Negocio alegal, anuncio ilegal

La prostitución en España es una actividad alegal, no está regulada ni prohibida, a pesar de que el Gobierno se manifiesta abolicionista al respecto, desde el convencimiento de que detrás de las miles de mujeres que se prostituyen están las mafias de la trata. El Consejo de Estado, en su informe sobre los anuncios de contactos en la prensa, ha proporcionado al Gobierno un nuevo argumento para prohibir esta publicidad, toda vez, dicen, que la autorregulación se ha manifestado insuficiente. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad recoge el guante y anuncia que "establecerá un calendario" para vetar esta publicidad aunque aspira a que sea "con el máximo consenso posible tanto de los grupos parlamentarios como de los propios medios de comunicación".

El Ejecutivo quiere establecer un calendario para vetar los clasificados

Los editores de diarios se sienten discriminados sobre otros medios

"Los anuncios buscarán otros canales para llegar al público"

La ley protege la dignidad de la persona, la igualdad y no discriminación

El Consejo de Estado, el Gobierno y las organizaciones feministas esgrimen el trato vejatorio y degradante que supone para la mujer el comercio de su cuerpo. "Se las exhibe y oferta como mera carne. Un periódico serio no puede reivindicar la igualdad y a la vez consagrar la desigualdad. Son ingresos sustanciosos y los medios no quieren renunciar a ellos", dice Charo Carracedo, portavoz de la Plataforma por la Abolición de la Prostitución. En la misma línea se pronuncia Ángela Cerrillo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis: "Esta actividad supone un trato degradante e inhumano y anunciarla en los medios da cobertura al terrible problema de la trata y encubre un negocio que afecta a intereses poderosos".

Bien distinta es la opinión de los editores de diarios, que rechazan de plano el informe del Consejo de Estado y se muestran "indignados" porque este organismo no ha atendido sus propuestas. Recuerdan que establecieron un código de autorregulación para eliminar de sus páginas las fotografías y textos explícitos en los anuncios de contactos que pudieran herir la sensibilidad de los lectores. Los periódicos se comprometían a evitar el empleo de mensajes que atentaran contra la dignidad de la persona, el maltrato, la explotación sexual o las situaciones vejatorias o delictivas. Pero estos objetivos no se han conseguido por completo.

Los editores opinan que la publicación de estos anuncios es legal y forma parte de la libertad de prensa que ampara la Constitución. "Si los poderes públicos consideran que la prostitución es una actividad delictiva o perjudicial para la salud, cabría exigirles que prohíban el ejercicio de la misma". Si no está prohibida ¿por qué ha de vetarse su publicidad?, se preguntan en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE).

"Quizá sería razonable empezar por prohibir la prostitución", contesta Ángela Cerrillo, "pero no creo que sea fácil". Sobre lo mismo, Charo Carracedo afirma: "En la política todo necesita primero un proceso pedagógico, para que la sociedad entienda y se vaya deslegitimando esta tolerancia social. Por eso ayudaría la eliminación de estos anuncios en la prensa", dice.

Los editores, que ya ha padecido severas restricciones con la publicidad del alcohol, el tabaco y el juego, reclaman su derecho a decidir qué contenidos publicitarios "sobre actividades lícitas" incluyen en sus páginas, y aseguran que cualquier tipo de censura previa vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas. Creen que echarían por tierra el artículo 20 de la Constitución y supondría una discriminación de la prensa escrita respecto a otros medios de comunicación.

Efectivamente, el informe del Consejo de Estado esgrime la necesidad de suprimir estos anuncios en la prensa escrita y plantea una regulación más tibia para Internet. Daniel Solana, director creativo y fundador de la agencia DoubleYou, considera "extraño" que se carguen las tintas sobre la prensa: "Los periódicos son una pequeña parte de la exposición pública de las marcas o las actividades profesionales. Limitar la prohibición a la prensa es ver el mundo desde una óptica equivocada. Internet diluye los contenidos y los hace fluir", asegura. Por eso considera que, técnicamente, no tiene mucho sentido, porque esta publicidad "buscará otros canales mucho más directos para llegar al público".

El Consejo de Estado explica este empeño en la prensa porque considera que es un medio de más fácil acceso para los menores: "Puede llegar a favorecer su práctica [la prostitución] a una edad temprana" y "puede incitar a su ejercicio por parte de las menores". Pero vetar estos anuncios en la prensa y no en Internet no parece una solución completa: Solana sostiene que la Red permite que los anuncios puedan llegar a segmentos de población más amplios y sensibles, como el de los menores. "Internet es un soporte universal y masivo, en el que nadie tiene la posibilidad de limitar nada. Hay, eso sí, medidas que facilitan el filtraje de contenidos, pero es muy difícil prohibir la autopromoción de servicios profesionales, sean de abogados, agentes inmobiliarios o prostitutas", añade.

El Gobierno aboga por una "regulación específica" al respecto, sin embargo, ya hay leyes que protegen la dignidad de la mujer. En el terreno de la publicidad es cada vez menos frecuente encontrar ejemplos que la socaven. Autocontrol, la asociación integrada por anunciantes, agencias y medios de comunicación para su autorregulación, vela por una publicidad leal y verídica, y recibió el año pasado cuatro reclamaciones sobre el tratamiento de la imagen de la mujer. De los 6.336 anuncios revisados antes de su emisión, Autocontrol realizó observaciones en apenas 30 casos (un 37% menos que el año anterior). De las cuatro reclamaciones sobre la mujer, el Jurado de la Publicidad estimó dos: una contra la marca de moda Polo & Co y otra contra la web de apuestas Bet-at-home. El jurado concluyó que utilizan el cuerpo de la mujer "de manera claramente instrumental", como "mero objeto".

Sin embargo, este organismo no tiene bajo sus competencias los contenidos de los anuncios de contacto, mucho más vejatorios para la mujer en buena parte de los casos. La legislación española no los regula expresamente, pero protege la dignidad de la persona, la igualdad y no discriminación, el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Según la Ley General de Publicidad, son ilegales los anuncios que presentan a la mujer de manera vejatoria o utilizando su cuerpo como mero objeto desvinculado del producto que se promociona. La ley de Igualdad (de 2007) considera ilícita la publicidad que comporte una conducta discriminatoria y la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) prohíbe emitir en televisión anuncios que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores entre las seis de la mañana y las diez de la noche. Además, no permite emitir espacios de pornografía en abierto. Por último, la ley de Servicios de la Sociedad de la Información (2002) restringe la difusión de contenidos que puedan ser nocivos para la infancia y la juventud.

A la vista de toda esta normativa, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) considera que los anuncios de contactos pueden quedar al amparo de estas leyes. Según esta asociación, la regulación podría afectar al contenido de los anuncios, el formato o la presentación. Por ejemplo, prohibiendo la ilustración gráfica (fotografías, dibujos), el uso de determinadas expresiones o argumentos, estableciendo una restricción de tamaño y formato, restringiendo su ubicación en los soportes o páginas (nunca en la portada o en las secciones generales). La AUC se muestra partidaria de un modelo de corregulación, como los servicios telefónicos de tarificación adicional: un marco legal regulatorio, un código deontológico complementario y una aplicación ad causem del mismo en una comisión tripartita en la que participen editores, organizaciones sociales y Administración.

También los medios de comunicación tienen sus propios códigos deontológicos sobre la publicidad. No suelen admitir anuncios cuando tienen indicios de que detrás de ellos hay una actividad delictiva o fraudulenta. Quizá esa es la razón por la cual la policía, cuando desmantela una red de tráfico de personasen, incluye en sus informes los anuncios sobre ella que en su día aparecieron en los medios de comunicación, cuando los hubiere. Pero no todo el mundo considera que la prostitución está sujeta a las mafias. Cristina Garaizábal, portavoz de Hetaira, colectivo que lucha por la regulación de los derechos de las prostitutas, considera que el informe del Consejo de Estado es "vago y abstracto" y que, en caso de prohibirse o limitarse la publicidad de la prostitución, sería una medida "fácil y gratuita para el Gobierno, pero ineficaz, porque las mafias no están mayoritariamente tras los anuncios de prostitución". "Si tanto les preocupa el tema de las mafias, que se fijen en los anuncios de ropa o zapatos; está demostrado que muchos de estos productos están hechos por niños en régimen de esclavitud en el sudeste asiático". Para Hetaria, eliminar estos anuncios "acabará empeorando las condiciones en las que viven y trabajan estas mujeres".