"Tengo ganas de llorar"

"¡Qué fuerte! Tengo ganas de llorar". Ana María Méndez desconocía que la abogacía general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) le había dado la razón: el canon digital en España se aplica de manera indiscriminada.

"Sabía que hoy salían las conclusiones. Y que, si se extraían conclusiones de lo que pasó en el juicio, éstas serían positivas, pero tanto...". Méndez se entera por EL PAÍS del dictamen de la abogacía europea.

Todavía falta la sentencia, que no llegará hasta otoño, pero en un 90% de casos aquello que dictamina la abogada general, equivalente comunitario al ministerio fiscal, suele convertirse en fallo definitivo. Un fallo que, si se confirma, será histórico.

David podría ganar a Goliat. "Qué gracia que digas esto. El propio tribunal europeo lo comentó ese día", dice Méndez, que no puede describir con palabras su alegría. "Imagínate, son seis largos años de batalla. Entonces tenía dos tiendas y ocho empleados". Hoy conserva una, que gestiona la familia. "Tuve que despedir a mis empleados, con lo que eso supone no sólo económica sino emocionalmente. Sin duda en estos seis años he perdido mi modo de vida. Tanto que ni de vacaciones nos hemos ido", lamenta Méndez.

En junio de 2004 la entidad de gestión SGAE reclamó a Méndez, copropietaria de la tienda barcelonesa de informática Traxtore, 48.000 euros en concepto del canon sobre los CD y DVD vírgenes. Se negó a pagar, SGAE la demandó y en marzo de 2006 un juez sobreseyó la causa. Sin embargo, la alegría duró poco. Una semana después la entidad volvía a reclamar judicialmente, por otro cauce, el pago de la compensación por copia privada por los CD, DVD y reproductores MP3 que había comercializado entre septiembre de 2002 y septiembre de 2004. Su empresa, Padawan, alegó que la aplicación indiscriminada del canon "sin distinguir la finalidad a la que van destinados" los productos contradecía la directiva europea. El juzgado de primera instancia dio la razón a la SGAE, pero la tienda recurrió y la Audiencia de Barcelona, antes de dictar su resolución a las partes, planteó la cuestión al Tribunal de las Comunidades Europeas, cuya abogada acaba de dictaminar su opinión.

En estos seis años Méndez ha pensado muchas veces en arrojar la toalla, "pero no lo he hecho por una cuestión de principios". Pero confiesa que "entiende el conformismo de muchos" que han abandonado la batalla porque "al final el gasto en abogados es similar a lo que reclama la SGAE".

Ana María está hoy contenta. Más que contenta. Mientras espera sentencia en su cabeza siempre el mismo runrún: "Si de esto sólo saco algo para mí no habrá merecido la pena". Parece que no. La abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el canon es un abuso.