Las pequeñas empresas tecnológicas se quedan fuera de la red de banda ancha local

El despliegue de la banda ancha en España sigue a buena velocidad. Pero el nuevo plan de ayudas públicas destinado a ello, que reparte 150 millones de euros entre los operadores de telecomunicaciones, no ha gustado a todos por igual. La novedad de este año es que las empresas interesadas en esos fondos deben presentar proyectos con un presupuesto mínimo de 100.000 euros. Los operadores locales denuncian que el requisito dejará excluidos a la mayoría de ellos, porque suelen trabajar en proyectos de presupuesto inferior y ámbito geográfico limitado. En su opinión, el plazo de la convocatoria, abierta el 15 de abril y activa hasta el 27 de mayo, no les da margen para presentar ofertas conjuntamente. Los principales afectados, mantienen, serán los habitantes de las zonas rurales, porque muchas no despiertan el interés de las grandes compañías. El Gobierno considera el nuevo criterio “imprescindible” para garantizar la efectividad de las ayudas.

Antonio García Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (AOTEC), entidad que representa a las pymes del sector, asegura que en 2018 fue de operadores locales el 45 % de los 185 proyectos que obtuvieron ayudas públicas por el mismo plan, llamado Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA). “Solamente un 20 % de los proyectos de operadores locales tenía más de 100.000 euros de presupuesto”, afirma. Según añade, para las pequeñas empresas este año será aún más difícil proponer ofertas para municipios de tamaño suficiente como para necesitar esa inversión, porque la mayoría ya tienen acceso a redes.

García explica que los operadores locales tienen “en su ADN” el trabajar dentro de su propio municipio o como mucho en los aledaños. En un comunicado, él mismo añade que desplegar la banda ancha en una localidad pequeña requiere una inversión “muy inferior a los 10.000 euros”. Por ello, asegura el presidente de AOTEC, las condiciones de la nueva convocatoria no permiten la participación a muchas empresas de este tipo (en total hay casi 800 así en España y cubren una cuota de mercado del 2,95 %, según un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena), porque exigen que se presenten ofertas demasiado amplias como para que puedan ajustarse a sus necesidades.

Cuestión de plazos y competencia

Fuentes de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), órgano del Ministerio de Economía y Empresa responsable del PEBA, aseguran a este periódico que el plan 2019 no excluye a los operadores locales porque “permite presentar ofertas conjuntas”. De esta manera, agregan, podrán repartir “la carga de las inversiones”. Sin embargo, García cree que dos factores, “el tiempo y la competencia”, complican esta opción. El representante de las telecos locales aclara que hay casos en los que estas empresas compiten entre ellas, lo que no hace siempre inmediato encontrar acuerdos para elaborar proyectos conjuntos. Para eso, sostiene, haría falta mucho más tiempo del que se concede en la convocatoria de este año.

“El efecto es que se han dejado de lado a los operadores locales. Y junto a ellos, a todos aquellos proyectos en zonas rurales donde posiblemente no se necesita tanto dinero”, ahonda en su crítica el presidente de AOTEC. “¿Quién pierde en todo esto? No solo los operadores locales, sino también la competencia y los ciudadanos de las áreas donde estas empresas no podrán presentar sus proyectos”, continúa, antes de asegurar que cablear una unidad inmobiliaria costó de media a los operadores locales 62,40 euro frente a los 171,99 euros que les supuso a las compañías nacionales y regionales.

García afirma también que en la última reunión mantenida con los representantes de la administración pública, a principios de marzo, nadie les avisó de que se iba a introducir un nuevo requisito. Asegura que el plan de 2018 “funcionó bien” y tilda de “incomprensible” la nueva medida. “En nuestro sector tenemos un dicho, que es: si algo funciona y funciona bien, no lo toques”.

Necesidad “imperiosa” de revisar el plan de ayudas

Las mismas fuentes de la SEAD citadas anteriormente aseguran que el nuevo criterio sirve para “evitar que las inversiones de los operadores se concentren en las zonas de municipios de tamaño medio que ya serían rentables, y en su lugar favorecer que esas inversiones se extiendan a unidades inmobiliarias más dispersas”. De esta manera, aseguran, el Gobierno cree que será más fácil difundir la banda ancha “con la mayor capilaridad posible”.

El Ejecutivo, prosiguen, tiene como foco hacer llegar Internet de calidad “en particular en las zonas rurales y aisladas” y, para ello, “la necesidad de revisar el modelo del plan PEBA era imperiosa”. El año pasado, según declaran las mismas fuentes, se adjudicaron solo 122 de los 150 millones de euros disponibles, lo que supuso desaprovechar 28. “El modelo que heredamos del Gobierno anterior presentaba síntomas de agotamiento y era incapaz de absorber la senda presupuestaria prevista”, aseguran.

Estas fuentes también niegan que se quiera discriminar a los operadores por su tamaño y sostienen que el cambio de modelo en el plan de ayudas se sometió a consulta pública. Las modificaciones se han pospuesto para “dar más tiempo al diálogo”, y en la convocatoria de 2019 se introdujeron solo los cambios “mínimos imprescindibles” para adecuar la convocatoria “a la realidad de las zonas pendientes de cubrir con banda ancha”, concluyen. De los 150 millones destinados al PEBA de este año, 125 proceden de financiación europea y 25 de una partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado.