El Parlamento francés modifica la ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a Internet

El Parlamento francés iniciará mañana la reforma de la ley sobre el derecho de autor con el objetivo de adaptarla a la normativa comunitaria y recoger asimismo la influencia de Internet en la difusión de obras.

El ministro de Cultura, Renaud Donnedieu de Vabres, presentó hoy el contenido de esa norma que el Parlamento tramitará con carácter de urgencia (una sola lectura por parte de la Asamblea Nacional)debido a que el Tribunal Europeo de Justicia ha ya llamado la atención a Francia por no aplicar la directiva comunitaria de 2001 sobre el derecho de autor.

El derecho de autor, regulado en Francia desde 1957, implica que la difusión o reproducción de una obra requiere el consentimiento de su autor y en este caso la reforma pretende introducir excepciones, como las copias temporales exclusivamente técnicas ligadas al funcionamiento de internet o las adaptaciones para los que padecen algún tipo de minusvalías.

El texto legitima el control del uso de las obras por medios técnicos de protección, como los sistemas criptados que impiden o limitan la copia de ficheros musicales o de vídeo o el duplicado de CDs, con lo que contribuye a la lucha contra la "piratería".

El ministro Donnedieu de Vabres dijo que la norma busca "un punto de equilibrio" entre la difusión cultural y artística a través de Internet y el derecho de los creadores. "La gratuidad total de la cultura en Internet es un engaño porque la remuneración de los creadores es legítima y necesaria y debe ser preservada en favor de la diversidad", afirmó el titular de Cultura.

Sin embargo, la norma es criticada por diversos sectores, como las asociaciones de consumidores, los sindicatos y las sociedades de gestión de derechos de los artistas.

Su principal queja es que el control de la circulación de obras puede ser llevado a cabo sobre todo por empresarios, ya que la lectura de los ficheros criptados requiere el uso de programas informáticos específicos.

Esos sectores solicitan una especie de "licencia global" que permitiría el intercambio de contenidos culturales con fines no comerciales mediante el pago de un canon.