Inteligencia artificial, igualdad real

La igualdad es un derecho fundamental que, ligado a la libertad y a los principios de justicia social y equidad, debe existir necesariamente para que un Estado funcione como una verdadera democracia. Más concretamente, la lucha por la igualdad de género se eleva como imperativo esencial, por afectar a la brecha más primaria y permanente en nuestra historia, la desigualdad entre hombres y mujeres.

Si nos remontamos a la aparición y desarrollo de la igualdad de género en el marco legislativo europeo, el artículo 2 del Tratado de Maastricht de 1992, reforzado tras el Tratado de Ámsterdam (1997) con un nuevo artículo 3, supuso un hito: estableció la “igualdad entre hombres y mujeres” como una de las prioridades de la naciente Unión Europea, introduciendo ese criterio como mandato para el legislador al elaborar y aplicar la ley. La Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del 2000, vigorizó la base jurídica de la igualdad de género al darle el reconocimiento de derecho fundamental y, casi una década después, con el Tratado de Lisboa de 2009, se confirmó y reforzó su regulación.

A partir de entonces se produce un cambio en la situación política, donde el género pasa a ocupar un lugar en la lucha socioeconómica contra las desigualdades estructurales. En la mayoría de las democracias avanzadas se han ido desarrollando instrumentos correctores que han comenzado la titánica tarea de corregir una desigualdad milenaria. Si bien existe ya una teórica igualdad formal, a ese camino, en la práctica, le queda mucho por recorrer y se encuentra trufado de obstáculos y resistencias. Sin embargo, la inmediatez de la transición digital que estamos viviendo, el traslado del entorno físico al virtual, el uso masivo de las nuevas tecnologías, requiere necesariamente una revisión o actualización de los marcos legales para continuar avanzando en la senda correcta y para garantizar que los progresos conseguidos no se desvanezcan.

El riesgo subyacente en la generalización del uso de las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial (IA), son precisamente los siglos de historia que preceden a este cambio y el sesgo todavía existente en nuestras sociedades. La IA se sustancia en una combinación de algoritmos diseñados para hacer que una máquina resuelva problemas o desarrolle procesos de forma similar a la humana, con una exactitud y celeridad infinitamente mayores, mediante el aprendizaje a partir de una base de datos predeterminada. Si asumimos que la historia no es objetiva ni imparcial y las bases de datos tienen, necesariamente, construcciones de género patriarcales intrínsecas, las respuestas que dará la inteligencia artificial tendrán un sesgo que fomente las desigualdades. Con el matiz de que sus efectos serán infinitamente más rápidos y profundos, de no corregirse. Las mujeres han sido tradicionalmente excluidas del primer plano en los marcos históricos y de cultura popular, y, por supuesto, eso tiene traslado en la red de datos que alimentan los sistemas de inteligencia artificial.

Hemos de tener en cuenta que la capacidad de alcance de estos sistemas conlleva el efecto de propiciar ideas o comportamientos, por ejemplo, a través de las plataformas de redes sociales. Pero también puede influir en los servicios esenciales que la ciudadanía recibe de instituciones públicas o privadas, como intervenciones terapéuticas adaptadas individualmente, en el caso del sector de la medicina de precisión, o en la cantidad de crédito que se obtiene de una entidad bancaria. Al final, la inteligencia artificial no es más que una herramienta que proyecta o refleja nuestra perspectiva social y cultural, y lo hace en forma de lente multiplicadora.

El trabajo que la familia socialdemócrata está desarrollando en los debates sobre la nueva Ley de Inteligencia Artificial europea tiene el objetivo de conseguir una IA democrática que tenga un enfoque humanista. Y, para ello, es fundamental que se establezca que los sistemas han de desarrollarse, desplegarse y utilizarse en consonancia con la Carta de Derechos Fundamentales, y de una manera legal, justa y transparente, que garantice la privacidad y no discrimine a las personas, entre otras razones, por su género. También insistimos en la ilustración digital: aspiramos a que la Unión y los Estados miembros promuevan el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías por parte de toda la ciudadanía, que se invierta en la mejora de conocimientos y destrezas para cerrar la brecha digital entre hombres y mujeres, y que se promueva una cultura y unas condiciones de trabajo igualitarias en el sector. No nos olvidemos del radical desequilibrio entre hombres y mujeres en las llamadas carreras STEM (cuyo acrónimo en español sería CTIM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que propicia equipos de desarrolladores muy masculinizados, lo que, además, redunda en un ineficiente desaprovechamiento del talento de la mitad de nuestra población.

El Gobierno de España aborda el problema siguiendo la corriente europea y establece como una de las prioridades en la estrategia de I+D+i 2021 que “los desarrollos en tecnologías de IA deben evitar los sesgos negativos y los prejuicios de género u otras formas de discriminación”. El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), organismo independiente y responsable de los asuntos relacionados con la ética profesional en la investigación científica y técnica, tendrá un papel protagonista en la verificación de que la inteligencia artificial cumple con los estándares nacionales y europeos.

De la misma forma, España tiene una gran oportunidad de diferenciarse en el ámbito mundial como un espacio más igualitario en las oportunidades de desarrollo de equipos e investigación. En un entorno global fuertemente masculinizado, las políticas activas en la búsqueda de equilibrio entre hombres y mujeres en el sector, combinado con otras de carácter más transversal, puede ser un potente tractor de talento femenino desde todas las partes del mundo, como señalaba recientemente Claudio F. González cuando hablaba de geopolítica de la IA para Esglobal.

Está en nuestras manos, como sociedad, garantizar que los datos utilizados para crear los sistemas de inteligencia artificial no profundicen en las desigualdades ya existentes, sino que podamos aprovechar su potencialidad para avanzar más rápido el camino en el sentido correcto. Y, para ello, no solo tenemos que hablar de la necesaria participación de más mujeres en el proceso de toma de decisiones a lo largo de la cadena de producción y desarrollo, sino también sensibilizar a la ciudadanía general en cuestiones de igualdad e incidir en un marco normativo y de políticas públicas adecuados para la deseable y necesaria igualdad entre mujeres y hombres. Una sociedad más igualitaria no solo es más justa, sino también más eficiente.

Andrea Fernández Benéitez es diputada en el Congreso y Secretaria Federal de Igualdad del PSOE.

Ibán García del Blanco es diputado en el Parlamento Europeo, coordinador del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Comité de Asuntos Jurídicos y en el Comité Especial sobre Inteligencia Artificial. Fue ponente de la Iniciativa Legislativa sobre Ética aplicada a la Inteligencia Artificial, Robótica y Tecnologías Conexas, aprobada por el Parlamento Europeo en 2020.

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