Las maniobras para reestructurar la justicia, origen de una crisis que ha puesto en jaque al Gobierno
A lo largo de la última década, Ecuador ha contado con cinco presidentes. Dos de ellos -Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad- fueron derrocados por presión popular, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del entonces coronel en servicio activo Lucio Gutiérrez, hoy presidente en apuros.
Con estos antecedentes no resulta descartable que la crisis política actual del país suramericano pueda desembocar en la salida del actual mandatario, Lucio Gutiérrez, si no logra frenar las marchas ciudadanas, despolitizar el poder judicial y reorientar el manejo de su gestión, según los analistas.
Desde que asumió el poder, el 15 de enero de 2003, elegido democráticamente para un periodo de cuatro años, Gutiérrez se ha visto envuelto en varias crisis propiciadas a menudo por su mayor opositor, el ex presidente León Febres Cordero. Sus constante rectificación de decisiones ha contribuido a su pésima valoración en las encuestas: sólo el 7% le otorga credibilidad.
El apoyo de diputados que abandonaron otros partidos permitieron a Gutiérrez conformar una frágil mayoría en el Congreso. Con su ayuda cambió hace pocos meses los tribunales electoral y constitucional. Destituyó a los jueces para reestructurar la Corte Suprema de Justicia y nombró a magistrados afines. Los diputados opositores consideraron que la medida era inconstitucional y representaba una interferencia del Gobierno en el poder judicial.
El conflicto se agudizó cuando los recién elegidos magistrados, encabezados por el presidente de la Corte, Guillermo Castro, anularon los juicios a los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram y al ex vicepresidente Alberto Dahik, quienes volvieron al país. Y es precisamente a Castro, amigo de Gutiérrez y de Bucaram, a quien hoy el presidente se propone destituir para tratar de salvar su mandato y calmar las protestas.
Cuando se efectuó la reorganización de la Corte, Gutiérrez había aclarado que se trataba de un paso temporal. Un proyecto de reforma de la ley orgánica de la Función Judicial fue elaborado por el Ejecutivo y entregado hace más de un mes al Congreso, pero aún no ha sido aprobado por discrepancias entre los grupos parlamentarios.
El Presidente está ahora arrinconado. Los partidos que lo apoyan se oponen a la salida de los jueces. Pero sus asesores saben que difícilmente podrá contener la presión popular sin estos cambios. Las protestas crecieron y Gutiérrez decretó el viernes el estado de emergencia, pero la presión le forzó a rectificar 19 horas después. Pero la presión continúa y su futuro al frente del país se presenta cada vez más incierto.
