Los ministros no gobiernan, los ministros bloquean

Hace un par de años, la ex ingeniera de datos de Facebook Frances Haugen publicó La verdad sobre Facebook, una reveladora disección de los mecanismos internos con los que las redes sociales han contribuido a hacer de la nuestra la era de la polarización política. La confidente dentro del universo Meta ofreció entonces detalles de una reunión mantenida con responsables de partidos europeos que se resistían a aplicar en las redes sociales la fórmula mágica con las que veían cómo grupos ultras en todo el mundo estaban ocupando el espacio digital. El algoritmo no premiaba, ni lo hace hoy, la cortesía o la moderación, sino el insulto, la burla o las expresiones de odio al adversario político. “Nos estáis haciendo tomar posturas que no nos gustan, que son malas para la sociedad, pero si no lo hacemos no ganaremos en el mercado de las redes sociales”, venían a quejarse, desconcertados, los partidos políticos convencionales ante los jefes de Facebook.

La cuestión sigue vigente, divide a la clase política y desafía a los estrategas de partido con este dilema de la comunicación moderna: ¿cómo explotar la capacidad de viralización de los mensajes más emocionales sin tener que apelar al enfado, el miedo o la crueldad más escondida de los ciudadanos y futuros votantes? ¿Cómo hacer compatible el respeto a las maneras en democracias con ese lenguaje de las emociones que parece invadir todos los espacios comunes de una sociedad? ¿Dónde se encuentra el punto virtuoso que separa la innovación en el diálogo con el ciudadano del recurso a la desvergüenza en materia de comunicación política?

Este año hemos visto algunos experimentos interesantes en esta materia. El concepto #PerroSanxe cambió de bando en las redes sociales y pasó de insulto al presidente del Gobierno a icono de la campaña socialista del pasado julio. Los asesores de Isabel Díaz Ayuso transformaron el “hijo de puta” que salió de la boca de la presidenta madrileña en pleno debate de investidura, mientras hablaba el candidato Sánchez, en un “Me gusta la fruta” que, como la manzana de Blancanieves, reluce con falsa inocencia mientras su corazón atesora una pequeña dosis de veneno. Pero 2023 nos tenía reservada otra vuelta de tuerca en el uso de las redes sociales para fines políticos. El uso del bloqueo en X (antes Twitter) a cuentas de oponentes políticos como un nuevo “zasca”, practicado estos días por el actual ministro de Transporte, Óscar Puente.

Repasemos los hechos: el descarrilamiento de tres trenes en la red madrileña en menos dos semanas, provoca, la semana pasada, las críticas en Twitter de la presidenta Ayuso y de varios miembros del gobierno madrileño. Se trata de uno de los primeros contratiempos sonados desde que Puente asumió sus tareas como ministro de Transportes. El vallisoletano, novato en el Gobierno nacional, es, sin embargo, un veterano usuario de Twitter. Desde 2010, Puente ha publicado más de 41.500 tuits y consolidado en su perfil un estilo directo, desinhibido, faltón a veces, algo que le ha permitido bregarse sin dificultades en mil batallas de la política local y contra singulares actores de extrema derecha, de quien es una bestia negra. Solo esa dilatada experiencia y su conocimiento de las dinámicas de la plataforma pueden explicar que Puente asumiera los riesgos de dar con la puerta en las narices digitales al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a tres consejeros madrileños.

De entrada, bloquear a usuarios en Twitter cuando eres político no se antoja una práctica muy recomendable. La hemeroteca arroja algunos casos similares en otras latitudes: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, bloqueó en 2018 a varios compatriotas y lo mismo hizo el brasileño Jair Bolsonaro en 2021 con un periodista crítico. En 2019, un tribunal federal estadounidense estableció que Donald Trump incurría en una práctica inconstitucional al bloquear a varios usuarios de Twitter que le criticaban, ya que su cuenta de presidente debía ser considerada como un foro público. Que Trump cerrara el paso a varios usuarios constituía, por tanto, un ataque contra la libertad de expresión.

Más que un debate jurídico, Óscar Puente ha planteado una estrategia política de gestión de crisis a partir de un feo institucional: ha ninguneado a varios adversarios políticos sin necesidad de insultos, memes e improperios, ha monopolizado la conversación de las redes y ha logrado desviar la atención de los medios del problema real, los descarrilamientos, hacia su propia forma de hacer política que, por cierto, celebran numerosos simpatizantes socialistas, cansados de mantener una corrección que han abandonado otros partidos. Los políticos agraviados, mientras tanto, han contribuido a la difusión de la “marca Puente” con numerosos tuits lamentando la ofensa de la que han sido objeto. También ha caído algún insulto: “macarra”, llamó el lunes a Puente el alcalde de Madrid. El nuevo ministro de Transportes, a este paso, les deberá parte de su promoción como político nacional. Según la herramienta SocialBlade, en solo siete días Óscar Puente ha ganado 7.000 seguidores, 5.000 de ellos en las últimas 24 horas. Todo un espaldarazo para una marca personal.

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