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Las sociedades de derechos consideran una "burla" que el Gobierno se replantee la ley sobre cierre de webs

Las entidades de gestión abandonan la reunión en la que el Ministerio de Industria ha presentado sus planes para luchar contra la distribución ilegal de contenidos en Internet

La lucha contra la piratería ha vuelto a enfrentar a Gobierno, asociaciones de internautas y creadores de contenidos, que han abandonado la reunión de esta mañana en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI) tras calificar de "burla y "fracaso" que el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, quiera abrir un debate sobre la aprobación de una norma que permitiría a las sociedades de derechos cerrar webs que distribuyan contenidos pirateados.

La regulación del cierre de páginas de Internet por infracción de los derechos de autor es un asunto que el Gobierno decidió incluir en una ley independiente después de eliminarlo del anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.

Uno de los borradores de ese texto incluía un artículo, el 17 bis, que atribuía la capacidad de proponer a las entidades gestoras la capacidad de proponer el cierre de web que cometiesen presuntos delitos, pero tras protestas de las asociaciones de consumidores el Gobierno anunció que el asunto se trataría en una ley propia que sería discutida en la reunión de hoy del CATSI.

Para debatir sobre esa norma se había invitado al encuentro del organismo asesor del Gobierno a las entidades de gestión, que han tachado de "fracaso" y "burla" la reunión tras escuchar que Ros pedía un nuevo plazo de dos meses para discutir las medidas a adoptar para combatir la violación de los derechos de autor en la Red.

Los asistentes, según ha explicado el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, esperaban que el punto de partida para el debate fuera el polémico artículo 17 bis, pero tras un breve debate el secretario de Estado ha señalado que se abriría un debate desde cero sobre esta materia.

"Lo que quieren es seguir mareando la perdiz"

El Director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, cree que en el Ministerio de Industria no existe "la más mínima voluntad de sacar adelante el procedimiento de aviso y retirada de contenidos piratas" pese a que según asegura la medida está incluida en el Plan contra la Piratería aprobado por el Consejo de Ministros. El representante de la SGAE afirma que los miembros de este consejo asesor no han mostrado "la más mínima sensibilidad" sobre el fenómeno de la piratería, mientras que el presidente de los productores de música de España (Promusicae) y de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Antonio Guisasola, considera que "es una burla empezar de cero cuando el sector industrial rechazó todas las propuestas".

"Hemos salido profundamente defraudados, no me esperaba que el CATSI no tenga conciencia de la importancia de proteger la propiedad intelectual en Internet ni del valor de la cultura", afirma Farré en conversación telefónica. "La propuesta es inaceptable, llevamos dos años negociando el establecimiento de un procedimiento de cierre de webs que incluyen contenidos ilegales y ahora nos proponen volver a empezar desde cero (...). Lo que quieren es seguir mareando la perdiz, y nuestro sector ya no puede esperar, la piratería es galopante y algo hay que hacer, estamos viviendo una agonía".

Pérez Subías, sostiene que al abandonar la reunión de hoy las entidades gestoras demuestran "que rechazan la negociación si no se les da lo que quieren"."Se han levantado y se han ido porque rechazan el diálogo, y aseguran que es un trabajo estéril". Guisasola replica que abandonaron la reunión "una vez que el secretario de Estado, que la presidía, dio por zanjado este punto y pasó al siguiente, relativo a un proyecto de orden sobre regulación de la numeración para los servicios de mensajes cortos".

El '17 bis' no volverá a la LISI, según el Industria

Las asociaciones que representan a autores y productores insisten en la idea de que el Gobierno ha incumplido los compromisos adquiridos hace tres años en el plan antipiratería, aprobado hace ahora tres años. En él se decía que debe buscarse un acuerdo entre el sector tecnológico y los titulares de derechos para articular un proceso de retirada de contenidos ilegales, y que si no se alcanzaba el consenso el Gobierno entraría a legislar. "Pero ante la falta de acuerdo Ros propone que sigamos debatiendo", explica Guisasola, que anuncia una petición de responsabilidades por los cambios de posición del Gobierno.

El presidente de AGEDI considera muy complicado que el Ejecutivo apruebe en esta legislatura una norma que establezca cual debe ser el procedimiento para retirar páginas con contenidos ilegales, por lo que anuncia que sus esfuerzos se dirigirán a que el tema vuelva a ser incluido en la reforma de la LISI, durante la tramitación parlamentaria de la Ley. "Otras asociaciones ya han realizado contactos con partidos políticos, entendemos que una reforma tan profunda de la ley de Internet no se debe realizar muy a menudo, y todavía tenemos la oportunidad de introducir en ella el protocolo".

El Ministerio de Industria, por su parte, insiste en que no aprobará una norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, "ni dentro del articulado de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) ni en otra independiente", según ha confirmado un portavoz del Ministerio, que explicó que desde el Gobierno se busca "un debate abierto para encontrar el entendimiento" en materia de protección de la propiedad intelectual en la Red.

27 proveedores de servicios ya retiran contenidos

Los protocolos que permiten impedir el acceso a páginas 'web' que infringen los derechos de autor no son algo nuevo en nuestro país, según explica el presidente de los productores de música de España, Antonio Guisasola. La organización que preside ha suscrito acuerdos con 26 proveedores de acceso a Internet, y en colaboración con ellos se han retirado este año 1030 páginas que distribuían música de forma ilegal. "En ningun caso se ha producido una denuncia o queja del titular de la página", afirma. Estos acuerdos no incluyen a las grandes operadoras, a las que las sociedades de derechos llegaron a ofrecer sufragar el coste de comunicarse con sus clientes para avisarles de que su 'web' incumplía la legalidad. "Pero esas empresas dicen que sólo aceptarán el procedimiento si están obligadas a hacerlo por ley".

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