construcción de la valla, los operarios del coto de caza han desbrozado sin permiso la vegetación a lo largo de un pasillo de medio kilómetro dentro del parque nacional, en el término municipal de Hontanar (Toledo).

“Los servicios jurídicos del Organismo Autónomo Parques Nacionales [dependiente del Ministerio] han recibido la denuncia interpuesta por el agente medioambiental jefe del Parque Nacional de Cabañeros, con fecha 22 de octubre”, explica Sonia Sánchez, portavoz de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Los abogados estudian ahora la denuncia “para, si procede, iniciar el correspondiente expediente sancionador”, añade Sánchez.

Medio Ambiente estudia abrir un expediente sancionador

La finca, denominada Valleleor, está dedicada a las monterías de ciervos y jabalíes y es propiedad de Percacer, una empresa de Cortina, conocido junto a su primo Alberto Alcocer como Los Albertos. Ambos fueron condenados por el Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad en documento mercantil en el proceso de venta de la empresa propietaria de los terrenos donde se levantaron las Torres KIO, en Madrid. El Tribunal Constitucional anuló en 2008 la condena, al considerar prescritos los hechos, ocurridos en 1988.

Cortina ocupa el puesto 1.369 en la clasificación de las personas con más dinero del mundo de la revista Forbes, gracias a su 50% en la sociedad patrimonial Alcor Holding, con participaciones en el Grupo ENCE, productor de pasta de papel, y en la constructora ACS. El otro 50% es de su primo Alberto Alcocer, fortuna número 1.567 del mundo y propietario también de una finca de 4.000 hectáreas, 300 de ellas en el parque nacional.

El apoderado de Percacer, Pedro Villena, asegura tener conocimiento de la denuncia del Parque Nacional de Cabañeros, pero afirma que no entiende la causa. “No hemos pedido autorización para ese tramo porque hemos sustituido una alambrada vieja porque teníamos problemas con animales que salían a la carretera”, asevera. Fuentes jurídicas explican que, como mínimo, las obras se tenían que haber puesto en conocimiento de las autoridades.

Fuentes del parque nacional añaden que la Consejería de Agricultura del Gobierno de María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, autorizó efectivamente la construcción de un vallado en el coto de caza de Alberto Cortina, para evitar el paso de ciervos por la carretera vecina. Sin embargo, el tramo autorizado, de dos kilómetros, quedaba fuera del parque nacional.

El propio director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada, es cazador y llegó a acudir el 3 de enero de 2013 a una montería organizada por el empresario Alberto Alcocer en Cabañeros, en la que estaba autorizado cazar dentro del parque nacional, según destapó este diario.

Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en Cabañeros, de lo que están haciendo los grandes propietarios", opina un ecologista

“Esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el Parque Nacional de Cabañeros, de lo que están haciendo los grandes propietarios privados. Y esta situación está detrás del cambio de la Ley de Parques Nacionales que quiere el PP”, opina el portavoz de Ecologistas en Acción.

La actual Ley de Parques Nacionales permite la caza dentro de los espacios protegidos hasta el año 2017, pero el grupo popular en el Senado ha presentado una enmienda para prorrogar las monterías. En primera instancia, el PP propuso una perpetuación de facto de las cacerías. Tras la polémica, los conservadores han incorporado este martes en el Senado una nueva enmienda que prorroga la caza solo hasta 2020. La propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se ha mostrado partidaria de las cacerías reguladas y ha afirmado que “hay que proteger también la propiedad privada”, en declaraciones a la agencia Efe.

La enmienda que prorroga la caza hasta 2020 se debatirá en el Pleno del Senado el 12 de noviembre. Para Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, "el nuevo plazo para cazar es innecesario". A su juicio, "lo que sugieren los continuos aplazamientos es que en el futuro puede haber una nueva prórroga para las monterías". Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/Birdlife, la nueva enmienda es "mejor que la anterior, pero insuficiente". Las ONG ecologistas piden que se mantenga la fecha límite de 2017 y se indemnice a los propietarios que no puedan volver a cazar, como marca la ley.