Amnistía denuncia la desprotección de los menores en el acceso a los videojuegos

Amnistía Internacional (AI) denuncia la falta de protección de los menores, que tienen acceso a cualquier tipo de videojuego, a pesar de que tengan la clasificación de para adultos, según el informe que ha presentado su director en España, Estaban Beltran.

Beltrán ha dicho que la protección de los niños y adolescentes frente a contenidos que pueden vulnerar sus derechos "es una responsabilidad, una obligación, del Estado español" y que un año después del compromiso del Gobierno para proteger a la infancia en este ámbito "no ha impulsado ninguna iniciativa".

Según AI, no se ha creado la "comisión de seguimiento del sector y de la aplicación del código PEGI" (sistema de clasificación de los viodeojuegos impulsado por las empresas del sector), que anunció el año pasado el Ministerio de Sanidad y Consumo, ni se ha puesto en marcha la campaña informativa que se anunció, ha añadido.

Esteban Beltran se ha quejado de que el Gobierno apuesta por la autorregulación voluntaria de las empresas sin establecer normas de ámbito estatal que impidan el acceso de los menores a videojuegos con clasificaciones no aptas para ellos, en los que se banalizan los derechos humanos y se induce a la violencia o al delito.

Libertad total

El estudio revela que los menores pueden adquirir cualquier videojuego con toda libertad en cualquier punto de venta, ya sean grandes superficies o tiendas especializadas, en las catorce ciudades de las nueve Comunidades Autónomas visitadas por los voluntarios de AI.

Al no existir legislación, las comunidades tienen diferentes tipos de control: diez de las 17 leyes autonómicas de protección de la infancia y adolescencia incluyen prohibición expresa de venta y alquiler de videojuegos con contenidos no adecuados; en cuatro la normativa es ambigua, y en tres no se hace ninguna mención, pero en ninguna se cumple la ley, ha dicho Eva Aguilera, responsable del área de menores de AI.

Aguilera ha explicado que también se ha comprobado que en los puntos de venta los videojuegos no están separados por edades, ni por contenidos, y que la mayoría de los vendedores desconocen lo que significan los iconos descriptores que incorporan, incluso uno de los vendedores, señaló, interpretó que la edad recomendada se refería al nivel de dificultad.

El informe recomienda al Gobierno que establezca un marco legal para proteger a los menores, y a las comunidades autónomas, que cumplan sus leyes y activen mecanismos de denuncia, ha añadido Beltrán.