La prensa del ex Movimiento

El acuerdo recientemente adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Cultura, de remitir a las Cortes un proyecto de ley relativo a los periódicos adscritos a los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) -antigua cadena de Prensa del Movimiento- instrumenta la buena voluntad del Gobierno en torno a que, sin más demoras, se dé una solución a tan complejo y delicado problema, heredado del anterior régimen.Estando en la mente de todos que tal solución ha de ser justa y definitiva, entendemos que para alcanzar dicha meta el futuro texto legal deberá contemplar las varias cuestiones concurrentes en el asunto y resolverlas de forma adecuada. Al parecer, no; este proyecto de ley no lo hace así, ya que en ninguna de las numerosas noticias informativas publicadas durante estos últimos días, se refleja que el proyecto aluda tan siquiera y, en su consecuencia, penetre en la primera y principal cuestión a solventar, de la que generaron las demás: la expoliación sufrida.

Como es sabido, la Prensa del Movimiento fue fundada gracias a las incautaciones de las máquinas y demás material de talleres de imprenta o editoriales pertenecientes a empresas o entidades contrarias al Movimiento Nacional, que pasaron al patrimonio de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS por la ley de 13 de julio de 1940.

Aunque condicionados por las circunstancias políticas de aquel entonces, la gran mayoría de los perjudicados no admitieron ni consintieron las expoliaciones operadas, y tal vez la oposición más tenaz fue la desarrollada por Sociedad Editora Universal, SA, propietaria de los periódicos Heraldo de Madrid y El Liberal, de Madrid; El Liberal, de Sevilla; El Liberal, de Murcia, y El Defensor, de Granada, que ya el 28 de enero de 1947 tuvo el valor, rayano en la temeridad, de formular a FET y de las JONS un requerimiento notarial exigiéndole la devolución de sus bienes, reproduciendo luego y en diversas fechas su reclamación ante los sucesivos delegados nacionales de Prensa del Movimiento, ministerios de Información y Turismo, de Hacienda y Secretaría General del Movimiento, promoviendo, más tarde, dos recursos contencioso-administrativo y ejercitando el derecho de petición ante el primero de dichos ministerios.

Conocemos, de ciencia propia, los dos motivos por los cuales dicha compañía y, seguramente, otros perjudicados mantuvieron su actitud. oposicionista: dar valor testimonial frente al atropello político cometido y confiar en que una vez se restaurara la democracia en España el historial de sus periódicos, nuevamente al servicio de los ciudadanos, constituiría un poderoso elemento para consolidarla. La actual Administración conoce perfectamente esta primera y, a todas luces, muy lamentable faceta del problema de los MCSE.

Al margen de la información que haya podido aquella obtener a través de otras fuentes lo cierto es que desde el mes de abril de 1977, en el que se promulgaron las primeras normas legales sobre la cadena de Prensa del Movimiento, Sociedad Editora Universal, SA, con tenacidad digna de mejor resultado, ha venido reproduciendo ante la Presidencia del Gobierno, la subcomisión parlamentaria en su día nombrada y los sucesivos ministros de Cultura y secretarios de Estado para la Información sus anteriores reclamaciones sobre devolución de los bienes que le fueron incautados o de sus equivalentes, brindó la modesta colaboración personal de sus elementos directivos y hasta con una visión pragmática de las cosas sugirió una simplísima solución.

Clasificación de bienes

Los bienes disfrutados por el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado. deben de ser clasificados en dos grupos. El primero, constituido Por los, en su día, requisados o incautados y, en su lugar por defecto o deterioro, por sus hoy equivalentes, que han de ser devueltos a sus legítimos propietarios sin cargas de ninguna clase; y el segundo integrado por los restantes bienes, los que- exclusivamente - tienen que ser objeto del proceso liquidatorio que se acordare.

Deseamos, ante todo, que en el referido proyecto de ley no se haya incurrido en la omisión que, con la reserva apuntada de basarnos solamente en las noticias informativas, aquí destacamos, y si por razones que no se nos alcanzan tal omisión se hubiere producido, rogamos a quien corresponda que sea debida y justamente subsanada antes de su remisión a las Cortes.

Rogamos. también, y porrazones de justicia y hermandad, el apoyo de los medios informativos, de las asociaciones de la Prensa y de todos los periodistas sin excepción en esta nuestra labor de lograr la reparación; aunque sólo sea en una pequeñísima parte, de los daños y perjuicios causados por unas arbitrarias expoliaciones periodísticas -en las que no se tuvo la preocupación de salvaguardar los derechos de los periodistas y trabajadores, quienes resultaron sus principales víctimas- y las que se siguen manteniendo incomprensiblemente en pleno período de consolidación democrática.

Deseamos, así bien, que durante la tramitación del proyecto de ley en las Cortes se produzca un eficaz consenso, natural y lógico, puesto que no puede existir ningún partido con representación parlamentaria que no anhele una pronta, justa y definitiva solución para los Medios de Comunicación Social del Estado.

Y, finalmente, rogamos que, en todo momento, este tan desgraciado asunto sea enjuiciado con sinceridad y rectitud. Olvidar la expoliación decretada por el antiguo régimen, causa del embrollo en el que nos hallamos inmersos, podría desembocar en la increíble paradoja de que unas Cortes democráticas ratificasen las incautaciones con las que, hace más de cuarenta años, fueron sancionadas unas entidades y empresas periodísticas precisamente por el pecado de ser demócratas.