El Gobierno legislará para poder impedir el acceso a 'webs' ilegales alojadas en el extranjero

El ministro de Industria, José Montilla anunció ayer una Ley de Impulso de la Sociedad de la Información que establecerá los mecanismos necesarios para que se pueda "impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente". La Asociación de Internautas ya ha manifestado su malestar por que el Ejecutivo no haya informado sobre este asunto, "que afecta a la libertad de expresión", al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.

Montilla hizo referencia durante su intervención en el XX Encuentro de las Telecomunicaciones que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a la futura aprobación de una nueva norma para el Impulso de la Sociedad de la Información y del Plan Estratégico de la Industria Audiovisual. El ministro considera ambas iniciativas objetivos prioritarios que su sucesor en el cargo, Joan Clos, "conoce y comparte".

El primer proyecto revisa las reglas de comprobación de validez de la firma electrónica, y obliga a los proveedores de servicios de Internet a informar a los usuarios sobre medios técnicos que permiten la protección contra virus y programas espía, y tipifica como infracción administrativa el incumplimiento por parte de los operadores el incumplimiento de los derechos de los usuarios en el marco de las telecomunicaciones.

La Ley de Impulso de la Sociedad de la Información -cuyo borrador ya está casi cerrado y cuya aprobación está prevista para antes del final de esta legislatura, según fuentes del ministerio- establece además el uso obligatorio de la factura electrónica por personas físicas y jurídicas que contraten con la administración, y obligará a los suministradores de gas, electricidad, agua, servicios bancarios o transporte de viajeros, a facilitar un medio de interlocución telemática a sus usuarios.

Cerrar la puerta a los contenidos ilegales

Otro de los puntos del proyecto de ley, quizás el más polémico y citado en primer lugar por el ministro, se refiere al establecimiento de medidas que permitan impedir el acceso a determinados contenidos o servicios publicados en Internet. Montilla se limitó a señalar que la nueva norma "establece un mecanismo más efectivo para el control de los contenidos a nivel internacional", y desde el ministerio no se dan más datos por el momento sobre cómo se articularían esta medidas ni quién tendrá la potestad de decidir a qué webs no podrán acceder los internautas españoles.

La falta de detalles sobre este aspecto del proyecto no ha sentado bien en asociaciones normalmente implicadas en el desarrollo de leyes para el sector a través del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones. Desde la Asociación de Internautas (AI), miembro de este organismo, su presidente, Víctor Domingo, señala que el Ejecutivo no ha proporcionado información alguna sobre esta iniciativa, algo que considera "una cosa muy seria, pues estamos hablando de libertad de expresión en un medio como Internet".

Domingo explica que la AI se ha dirigido hoy a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para pedir información, "porque no teníamos noticia del proyecto", pero desde el ministerio no se dan más datos que los aportados por el ministro en su intervención de ayer. La Asociación de Internautas teme que se utilice la nueva previsión legal en el marco de la batalla de los derechos de autor, y no sólo para cerrar el acceso a sitios declarados ilegales por alojar contenidos pornográficos o estafas online.

La AI también alberga serias dudas sobre qué organismo podrá decidir sobre los contenidos que se deben dejar sin acceso. "Tendrán todo nuestro apoyo para decretar el cierre de un sitio con páginas bancarias fraudulentas, pero siempre tiene que ser un juez, no puede ser una decisión administrativa", afirma el presidente de la Asociación.