El PP exige al Gobierno que dé explicaciones en el Congreso sobre la 'ley antidescargas'

El PP quiere que el Gobierno aclare la próxima semana, en la última sesión de control del año, la polémica suscitada por la disposición incluida en el borrador de la Ley de Economía Sostenible que abre la posibilidad de, por decisión administrativa, cerrar páginas de Internet con el argumento de proteger la propiedad intelectual. A tal fin, el Grupo Popular ha registrado una interpelación al Gobierno que esperan responda el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, habida cuenta de que la titular de Cultura, Angeles González Sinde, ha comunicado que no podrá asistir al Pleno de la próxima semana.

El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, José María Lassalle, ya denunció esta semana que esa anunciada ausencia de González Sinde demuestra la conveniencia de su dimisión. A su juicio, la ministra "se esconde" detrás de su agenda para eludir su presencia en la Cámara Baja, máxime cuando está asociada a su "pésima" gestión y ha sido "desautorizada".

En esta misma línea, el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, criticó que la ministra vaya a "escaquearse" una vez más. Ayllón afirmó que el PP desconoce "cuál es la actividad" de la titular de Cultura, aunque ironizó que quizá se haya dedicado en los últimos días a preparar el discurso del jefe del Ejecutivo sobre el informe económico de 2009 que presentó ayer en el Palacio de La Moncloa, teniendo en cuenta que fue guionista de la película Mentiras y Gordas.

En el escrito de la interpelación, el PP recuerda que, al día siguiente de conocerse la posibilidad del cierre de páginas web por decisión adminisrativa, Caamaño saltó a precisarlo asegurando que siempre habría control y autorización judicial, algo en lo que abundó el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Para el PP, "el desconcierto y la falta de criterio" del Gobierno "han provocado que la polémica se agrave y que aumente la preocupación de los ciudadanos", por lo que ven urgentes las explicaciones del Ejecutivo. A su juicio, "cualquier intervención que pueda suponer un límite o menoscabo de los derechos de los ciudadanos deberá contar siempre con la debida supervisión y autorización de la autoridad judicial como máximo garante de la legalidad de la actuación de los poderes públicos, impidiendo de esta forma actuaciones arbitrarias o irregulares que atenten contra la libertad y los derechos de los ciudadanos".

La interpelación dará lugar a la presentación de una moción que se votará en la siguiente sesión plenaria, ya en febrero, cuando se reanude la actividad ordinaria del Parlamento. No se descarta que en ese texto el PP aproveche para censurar a la ministra de Cultura, cuya dimisión han pedido ya en varias ocasiones.