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Los eurodiputados suscriben una declaración contra el tratado ACTA

Piden que la Unión Europea impida obligar a los proveedores de Internet al filtrado del tráfico

Hoy se han reunido las 369 firmas de eurodiputados necesarias para que el Parlamento europeo adopte una declaración contra los aspectos más temidos del tratado ACTA que negocian las potencias comerciales de forma secreta. Uno de los objetivos del tratado es combatir la piratería y en distintos borradores que se han filtrado se proponían medidas destinadas al rastreo de las comunicaciones. Con todo, las últimas filtraciones reflejan, por ejemplo, una marcha atrás en la intención de obligar a los proveedores de acceso a Internet a vigilar y bloquear la actividad supuestamente ilícita de sus clientes.

La firma de la declaración es "una gran victoria para aquellos que defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos y la neutralidad de los intermediarios técnicos", ha declarado el eurodiputado francés François Castex.

Jérémie Zimmermann, el portavoz de Quadrature du Net, una de las organizaciones que se han movilizado para conseguir las firmas ha dado las gracias esta tarde en Twitter a todos los ciudadanos que han colaborado para conseguir que la citada declaración sea adoptada. "Es un esfuerzo fantástico y un gran resultado. Hemos demostrado que era posible".

En principio, el presidente del Parlamento ha de oficializar la adopción de esta declaración que carece de incidencia jurídica pero que envía un mensaje político muy claro sobre la posición que la Unión Eiropea debe adoptar ante el tratado.

La citada declaración pide que se proteja la neutralidad de los proveedores de Internet, que se apliquen las legislaciones subsidiarias de los estados y que los citados proveedores no sean considerados responsables de los datos que terceros transmiten o albergan en sus servicios, responsabilidad que les conduciría al filtrado del tráfico y a una vulneración de la privacidad.

El texto afirma que el tratado "no debería imponer restricciones a las garantías procesales debidas ni debilitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la intimidad" y destaca el peligro de introducir medidas penales en ámbitos que ya están regulados en los códigos civiles.