El Partido Popular Europeo considera que el tratado ACTA va "en la dirección correcta"

El camino hacia la aprobación del tratado ACTA, negociado por las principales potencias comerciales para combatir la piratería y la falsificación, parece ir "en la dirección correcta". Así lo han aprobado 331 eurodiputados. Con todo, 229 se han opuesto a la resolución presentada por el Partido Popular Europeo y los Conservadores y Reformistas Europeos.

El pleno a pedido a la Comisión Europea que el acuerdo no afecte a los derechos fundamentales ni a la legislación europea sobre protección de datos y propiedad intelectual. La resolución afirma que el tratado no va a solucionar "el complejo problema de la falsificación" pero va en buena dirección. Por medio de ese texto, los eurodiputados establecen sus "líneas rojas" para la futura aprobación de ACTA y recuerdan que el nuevo Tratado de Lisboa amplió los poderes de la Eurocámara ante los acuerdos internacioales, de forma que será necesario su consentimiento para que el pacto pueda entrar en vigor.

En primer lugar, solicitan a la Comisión Europea que confirme que la aplicación de ACTA no afectará a los derechos fundamentales y a la protección de datos, ni a los esfuerzos de la UE por armonizar las medidas de ejecución de los derechos de propiedad intelectual o el comercio electrónico. La Eurocámara celebra que la Comisión haya afirmado que las disposiciones de ACTA relativas a los procedimientos de protección de los derechos de autor en el contexto digital, "se efectuarán en pleno acuerdo con el acervo de la Unión".

También aplaude el compromiso de la Comisión de que no se incluirán en el acuerdo ni las búsquedas personales ni el procedimiento conocido con el nombre de "tres avisos" (la desconexión de internet de quienes cometan infracciones de la ley de propiedad intelectual). La resolución señala igualmente que la transparencia de las negociaciones internacionales del acuerdo "ha mejorado sustancialmente". El texto, no obstante, lamenta que el acuerdo no defina el término "indicaciones geográficas falsificadas", ya que "esta omisión podría generar confusión o, como mínimo, complicar la acción de las autoridades administrativas y judiciales al interpretar y aplicar el ACTA". Tan sólo hace dos meses, una mayoría de diputados del Parlamento europeo se había manifetado en contra del oscurantismo de las negociaciones, que se iniciaron en secreto, y reclamaron el derecho a supervisar el texto definitivo antes de que la UE lo ratificara. Entre los puntos más polémicos que figuraban en el borrador inicial figuraban el corte de la conexión a Internet a quien realizara descargas de material protegido y la imposición a los proveedores de Internet de la obligación de rastrear las actividades sospechosas de sus clientes.