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Violencia machista
Tribuna

Diez años trabajando en el legado de Soledad Cazorla Prieto

El fondo de becas creado tras la muerte de la primera fiscal de sala especializada en violencia contra las mujeres ha contribuido a cambiar la vida de más de 135 niños, niñas y jóvenes que perdieron a sus madres

Soledad Cazorla Prieto, fiscal de Sala Delegada para la Violencia contra la Mujer, en 2006.GORKA LEJARCEGI (EL PAÍS)

El 4 de mayo de 2015, nos dejó Soledad Cazorla Prieto, la primera fiscal de sala especializada en violencia contra las mujeres. Su trayectoria estuvo marcada por una convicción firme: que la justicia debía mirar de frente a la violencia contra las mujeres. Pero también por una intuición que durante demasiado tiempo no ocupó el lugar que merecía en el debate público: que las víctimas de la violencia machista no eran solo las mujeres asesinadas o maltratadas, sino también quienes estaban a su lado.

Desde el ejercicio de su responsabilidad como fiscal de sala, no tardó en darse cuenta de que los hijos e hijas de las mujeres víctimas mortales de violencia de género no podían ser apenas una nota al pie de los feminicidios. Tuvo muy claro que las vidas de estos niños y niñas tras el asesinato de sus madres debían importarnos. Vidas atravesadas por el trauma, la pérdida y, en demasiadas ocasiones, la precariedad. Menores que no solo habían sido testigos de la violencia, sino también víctimas directas de sus consecuencias más devastadoras. Se tardó demasiado en realizar de forma efectiva este reconocimiento, largamente demandado desde el feminismo, incluso en las estadísticas oficiales. Y cuando se hizo, ya era tarde para muchos.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla nació en 2016 precisamente para responder a esa ausencia. Fruto del compromiso de la familia de Soledad Cazorla y del saber hacer de Fundación Mujeres, no quería ser sólo un gesto simbólico, sino una herramienta efectiva de apoyo y reparación. Diez años después, su existencia ha contribuido a cambiar la vida de más de 135 niños, niñas y jóvenes que, tras perder a sus madres en contextos de violencia machista, necesitaban algo más que reconocimiento. Necesitaban oportunidades, protección y apoyos concretos.

Las becas han permitido sostener trayectorias educativas que, de otro modo, habrían quedado interrumpidas. Han ofrecido estabilidad en momentos marcados por la incertidumbre. Han sido, en muchos casos, un primer paso para reconstruir proyectos de vida dañados desde la raíz. Pero reducir su impacto a cifras sería quedarse en la superficie. Porque lo que está en juego no es solo el acceso a la educación, sino la posibilidad misma de futuro.

La labor del Fondo de Becas no pretende ser sólo asistencial; trata de justicia. De asumir que la violencia contra las mujeres deja un rastro que no termina con cada mujer asesinada, sino que se proyecta sobre todas las personas que convivieron con ellas, dependían de ellas o simplemente las querían. Se trata de reconocer que la protección de estos huérfanos y huérfanas y de las familias que les cuidan no puede depender de iniciativas aisladas, sino de un compromiso sostenido por parte de toda la sociedad y también de las instituciones.

En estos 10 años, el Fondo ha demostrado que es posible intervenir de manera eficaz allí donde antes había vacío. Pero también ha puesto de relieve los límites de una respuesta que, en demasiadas ocasiones, sigue siendo reactiva. La violencia de género no ha desaparecido. Los asesinatos continúan. Y con ellos, nuevas historias de orfandad, desarraigo y vulnerabilidad siguen apareciendo, cada una de ellas con características propias, que debemos atender y reparar.

Sería injusto no reconocer los avances logrados en este periodo: la mejora en las pensiones de orfandad, el refuerzo de las ayudas públicas, la consolidación de derechos específicos en materia de protección. Cambios que han contribuido a visibilizar una realidad durante demasiado tiempo ignorada y a fortalecer la respuesta institucional. Sin embargo, estos avances conviven todavía con lagunas y desigualdades que obligan a no dar por cerrada la tarea. Seguimos teniendo problemas con el reconocimiento de la condición de víctima y el diseño de un sistema de apoyo adaptado a la realidad de las familias que sufren un feminicidio.

Cabe preguntarse, por tanto, si estamos haciendo lo suficiente. Si los mecanismos de protección llegan a tiempo. Si el acompañamiento se mantiene más allá de las primeras fases del duelo. O si, por el contrario, seguimos dejando en manos de las propias familias y de iniciativas como el propio Fondo de Becas, una responsabilidad que debería ser estructural.

Recordar hoy a Soledad Cazorla no puede ser un ejercicio de memoria complaciente. Su legado no se mide únicamente por lo que hizo en vida, sino por lo que somos capaces de sostener después. El Fondo de Becas que lleva su nombre es una de esas formas de continuidad que importan. Hemos querido actuar discreta y eficazmente, con una vocación profundamente transformadora. Pero también tenemos un compromiso reivindicativo sobre lo que aún queda por hacer.

Porque la verdadera medida de una sociedad no está en la contundencia de sus declaraciones, sino en su capacidad para cuidar de quienes quedan. Y entre quienes quedan, los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género siguen necesitando algo más que palabras. Siguen necesitando compromiso, recursos y una mirada que no vuelva a apartarse.

Honrar la memoria de Soledad Cazorla es, en última instancia, asumir esa responsabilidad. Diez años después, esa tarea sigue abierta.

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