El sector de las telecomunicaciones, el más cuestionado por los consumidores

El sector de las comunicaciones electrónicas es el primero en número de reclamaciones presentadas por los usuarios a través del Sistema Arbitral de Consumo, un procedimiento extrajudicial, gratuito y voluntario para resolver los problemas de los consumidores; en concreto, este sector concentró en 2007 el 48,9% del total de reclamaciones.

Así consta en la Memoria de Arbitraje de Consumo 2007, elaborada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el sector de las comunicaciones electrónicas se incluyen la telefonía fija y la móvil así como los proveedores de servicios de Internet.

Este Departamento atribuye el gran número de reclamaciones sobre comunicaciones electrónicas que llegan al arbitraje de consumo, no sólo a que ofrecen servicios a la gran mayoría de la población española, sino también a que es el sector con mayor grado de adhesión al arbitraje de consumo y, por tanto, el de más fácil acceso por los consumidores.

Otros sectores afectados

Al sector de telecomunicaciones le siguen en la lista los sectores de automóvil (venta y reparación), con el 5,7% de las reclamaciones; electrodomésticos (venta y servicios de asistencia técnica), con el 4,4%; tintorerías, 4,4%; informática (venta y reparación), con un 4,3%; vivienda (propiedad y arrendamiento), con el 2,6%; agencias de viajes (2,6%); muebles (2,4%); gas (2,1%); y ropa, confección y piel (1,7%).

De cada 100 solicitudes de arbitraje que se presentan por conflictos con este sector, 77 correspondieron a empresas adheridas al sistema arbitral, mientras que en otros sectores que afectan también a una gran mayoría de los ciudadanos, como es el bancario, este porcentaje fue sólo del 0,56%.

En total, el Sistema Arbitral de Consumo recibió en 2007 un total de 61.759 solicitudes de arbitraje, de las que el 93,6% fue resuelta. Cerca de un 85% de las resoluciones de obligado cumplimiento o laudos se adoptó por unanimidad. Además las cuantías medias más elevadas de las reclamaciones presentadas ante una junta arbitral ascendieron a 120.000 euros.

El Instituto Nacional de Consumo está ultimando una aplicación informática para que las actuaciones de arbitraje puedan realizarse por medios electrónicos.