Calatrava será juzgado el 13 de noviembre por su puente de Venecia

Las obras maestras de la arquitectura buscan dejar un legado eterno, una muestra del talento del artista para las generaciones venideras. Lo que deja en cambio a los italianos del futuro el puente de la Constitución que Santiago Calatrava inauguró en Venecia en 2008 es “un daño duradero”. Así lo aseguraba el Tribunal de Cuentas del Véneto –la región de Venecia- en la citación con la que pedía en marzo al arquitecto español 3,886 millones de euros. Tras dos intentos fallidos, el documento por fin acaba de llegar a las manos de Calatrava, según el diario La Nuova Venezia. Así que el juicio podrá arrancar regularmente el próximo 13 de noviembre y Calatrava ha nombrado como abogados defensores a dos letrados italianos: Marco D’Alberti e Pierluigi Piselli.

“La realización del cuarto puente sobre el Canal Grande ha conllevado un objetivo y desconsiderado aumento de los costes respecto a lo previsto, y además conllevará en el futuro un desembolso económico constante y desproporcionado por parte de la administración, ya que la obra sufre una patología crónica, caracterizada por la necesidad de una monitorización constante y del recurso continuo a intervenciones que no se pueden reconducir a la manutención ordinaria”, agrega el escrito del procurador del Tribunal de Cuentas del Véneto, Carmine Scarano.

Por ello, por un presupuesto que se disparó hasta superar los 11 millones de euros, por los retrasos respecto a la inauguración prevista para 2004 y por “errores macroscópicos en el proyecto”, Scarano sostiene que el arquitecto y los otros tres responsables de la obra (los exdirectores de trabajos públicos Roberto Scibilia, Salvatore Vento y Roberto Casarin) deben devolver al erario público italiano 3,8 millones de euros. En concreto, el procurador cuantifica en 2, 264 millones los daños por el aumento de los costes debido “a errores u omisiones”.

Para su citación, Scarano se apoya en dos pericias realizadas por la procura de la República italiana y por el Tribunal Civil, una relación de la Agencia de vigilancia sobre las adjudicaciones públicas, una relación encargada por la Procura contable y otra del Ayuntamiento de Venecia.

Poco antes de la inauguración de la obra, en 2008, Calatrava defendió la estructura y recordó su currículum de "arquitecto e ingeniero" con "más de cuarenta puentes construidos", "doce estaciones de trenes" y "el noventa por ciento" de su trabajo dedicado a obra pública durante "veintisiete años de profesión". El arquitecto también esquivó muchas de las críticas al asegurar que "tras entregar el proyecto", él se convirtió en "un simple asesor artístico".

Sea como fuere, los retrasos y los excesos respecto al presupuesto inicial han caracterizado varias de las obras de Santiago Calatrava. Por citar algunos de los ejemplos más recientes, el Palau de les Arts de Valencia acabó superando con creces los 100 millones de euros previstos al principio y alcanzó un coste final de 478 millones. Varios expertos advirtieron además en enero, a siete años de la inauguración de la obra, de que el deterioro del material acabará en desprendimientos del trencadís que recubre la fachada si no se subsana. El pasado 7 de junio Calatrava fue condenado a pagar 3.272.659,46 euros a los gestores del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, por los fallos del edificio. Y unos meses antes, en abril, Bodegas Domecq, titular de la bodega Ysios, ideada por el arquitecto al norte de Laguardia, en Álava, demandó a Calatrava pidiéndole dos millones por los problemas de estanquidad de la estructura.