“Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre. Aún sufro las consecuencias”

El día que Juan Luis de Soto perdió su tarjetero, en 2019, no se dio cuenta. Quizá se lo robaron. “Lo busqué durante un par de semanas, como no lo encontré lo denuncié en comisaría, saqué un nuevo DNI y me olvidé”, dice. Hasta aquí es una incidencia común por la que han pasado miles de españoles. Pero para De Soto fue el principio de un pozo de llamadas insistentes de entidades de crédito, cartas con amenazas y peleas por salir de listas de morosos. El caso sigue pendiente de juicio y aún hoy, más de dos años después, De Soto mira a menudo en internet si alguien más usa su nombre: “Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre y ahora aún sufro las consecuencias”, explica.

“Me enteré de que algo raro pasaba cuando me llegó una carta de una empresa de préstamos que me decía que no lo había devuelto”, explica De Soto, de 46 años y de Leganés (Madrid). “Pensé que era un error o publicidad engañosa y lo dejé. Pero en seguida recibí una carta del BBVA con información de otro crédito. Les llamé y me dijeron: ‘Es el coche que has comprado’. ¡¿Un coche?! Fui al concesionario y allí me dijeron que sí, que yo había comprado un coche”, añade.

Entonces lo entendió: “No soy yo, es mi DNI”. Las fechorías del suplantador duraron menos de dos meses, desde que logró el documento hasta que la policía lo detuvo cuando iba a recoger un tercer coche. En esas semanas logró usar el nombre de Juan Luis de Soto para pedir tres créditos para tres coches, abrir una cuenta bancaria y pedir ocho créditos de entre 300 y varios miles de euros. Todo fue en concesionarios y entidades distintas. El coche más caro fue de 38.000 euros y, según los datos de De Soto y el sumario, el presunto delincuente compró una bicicleta de 2.000 euros y se gastó 1.700 euros en un Carrefour de Getafe y 944 en El Corte Inglés de Méndez Álvaro (Madrid), 304 en la sección de perfumería.

En total, con los intereses, son casi 100.000 euros. Cuando el presunto delincuente fue detenido por la policía en el concesionario les dijo su nombre real y que era “amigo de Juan Luis”. Cuando De Soto repite esta escena aún exclama enfadado: “¡Amigo!”. De ahí entró en prisión provisional y salió al cabo de unos meses. El día previsto del juicio no se presentó y se le dio por fugado. “En octubre lo pillaron”, dice De Soto. “Pero la Audiencia Provincial llegó a un acuerdo para condenarle a año y medio de prisión, con lo que no entraría ni en la cárcel. Nosotros hemos protestado y hemos pedido juicio y una indemnización por daños morales”, añade. El nuevo juicio debería ser a principios de 2022. Está por ver si se presentará.

¿De dónde sacó el DNI?

En conversaciones con entidades y policía, De Soto oía una y otra vez cómo estos casos ocurren a menudo. Su caso es excepcional por el volumen. “Cuando hay coches de por medio la policía se mueve rápido”, apunta. El objetivo, parece ser, consiste en comprar algo fácilmente vendible para convertirlo en metálico. De Soto contactó con EL PAÍS por un artículo sobre venta de DNI reales en canales de la aplicación de mensajería Telegram. Quería averiguar si por casualidad los periodistas del diario habíamos visto su documento a la venta.

No lo habíamos visto. Pero es posible que el delincuente lo adquiriera en algún lugar así y que incluso lo escogiera. Se parecía un poco a De Soto. “El parecido físico siempre ayuda. Se disfrazó un poco de mí con gafas”, dice De Soto, que sigue sin entender cómo a pesar de estas pequeñas ventajas físicas, el presunto delincuente pudo lograr tanto con tan poco tiempo: “¿Tres coches, dos líneas telefónicas, ocho créditos rápidos, una cuenta corriente falsa, y que no haya saltado ninguna alarma? Aquí falla el sistema, no que un tío haya ido a hacerte la puñeta. Ha fallado por todos lados: controles financieros, legales”, añade.

Como dice De Soto su caso fue “analógico”. Ahora, en la era pospandemia, la Policía Nacional está más preocupada por las suplantaciones digitales a granel. “Los delincuentes ahora buscan lo más sencillo para ellos”, explica el inspector jefe Diego Alejandro, jefe de la sección de comercio electrónico de la Policía Nacional. “Con ingeniería social contactan con las víctimas y les van sacando información: el número de teléfono, el DNI, dónde viven, su banco, en casos más extremos consiguen las contraseñas de banca electrónica o la firma electrónica. Y lo hacen por email (phishing), con llamadas (vishing) o también por sms (smishing)”, añade.

Alejandro ha visto delitos de todo tipo. Un modo habitual de lograr documentos consiste en poner un anuncio de alquiler normal o vacacional o la venta de coches o móviles. Con una buena oferta atraen a víctimas propicias. “Para finalizar la compraventa piden datos como una foto del DNI por delante y detrás, cuenta bancaria, incluso declaración de la renta y con esta documentación logran abrir cuentas a nombre de esa persona”, dice. No solo eso, a veces ha habido casos donde un delincuente ha presentado en la Agencia Tributaria una declaración de renta de una víctima que salía a devolver modificando algunos campos.

La usurpación de identidades se hace a menudo en cadena. Cuando una víctima se da cuenta de que le han timado, pone una denuncia acusando al propietario de la cuenta donde ha ido a parar su dinero. Pero es probable que ese nombre también sea robado, con lo que está acusando a otra víctima. “Eso le puede acarrear otros problemas judiciales. Va a tener tantas denuncias como estafas haya consumado el delincuente. Es una doble victimización”, dice Diego Alejandro. “Si no hacemos una buena investigación y no sabemos las ip desde donde se han conectado, no logramos salir de ese bucle”, añade. Los delincuentes usan las identidades para retroalimentar sus delitos. Es como una muñeca rusa donde todo son identidades suplantadas y dinero que circula entre cuentas falsas.

No son ‘molestias’

A De Soto le molesta especialmente que en los tribunales y entre las autoridades se hable de lo que le ha ocurrido como ”molestias”. “Molestias es tener que bajar a las once de la noche a tirar la basura en pijama”, dice molesto. “¿Pero 100.000 euros en créditos? Eso no es una molestia, es un perjuicio. Yo al menos sé defenderme medianamente, moverme por internet, consultar ficheros de morosos, pero esto le pasa a una persona con menos conocimientos y se tira por un puente. Te vuelven loco directamente. Son llamadas y cartas todos los días a todas horas. Estas empresas de crédito rápido son perros de presa, les da igual que les digas que no es verdad, van a por ti a la yugular”, añade.

De Soto ha acabado, al menos, en tres ficheros de morosos. Las entidades deben advertir al afectado antes de incluirle. Como con el De Soto real no lo hicieron, un banco ya ha tenido que pagarle una indemnización de 2.000 euros. Está a la espera de más juicios.

Con los coches ocurre algo similar. Hay uno que circula legalmente por Francia. El presunto delincuente lo vendió en Alicante a los dos días de comprarlo con la identidad de De Soto. De allí lo exportaron. Este viernes, el Ayuntamiento de Leganés embargó 80,31 euros de la cuenta de De Soto por el impuesto de circulación de ese vehículo. “La policía te dice que las bases de datos son así y que necesito una sentencia judicial para cambiar ese coche de nombre. Soy yo quien debo demostrar que ese coche no lo compré yo. Tendré que ir a un juicio civil”, explica. “Es que no me habían pedido el impuesto en el 2019 ni en el 2020, pero sí en 2021. La burocracia de las bases de datos es un follón. Pero no pagaré. Es una cuestión de honor”, añade. De momento el dinero embargado es el suyo.

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