Nintendo pide 23 años de cárcel a un comerciante de Avilés por la venta de cartuchos "para piratear"

Nintendo pide a un comerciante de Avilés 23 años de cárcel por vender cartuchos que permiten modificar la cosola portátil de la marca, Nintendo DS, y jugar con copias pirateadas. Según informa La Voz de Asturias, el juicio se celebrará después del verano. Nintendo, además, solicita que se condene al comerciante a una indemnización de 840.000 euros ya que entiende que por cada cartucho vendido, unos 1.400, ha dejado de vender 600 euros en juegos.

El propietario de la tienda Alechip Soluciones Informáticas, Alejandro Fernández, da otra explicación del conflicto. Todo empezó en 2008, cuando la compañía comenzó a bloquear en la aduana los productos que el avilesino importaba desde China. "En ese momento te llaman y te dicen que, o destruyes la mercancía o te demandan. Las primeras veces pagué, pero luego me rebelé y en ese momento comenzaron a lloverme demandas hasta que entraron por la vía penal", comentó. Fernández sostiene que el empleo del cartucho no está forzosamente orientado a la carga de copias piratas. "Las consolas vienen capadas y esos productos permiten ejecutar otras aplicaciones, dentro del cartucho puedes meter cualquier aplicación informática".

El fiscal solicita una pena de tres años y dos meses. A Alejandro Fernández el proceso legal le ha constado hasta el momento unos 40.000 euros, entre abogados y el dinero perdido por el bloqueo de mercancía.

Los cartuchos de la portátil Nintendo DS ya tiene su historial judicial. El juzgado de lo penal 5 de Palma de Mallorca dictó en octubre el año pasado la primera sentencia en España que declara ilegal la venta de módulos de carga de videojuegos para la consola portátil Nintendo DS, los conocidos cartuchos o tarjetas R4. Los acusados, propietarios de la tienda Infocoste S'escorxador, aceptaron esta sentencia de conformidad y no recurrieron un fallo que les condena a seis meses de cárcel, 600 euros de multa y a pagar 4.000 euros de indemnización. Nintendo les pedía 120.000 euros por un delito contra la propiedad intelectual por "venta ilegal de cartuchos de videojuegos".

Rafael Martínez, subdirector de Nintendo Ibérica, celebró el fallo judicial porque "España es el país más afectado por la piratería. Hay un cierto arraigo, una sensación de que está ahí para todos y no se valora la propiedad intelectual. Detrás de cada videojuego hay trabajo, esfuerzo e inversión". Nintendo cifra en un 50% las pérdidas que la venta de estos cartuchos les suponen.

La propietaria de la tienda aseguró que "no tenía dinero para luchar frente a Nintendo. Somos una tienda pequeña y teníamos miedo de perderlo todo, hasta la casa. Aceptamos los cargos porque nos salía más barato que ir a juicio, pagar a peritos, informes...".