La Junta no acepta una supuesta orden ministerial
La Junta de Andalucía no ha aceptado la supuesta orden ministerial sobre reconocimiento de los toros -como pretende la confederación de taurinos (CAPT)- porque no existe (véase EL PAÍS de ayer). Se trata de un borrador y no ha sido publicada en el BOE.
Justicia e Interior remitió a las autonomías el mencionado borrador para informe y el Gobierno andaluz lo devolvió sin objeciones. Esto es lo que Manuel Chaves, presidente de la Junta, comunicó a la CAPT en reunión celebrada el viernes y no que se fuera a aplicar en Andalucía -como estos afirmaban en nota de prensa-, pues carece de validez. Sí les dijo, en cambio, que se aplicará en toda su integridad el reglamento, sin menoscabo de la disposición de la Junta a mantener un diálogo permanente a cualquier nivel con las partes interesadas.Los miembros de la CAPT aseguraron en la reunión que el borrador se aplicaba ya en las restantes comunidades autónomas. Un cargo de la Junta telefoneó a la Comunidad valenciana para confirmarlo y le comunicaron que no era cierto: "No solo no lo aplicamos", añadieron, "sino que hemos informado a Interior que rechazamos el borrador en todos sus términos pues contradice al reglamento. Además hemos abierto 11 expedientes de sanción por presunta manipulación de reses lidiadas en las Fallas, en cumpliendo de lo reglamentado".
Parecen ignorar los taurinos y sus portavoces que el reglamento es un decreto y que una orden ministerial tiene rango inferior, por lo que no puede contradecir lo que estipula el decreto. Parecen ignorar que ningún borrador o proyecto de disposición adquiere vigencia hasta su publicación en el BOE y previamente se somete a informes que lo pueden considerar inviable. Funcionarios de la Junta comentaron a EL PAÍS que quizá esa orden ministerial no sea aprobada nunca, precisamente por contradecir al decreto que aprobó el reglamento.
Si, como afirma la CAPT, hay comunidades que aplican el borrador de orden ministerial como si estuviera vigente, infringirían el ordenamiento jurídico -quizá con comisión de delito- y sería necesaria la intervención del Consejo de Estado.
