Europa entierra ACTA

El acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) ha sido rechazado por  goleada: 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones son el resultado de la votación en el pleno del Parlamento Europeo. Ayer todos los grupos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE), se pronunciaron en contra del pacto internacional durante un debate en Estrasburgo. Bruselas y los populares llegaron a pedir que se aplazara la votación hasta que el Tribunal de la Unión Europea (UE) aclare si es compatible con las leyes comunitarias, pero sus peticiones no han llegado a buen puerto. Se ha impuesto la tesis de que ACTA era una respuesta inadecuada a un problema real, al contener demasiadas ambigüedades y abrir la puerta a atentados a la privacidad de los consumidores, las libertades y la libre circulación de información.

El estruendoso no de la Eurocámara tendrá repercusiones en las antípodas, dadas las reservas ya expresadas del Parlamento australiano, y reforzará a los críticos en Estados Unidos. Para el sector industrial, del diseño y la creatividad, la votación de la Eurocámara es un error que dañará la propiedad intelectual, el empleo y la economía en Europa.

La votación refleja una movilización sin precedentes de la opinión pública europea, que presionó a favor de su repudio con correos electrónicos, llamadas telefónicas, manifestaciones y hasta con una petición, apoyadas por 2,8 millones de firmas. “El debate de ACTA ha probado que existe una opinión pública europea que trasciende las fronteras”, ha señalado en un comunicado el presidente del Parlamento, el socialista alemán Martin Schulz. “La decisión de rechazar ACTA no se ha tomado a la ligera”.

“La mayoría del Parlamento Europeo cree que ACTA no es la solución adecuada”, ha insistido Schulz. “ACTA es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles, la innovación y la libre circulación de información”.

La suerte de ACTA en el plenario estaba echada tras su previo rechazo en cinco comisiones parlamentarias, pese a un último intento dilatorio del Partido Popular Europeo para que se esperara al pronunciamiento sobre su acomodo a derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la UE, a petición de la Comisión Europea, firme partidaria del acuerdo, pactado a primeros de año en Tokio con la participación del comisario de Comercio Internacional, Karl de Gucht.

En el debate del martes De Gucht insistió en que “nada hay que temer de ACTA porque no cambia las leyes europeas. Porque si ahora estas leyes no violan los derechos, tampoco lo hará el nuevo tratado”. Fue una defensa abocada al fracaso en vista de la impresión generalizada en los escaños y en la calle de que ACTA es un tratado peligroso porque autoriza a los proveedores de acceso a Internet, con la excusa de combatir la descarga ilegal de ficheros, a proporcionar a los derechos habientes las direcciones IP de los internautas presuntos piratas. “Ese no es el papel de los proveedores de acceso a internet, es muy peligroso”, replicó el ponente de la comisión de Comercio Internacional, el laborista David Martin.

Los europarlamentarios reprochaban al acuerdo que en su justo combate contra las falsificaciones de productos de marca y medicamentos se lanzara también contra determinadas actividades en Internet, en lo que alguno equiparó confundir bolsos con libertades fundamentales.

Tras la votación, un satisfecho Martin ha advertido que será necesario encontrar otros medios para proteger la propiedad intelectual, “la materia prima de la economía de la UE”.

ACTA es demasiado vago, deja espacio para abusos e inquieta por su impacto en la privacidad de los consumidores, las libertades civiles y la innovación

En eso está de acuerdo Anne Bergman-Tahon, directora de la Federación Europea de Editores, una de las 130 entidades europeas que apoyaba el acuerdo. “ACTA es una importante herramienta para promover el empleo y la propiedad intelectual europea”, señala Bergamn-Tahon en un comunicado. “Desgraciadamente el tratado no ha entrado bien en el Parlamento y no se han apreciado sus valiosas aportaciones”.

Este tratado, destinado a reforzar la protección de la propiedad intelectual, lo suscribieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur en octubre de 2011. En enero de este año se sumó la Unión Europea, aunque la adhesión estaba supeditada a que se ratificara en el Parlamento, que lo acaba de rechazar por amplia mayoría.

España ya firmó este acuerdo, con gran revuelo, en el mes de enero. Este marco legal que quiere entrar en vigor en todo el mundo provocó la dimisión del principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif.

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.