En la muerte de Ondó
La muerte en prisión de Juan Ondó, uno de los opositores condenados por el régimen de Obiang Nguema en el reciente y esperpéntico macrojuicio celebrado en el cine Marfil de Malabo, vuelve a poner en entredicho un género de política hacia África, común en la Europa poscolonial, y de la que el Gobierno de José María Aznar se ha convertido en un anacrónico representante a la hora de gestionar las relaciones con Guinea. Se trata de la búsqueda de una suerte de legitimidad negativa para justificar la condescendencia con los dictadores africanos, cuando no el más descarado apoyo a sus desmanes y atropellos. En virtud de aquella legitimidad negativa, hoy ya casi olvidada, no se juzgaba a los gobiernos y líderes del continente por lo que efectivamente hacían, sino por lo que podían haber hecho, y de este modo resultaba que, por ejemplo, Laurent Kabila merecía ser considerado como una esperanza para el Congo por la sola razón de que sus fuerzas no mataron a tantos opositores como se esperaba que matasen en el momento de su entrada en Kinshasa.
Desde su llegada al poder a través de un golpe de Estado contra su tío Macías, cuya demencia asesina diezmó literalmente a la población guineana, Obiang Nguema es uno de los dictadores africanos que mejor han utilizado a su favor el mecanismo de la legitimidad negativa. La permanente alusión en sus discursos al régimen de sangre y de terror que precedió al suyo, inaugurado por lo que Obiang mismo denomina el 'golpe de libertad', no ha tenido nunca otro sentido que el de recordar dentro y fuera del país lo mucho, lo muchísimo que puede hacer un dictador en Guinea, contraponiendo acto seguido lo poco con lo que él mismo se conforma. Apenas una nimiedad, comparado con los treinta mil guineanos asesinados por su tío: detener y torturar a los miembros de la oposición cada vez que se le antoja, prohibir cualquier publicación o emisión de radio que no cante sus alabanzas, saquear las rentas del Estado, repartir prebendas con el solo propósito de reforzar su sistema clientelar, en el que una indigna corte de personajes humillados pero más o menos enriquecidos lo sostienen en la cima de la pirámide.
Para asombro de quienes conocen la realidad guineana, el Gobierno de José María Aznar no sólo ha recuperado, sino que ha llevado hasta extremos inaceptables la política de legitimidad negativa en el caso del macrojuicio del cine Marfil, que acaba de cobrarse la primera víctima mortal. Cuando el régimen guineano empezó a preparar esta última farsa, el Gobierno de José María Aznar recomendó calma porque, fiel al principio de juzgar a los dictadores africanos por lo que pueden hacer y no por lo que hacen, era la primera vez que Obiang no implicaba a España en un supuesto golpe de Estado. A continuación, y consumado el esperpento judicial, el Gobierno de José María Aznar destacó, no la radical injusticia de unas condenas sin fundamento y basadas en declaraciones arrancadas bajo tortura, sino el hecho de que el tribunal no hubiese dictado penas de muerte. Tan sólo unas semanas más tarde, y fallecido Juan Ondó como consecuencia de las terribles condiciones de detención en las que se encuentran los condenados, el Gobierno de José María Aznar se limita a reclamar por boca de su ministro portavoz una 'investigación interna' para aclarar las causas de esta muerte, utilizando un discurso de moderación para con el régimen de Obiang que para sí quisieran los sindicatos o la propia oposición política en España.
Por supuesto que es un descorazonador avance -aunque sin duda un avance- que en Guinea se haya pasado del asesinato masivo practicado por Macías a la tortura masiva de Obiang, y de las farsas judiciales que concluían en ejecuciones sumarias, a las farsas judiciales que acarrean penas de prisión en una de las más atroces cárceles de África. Pero lo que bajo ningún concepto puede hacer el Gobierno de José María Aznar es admitir que estos cambios sirvan para reforzar la legitimación negativa de Obiang; que sirvan para ocultar que en Guinea Ecuatorial se ha escenificado una burla a la justicia y, además, sobre la base de un delito que tiene muchas probabilidades de ser una invención; que sirvan para convertir en aceptable que en Guinea se torture y se robe y que se deje a los presos morir de inanición porque el mismo régimen que los encarcela no sólo es incapaz de destinar una ínfima parte de su abultada renta petrolera a alimentarlos, sino que se obstina en el escarnio de prohibir a los familiares que lo hagan.
En la cárcel de Black Beach, en los alrededores de Malabo, siguen detenidos hoy decenas de opositores al régimen de Obiang, condenados en un macrojuicio sin garantías celebrado en el cine Marfil. Entre estos detenidos se encuentran muchos de los mejores hombres de Guinea, líderes políticos que, pese al insoportable sufrimiento personal que les ha infligido y aún les inflige el régimen, nunca han abdicado de sus convicciones democráticas ni de su determinación a favor de una transición pacífica en su país. Esos hombres se merecen por parte de España, en donde se educaron y conservan amigos que comprenden y comparten su causa y su dolor de este momento, mucho más que la simple 'investigación interna' para esclarecer la muerte de uno de los suyos, tímidamente exigida por el Gobierno de José María Aznar.
