Ruiz-Gallardon se enfrenta a Esperanza Aguirre por el control del Teatro Real

El control de la Fundación Teatro Lírico, que gestiona el Teatro Real y está participada por el Ministerio de Educación y Cultura (72,5%) y la Comunidad de Madrid (27,5%), ha desatado una dura batalla legal entre Alberto Ruiz-Gallardón y la ministra Esperanza Aguirre. La Administración au4pnómica ha planteado un conflicto previo de inconstitucionalidad ante el Gobierno para hacerse con el Protectorado de la Fundación Teatro Lírico, que hora controla el Ministerio de Educación Cultura y del que su titular, Esperanza Aguirre, se niega a desprenderse.

El conflicto arrancó hace unas semanas, cuando Ruiz-Gallardón reclamó la competencia so bre el Protectorado de la Fundación Teatro Lírico. La petición no es gratuita pues la institución que controle el Protectorado de la Fundación Teatro Lírico tendrá un poder especial: podrá intervenir examinando las cuentas, autorizando o denegando las ventas de bienes especialmente importantes; y ejerciendo una "acción de responsabilidad" sobre el patronato (principal órgano de gobierno de la fundación), "si no cumple con sus obligaciones"', según explicaron los gestores madrileños. Fuentes del Ministerio de Cultura llegaron más lejos: "El Protectorado puede incidir en aspectos estatutarios y hasta en la programación del Real". El Gobierno de Ruiz-Gallardón recibió el 27 de enero pasado una, negativa tajante del ministerio a su solicitud. El presidente madrileño no se dio por vencido. El pasado 20 de febrero aprobó un acuerdo para requerir al Gobierno la anulación de la "resolución perturbadora" que ha firmado el secretario general técnico del Ministerio de Educación y Cultura y traspasar el Protectorado a la Comunidad.

El ejecutivo regional considera que la decisión del equipo de Esperanza Aguirre "vulnera la Constitución al no respetar el orden de competencias" establecido en la carta magna, que, según Ruiz-Gallardón, concede a las autonomías el protectorado de las fundaciones cuya activídad principal se desarrolle dentro de sus límites territoriales.Interpretación errónea

El Gobierno madrileño califica de "errónea" la interpretación utilizada por el ministerio para quedarse con el Protectorado de la fundación. Cultura defiende por su parte que las actividades de esta fundación sé desarrollarán en toda España y por tanto compete a la administración central las funciones de protectorado. Pero la Comunidad recuerda que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1983 dio la razón al Gobierno del País Vasco en un litigio similar. La Administración madrileña manifiesta en su recurso: "Las palabras de los estatutos del Teatro Lírico no permiten acudir a excéntricas interpretaciones: 'La fundación desarrolla sus actividades principalmente en sus propias sedes, Teatro Real y Teatro de la Zarzuela, sitos en la Comunidad de Madrid".

Los gestores regionales descalifican en su recurso el argumento utilizado por Cultura: "El ministerio entiende que la fundación tiene ámbito nacional porque sus actividades están dirigidas a todos los ciudadanos españoles. La consecuencia a la que llega es, cuando menos, absurda, pues implica, sin base legal alguna, que la Comunidad únicamente tendría competencia respecto de esta fundación en el caso de que sólo sus ciudadanos pudieran entrar en las representaciones del Teatro Real".Sorprendidos por el conflicto

Los dirigentes del ministerio se han tomado muy mal el recurso planteado por Ruiz-Gallardón: "Nos sorprende la falta de predisposición al diálogo de la Comunidad. Se podía haber hablado antes de ir a la vía jurídico-administrativa, pero han preferido directamente el conflicto", señalaron fuentes del ministerio.

Cultura defiende su territorio: "El Teatro Real no es una fundación, cualquiera. Por su historia, por su nivel de gasto, sostenido principalmente con el presupuesto del Estado, y como cabecera de la política musical del Gobierno de la nación, debe estar en manos de la, Administración central".

Desde Cultura se plantean dudas sobre las maniobras de Ruiz-Gallardón: "Parece descabellado pensar que cuando el Ministerio de Cultura, a cuyo frente estaba la socialista Carmen Alborch, pactó con la Comunidad, entonces ya presidida por Ruiz-Gallardón, que el Teatro Real debía regirse a través de una fundación, realmente estaba pactando que el mi nisterio perdiera el control del Teatro Real. Aquel acuerdo se firmó cuando se sabía que el PP iba a ganar las elecciones. No se entiende, salvo que se hicieran cálculos maquiavélicos y se pensara que Ruiz-Gallardón reclamaría las competencias so bre la fundación unos meses después. Si hubiese sido así se ría una estafa política a los electores y a los contribuyentes".Los dirigentes del PP en la Comunidad prefirieron no opinar sobre estos comentarios. Están convencidos de que sus argumentos jurídicos son incuestionables y conseguirán la rectificación del ministerio.