Usurpar la democracia

Disculpen que vuelva a darles la lata con el lío de las supuestas aspiraciones independentistas de Cataluña: como catalán extremeño (o como extremeño catalán), el asunto me interesa mucho. Además, no soy yo quien da la lata, sino la realidad.

Que el asunto es un lío lo demuestra el lío que se ha hecho con él la izquierda catalana, y en particular el PSC, que al principio de esta legislatura nos dejó boquiabiertos asegurando que se abstendría en todas las votaciones relacionadas con el proceso soberanista iniciado por los nacionalistas, como si no fuera con él; luego, por fortuna, ha rectificado, pero la sensación de lío persiste (o aumenta). Es la misma que tenemos desde hace casi cuarenta años: atrapada en la falsa disyuntiva entre el nacionalismo catalán y el español, incapaz de crear un discurso que rechace ambos con la misma energía –puesto que izquierda y nacionalismo son incompatibles–, la izquierda catalana ha vivido casi siempre enredada en la tela de araña conceptual tejida por el nacionalismo catalán, jugando en campo ajeno y yendo por tanto de derrota en derrota hasta la previsible derrota final. ¿Dónde está el lío esta vez? En el llamado “derecho a decidir”, un concepto acuñado y propagado por los nacionalistas. Ahora bien, dirán ustedes, ¿cómo es posible que el derecho a decidir sea un lío? ¿No consiste precisamente la democracia en el derecho a decidir? ¿No vivimos en una democracia y no decidimos constantemente, en elecciones municipales, autonómicas y generales? Pues claro que sí; pero ahí está el problema: en que el derecho a decidir de los nacionalistas es, a la vez, un eufemismo y una estafa. Es un eufemismo porque intenta esconder o difuminar su más o menos reciente vocación independentista; y es una estafa porque, al identificar independencia y derecho a decidir, los nacionalistas se han apropiado de éste y, como ha escrito Pérez Royo, “quien se apropia del derecho a decidir se apropia de la democracia y expulsa fuera de la misma a quienes entran en debate con él”. La consecuencia de esto es que, por temor a ser expulsada de la democracia, la izquierda ha aceptado el derecho a decidir, cediendo al chantaje nacionalista. Pero hay más. Aunque la democracia consista en el derecho a decidir, no consiste en el derecho a decidir sobre lo que nos da la gana. Yo no tengo derecho a decidir si respeto un semáforo o no: tengo que respetarlo. Yo no tengo derecho a decidir si pago impuestos o no: tengo que pagarlos. En otras palabras: la democracia consiste en el derecho a decidir dentro de lo que la ley autoriza. Por supuesto, yo puedo cambiar la ley, pero tengo que hacerlo por los cauces marcados por la propia ley, porque, en democracia, la ley es la única garantía de libertad y justicia, la única posible defensa de los débiles frente a los poderosos. A juzgar por el borrador de propuesta soberanista, sin embargo, lo que pretenden los nacionalistas es saltarse por las buenas no ya la ley, sino la ley de leyes –la Constitución– sin tener la menor legitimidad para hacerlo. Cuando escribo estas líneas parece que el PSC empieza a intuir la estafa y va a oponerse a ella. Aleluya.

Se puede cambiar la ley, pero ha de hacerse por los cauces de la propia ley”

¿Significa esto que en ningún caso debe celebrarse en Cataluña un referéndum sobre la independencia? A mi juicio, no. En democracia, lo que no es ley es violencia, así que, si se demostrase de una forma inequívoca que una inequívoca mayoría de catalanes quiere la independencia, habría que encontrar el cauce legal que permitiese realizar la consulta; no digo que esto no entrañase riesgos, pero muchos más entrañaría obligar a una mayoría de catalanes a hacer algo que no quiere hacer. ¿Existe ya esa mayoría? Dejémonos de eufemismos: ¿cuántos catalanes están a favor de la independencia? En las últimas elecciones, los partidos inequívocamente independentistas (ERC más CUP) sumaron 24 diputados de 135: un 17%. Seamos generosos y sumémosles la mitad de los diputados de CiU –ya es ser generoso, porque CiU jamás se ha declarado independentista–: 49 diputados, un 36%. Es decir: una apreciable minoría, pero una minoría. Cuando esa minoría se convierta en mayoría –si es que lo hace–, habrá que hablar. Mientras tanto, la primera obligación de cualquiera que cree en la democracia es impedir que nadie trate de usurparla.

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