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El Consejo Constitucional francés recorta la 'ley antipiratería'

El organismo señala que sólo un juez tiene competencia para cortar el acceso a los internautas que hagan descargas ilegales

El consejo constitucional francés, la autoridad constitucional más alta del país, ha censurado este miércoles la conocida como Ley Hadopi, que castiga las descargas ilegales y fue aprobada por la asamblea francesa el mes pasado. La parte censurada es aquella que señala que una autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red; según el constitucional sólo un juez tiene la competencia para cortar la conexión a los internautas que hagan descargas ilegales.

Teniendo en cuenta que "Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo", y "en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia", el Consejo recordó que "es de justicia imponer una sanción si se demuestra que existen las descargas ilegales." "El papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir las descargas que han sido descubiertas, pero no castigarlas".

El Consejo considera varios artículos de la ley como anticonstitucionales. "Estos poderes podrían recortar el derecho universal a expresarse y comunicarse libremente", ha señalado en un comunicado.

El Constitucional da así la razón al Partido Socialista francés, que presentó un recurso de inconstitucionalidad del texto legislativo, al considerar contrario a la Carta Magna que se corte el acceso a Internet de un cliente sin que haya una sentencia judicial que lo indique. Además consideraba que privar de conexión a un usuario vulnera el derecho fundamental a la educación.

"La decisión ha sido clara. El corazón de la ley ha sido cancelado, esto significa que Internet es un derecho", ha señalado Jean-Marc Ayrault, presidente de los socialistas franceses en el Congreso.

Una ley controvertida

La ley antipiratería, encaminada a frenar las descargas ilegales en la red, contempla dos avisos al infractor antes de cortarle la conexión. El primer mensaje informa al internauta y le aconseja abandonar la práctica por los riesgos que le puede comportar. Si persiste recibirá una carta certificada, y de continuar se le aplicará la sanción definitiva: cortarle Internet por un plazo que va desde un mes a un año.