La SGAE defiende su transparencia

Durante más de una semana, ELPAIS.com ha acogido en estas páginas un intenso e interesante debate sobre el polémico canon digital, la compensación a los autores y a la industria audiovisual por la piratería. En el seno de esta discusión, en el que han participado representantes de ocho organizaciones relacionadas con el tema, la Sociedad General de Autores de España ha sido duramente criticada. Con algunas aclaraciones solicitadas por esta entidad, que podrás leer a continuanción, se da por cerrado el debate.

"El debate abierto por ELPAIS.com bajo el epígrafe “¿Protección de la cultura o freno tecnológico?”, que ha contado con la participación de todas las partes en discordia, ha albergado en los últimos días las tribunas de un abogado y el representante de una asociación de internautas que se han servido de la oportunidad que se les ha brindado para, en lugar de expresar sus posturas, lanzar una serie de falsedades encaminadas a desinformar a la opinión pública y difamar a las entidades de gestión, especialmente a la SGAE.

Ante sus afirmaciones, nos vemos en la obligación de realizar las siguientes puntualizaciones:

-¿Cómo se puede acusar de falta de transparencia a las entidades de gestión, cuando sus cuentas son fiscalizadas por el Ministerio de Cultura y auditadas por consultorías independientes y hechas públicas a través de sus memorias anuales? Decir, por ejemplo, que la remuneración por copia privada se recauda “de forma no transparente” es, sencillamente, mentir.

-La remuneración por copia privada no compensa a “presuntos” autores por “presuntas” obras, como se dice, sino a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual por las copias que se hacen de sus creaciones en el ámbito doméstico. La copia privada es una institución que existe desde hace más de cuarenta años en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea.

-Insinuar que la regulación por ley de la copia privada es inconstitucional es olvidar los informes que así lo atestiguan, incluido uno reciente del Defensor del Pueblo. Como afirmar que la reforma de la LPI ha ignorado la directiva europea que transpone es mostrar un claro desprecio hacia los legisladores, de los que se aduce que han despreciado a los consumidores.

-Volver a insistir en la relación entre copia privada y piratería es una argumentación falaz suficientemente desmentida cuyo uso sólo se justifica por el afán de desinformar al lector y al consumidor al que dicen defender. La copia privada es una justa y legítima remuneración que nada tiene que ver con la piratería, que es un delito tipificado en el Código Penal.

-Tildar a las entidades de gestión de antidemocráticas es caer en la más burda de las demagogias. ¿En qué corporación se produce la correlación 1 accionista /1 voto? No hay que confundir el número de votos con el que cuentan los miembros de una sociedad con el funcionamiento democrático de la misma.

-Los derechos de autor, por mucho que les cueste asimilarlo, sí pertenecen a los autores y no a las entidades de gestión, que se limitan a gestionar y recaudar para los autores y por mandato de estos los ingresos que generan sus creaciones por la explotación que de ellas hacen terceros.

-Se afirma que tres resoluciones judiciales han eximido a otros tantos establecimientos públicos del pago a la SGAE. No se añade, sin embargo, que se trata de supuestos muy concretos en los que el órgano jurisdiccional de instancia apreció falta de prueba, además de no entrar a resolver el fondo de la demanda.

-Se alude a cuatro “sencencias firmes” que disponen que los cedés en que se graban los juicios no deben pagar canon. Se le olvida que esas anecdóticas sentencias están recurridas ante el Tribunal Constitucional por no habérsele dado a la entidad de gestión la oportunidad de defender sus legítimos intereses en los procedimientos. Y también que son numerosas las sentencias dictadas por audiencias provinciales a favor de la copia privada.

Por último, quizá no esté de más recordar que la asociación a la que representa uno de los firmantes ha sido condenada, en sentencia definitiva, por injurias a la SGAE.

Antonio Rojas es jefe de Prensa de la SGAE