España quiere impulsar una legislación común antipiratería en la UE

España quiere impulsar una legislación común en materia de piratería digital. Así lo ha dicho el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en el transcurso de la cumbre informal de los ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que se celebra hoy en Granada. El respeto a la propiedad intelectual es uno de los temas que más preocupan en la Agenda Digital Europea. "Debemos poder compatibilizar los derechos de autor con la libertad y los derechos de los usuarios de Internet. Tenemos que llegar a un modelo común, en lugar de uno por cada país", ha asegurado Sebastián tras la primera sesión.

En el documento presentado por España para su discusión se habla de un enfoque común en Europa a fin de evitar distorsiones del mercado único, así como de garantizar una "oferta legal de contenidos de calidad en Internet, respondiendo a la realidad tecnológica existente" y de la necesidad de que se adapten para "seguir el ritmo rápido tanto de la tecnología y de la propia sociedad, tanto de la protección de la privacidad de las personas como de los titulares de derechos de propiedad intelectual".

A esta reunión informal tan sólo han asistido cuatro de los 27 ministros invitados, debido a los problemas en el transporte aéreo, aunque están representadas 14 delegaciones por sus embajadas, por lo que la sesión plenaria de la tarde de la que debe salir la Declaración de Granada sobre el futuro digital de la UE se va a celebrar por videoconferencia.

Sebastián también ha planteado como objetivo la creación de un DNI electrónico único para toda la UE -"algo que será tan importante como el euro"- y la eliminación de las barreras para hacer posible el comercio electrónico transfronterizo.

Cumbre paralela

Coincidiendo con la cumbre virtual de Granada, FACU, ExGae, Red Sostenible y FCForum, han orgnizado una cumbre paralela en Sevilla en la que han mostrado su preocupación por las "presiones que los lobbies de las industrias de las telecomunicaciones y la cultura vienen ejerciendo sobre Bruselas y los gobiernos de los Estados miembros para lograr el desarrollo de políticas a la medida de sus intereses económicos que perjudican a los ciudadanos".

Los convocantes también han rechazado el establecimiento de la tasa Google, el peaje que las operadoras de telecomunicaciones quieren exigir a los prestadores de servicios por el uso de sus redes. "Los prestadores de servicios no son sólo macroempresas como Google. Cualquier ciudadano lo es desde el momento en que tiene su propia web, como un blog, o pone archivos a disposición de otros internautas a través de las redes P2P. Una tasa de este tipo podría excluir o limitar la presencia en la Red a las pequeñas empresas o a los ciudadanos que alojan contenidos sin ánimo de lucro, a favor de las grandes multinacionales", han señalado.