De la Cueva: “Cada día existe en Internet mayor inseguridad jurídica”

“Cada día existe una mayor inseguridad jurídica en Internet”. Es una de las conclusiones del abogado Javier de la Cueva, experto en propiedad intelectual, que el viernes participó en una charla digital con los lectores de EL PAÍS, donde respondió a preguntas sobre el caso Megaupload y la tramitación de leyes internacionales como SOPA, PIPA o la europea ACTA.

Sobre la presunción de inocencia en los temas de propiedad intelectual, “las presiones de los lobbies de la industria han logrado normas que permiten que primero se cierre y luego se pregunte, lo que”, dice De la Cueva, “no deja de ser un sistema perverso máxime cuando están en juego derechos fundamentales”.

Para el abogado el actual modelo discográfico está agonizante. “No sé si las empresas tecnológicas desplazarán a las grandes discográficas, pero sí está claro que los usuarios pagan su conexión a Internet y luego pagaban 10 euros a Megaupload. Si es cierto que Megaupload o las webs de enlaces ganan tantísimo dinero, no se entiende cómo los titulares de la materia prima (las productoras) no montan idéntico negocio: ni siquiera tendrían que pensar sino que les bastaría clonar a Megaupload y a las webs de enlaces para ganar los millones que argumentan”.

De la Cueva no ve una solución jurídica a corto plazo: “Internet se diseñó para copiar masivamente, para transmitir ad infinitum la información, así que la única manera de no caer en la piratería es cambiar la ley que define qué es piratería. No olvidemos que la piratería es un constructo social, por lo que una cosa es pirata o no no por sí misma, sino porque una ley así lo establece”.

“Están haciendo leyes sobre tecnología quienes no tienen absolutamente ni idea de tal tecnología”, añade el abogado. “Pudiera ser que se apoyaran en técnicos en la materia que les auxiliaran, pero la ley ya no es el resultado, al modelo ilustrado, de una confrontación de opiniones desde la que obtener la razón, sino que es el resultado de la apisonadora de unos intereses, generalmente ilegítimos, de un sector económico que compra voluntades a través de sufragar campañas electorales o financiar partidos políticos. En la base de todo está la corrupción en la financiación de los partidos políticos a quienes les interesa la perpetuación de este sistema. El precio de esta forma legislativa mediocre y corrupta lo estamos pagando todos”.

Finalmente, el abogado sentencia: “La propiedad intelectual está sirviendo de perfecta excusa para que los gobiernos le quiten a los jueces la potestad sobre las infracciones en Internet y se la adscriban mediante la creación de comisiones. Es como si, de repente, el gobierno decidiese que la vigilancia de si los periódicos infringen la propiedad intelectual no lo decidiesen los jueces sino una comisión del Ministerio de Cultura. Así, con la excusa de la propiedad intelectual, el ejecutivo está controlando el entorno en el que se ejercita la acción política. En esto consiste la Ley Sinde, la Ley SOPA/PIPA, el tratado Acta, las normas desarrolladas en México y la parada en Colombia: en que los gobiernos tengan la potestad de decidir sobre cualquier servicio de Internet”.