La mala gestión del caso de ‘bullying’ en el colegio de Sevilla deriva en ataques a las supuestas agresoras

Las primeras pintadas que aparecieron en los muros del colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla —pocas horas después de que la Junta de Andalucía confirmara que la dirección no había activado el protocolo antiacoso en el caso de Sandra, la alumna que se quitó la vida tras haber denunciado en dos ocasiones bullying por parte de tres compañeras del centro— eran genéricas. Se dirigían a sus responsables y pedían justicia. Después del fin de semana, a esas advertencias —que se han multiplicado— se han sumado los nombres de esas niñas, todas menores de edad, junto al apelativo “asesinas”. Ese señalamiento también se ha trasladado a otros muros, los de las redes sociales, donde distintos perfiles, todos anónimos, han publicado sus fotos, sus apellidos e incluso las direcciones. La Fiscalía de Menores, que ha abierto un expediente de reforma sobre las presuntas implicadas, aún no ha recibido el informe policial con su identificación; en las paredes de su centro y en el ciberespacio, ya han sido condenadas.

“Hay una investigación abierta, no se puede dar por sentado que ellas fueran las responsables del suicidio”, advierte Daniel Valpuesta, antiguo fiscal de Protección de Menores de Sevilla. “El terrible final de la víctima no deja indiferente a la sociedad, y es entendible esa rabia y esa frustración, esa ira que genera que haya podido suceder algo así, pero es importante fijarse en quiénes son los agresores, son menores de edad y es muy fácil colocarles una etiqueta, pero al final eso supone que estamos convirtiendo también en víctimas a los propios acosadores, a los agresores, porque no hay que olvidar que son niños”, indica Benjamín Ballesteros, psicólogo y director técnico de la Fundación Anar, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo y desamparo. Los expertos coinciden en que el suicidio es un fenómeno multicausal, y no hay que confundir el desencadenante con la causa.

Ballesteros llama la atención sobre el perfil de los acosadores menores de edad que arrojan sus propios estudios. “En muchas ocasiones tienen más impulsividad, más agresividad, a veces tienen problemas en su propio entorno familiar, de carácter psicológico, de habilidades sociales, con menos empatía… que provoca que tiendan a agredir a sus víctimas”, indica el psicólogo. “Muchas veces se les demoniza en exceso y en casos como este, con un desenlace tan terrible, la gente necesita buscar un chivo expiatorio, pero muchas veces los propios agresores son víctimas”, añade.

La ley protege a estos menores y prohíbe que se puedan difundir imágenes, datos de carácter personal y, menos aun, que puedan ser sometidos a escarnio público. En el caso de las menores que pueden estar detrás de la muerte de Sandra, quien debería garantizar esa protección es la propia Fiscalía de Menores. “La norma es explícita sobre cómo proceder, el propio artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor obliga al Ministerio Fiscal a intervenir de inmediato, instando a medidas cautelares para detener la difusión, como solicitar la retirada de las imágenes de redes sociales y la limpieza de las pintadas, para proteger a las menores. La Fiscalía puede y debe actuar de oficio, es decir, por iniciativa propia, sin necesidad de una denuncia formal de los padres”, indica Mercedes Rodríguez-Tamayo, abogada del despacho Miranda Asesores, especialista en acoso escolar.

Fuentes de la Fiscalía de Menores indican que el ministerio público no ha actuado de oficio porque aún no se le ha comunicado por parte del Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume) los nombres de las menores implicadas a través del atestado policial. Este diario ha podido conocer que el colegio ha interpuesto una denuncia por las pintadas y que al menos las familias de dos de las menores señaladas también lo han puesto en conocimiento de la Policía. Valpuesta corrobora que, además de los progenitores, el colegio ha obrado bien al poner en conocimiento de la Grume el señalamiento de alumnas de su centro en los muros del edificio.

Durante toda la mañana, una decena de agentes ha estado vigilando el recinto del colegio. Fuentes oficiales indican que se trataba de un dispositivo rutinario de vigilancia. Este diario ha podido confirmar que ha sido la Policía Nacional quien ha solicitado al Ayuntamiento que trasladara al centro al servicio municipal de limpieza para borrar las pintadas. “Estaban los nombres de las agresoras”, indican esas mismas fuentes.

La reacción del colegio

El colegio, que ha rehusado calificar la decisión de la Fiscalía de abrir un expediente de supervisión para evaluar la responsabilidad del centro en el suicidio de Sandra o el informe de la Junta de Andalucía que confirma que no aplicó el protocolo de acoso, como era preceptivo, sí ha publicado un comunicado este lunes en el que pide que “cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio”. La dirección alude a los objetos que unos desconocidos lanzaron el pasado viernes al patio de Infantil al grito de “asesinos”. Las familias se encuentran cohibidas ante el señalamiento que sufren sus hijos solo por llevar el uniforme escolar, tal y como ha podido constatar este diario.

“Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que puedan ser altamente perjudiciales para ellos”, se indica en la nota, en la que en ningún momento hacen referencia al acoso escolar que la madre de Sandra denunció en dos ocasiones o a las otras tres menores que, supuestamente, la acosaban, y mucho menos al comportamiento del centro entonces. “Estamos colaborando con las autoridades competentes que están investigando lo sucedido”, añaden en la nota.

La Fiscalía está estudiando la responsabilidad del centro en todo lo sucedido. Su comportamiento también está siendo evaluado por la Junta de Andalucía, que está a la espera de que la dirección del colegio le devuelva los requerimientos que le envió, depure responsabilidades y les traslade sus actuaciones. En función de la gravedad de los incumplimientos, las Irlandesas de Loreto podrían perder el concierto, tal y como ha advertido la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo.

La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía incoó en el ejercicio 2024 un total de 75 expedientes de reforma —procedimiento penal, como el que ha iniciado ahora el ministerio público en el caso de las compañeras de Sandra, que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito— por acoso escolar. De estos 75 expedientes, en Málaga se concentran 62, seguidos de los seis de Cádiz, cuatro de Jaén y tres en Huelva, pero no consta ninguno en Sevilla. Una ausencia de casos que contrasta con la encuesta que ha realizado Csif entre el profesorado de esta provincia, que indica que el 63,3% de los docentes ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar en sus centros educativos, pero solo el 10% se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia. “Estamos asistiendo a una creciente conflictividad y es fundamental la prevención, aunque, por su puesto, también hay que saber actuar”, señala lena García, presidenta de CSIF Educación Andalucía.

García advierte sobre el alto número de grupos que tienen a su cargo los profesores, lo que impide que puedan atender a todos los problemas. Además, las escasas horas de acción tutorial en Secundaria, que es donde más aumenta la conflictividad, se reducen. En el caso de las Irlandesas de Loreto no falló la falta de preparación o un personal docente desbordado. La dirección conocía los problemas por los que estaba atravesando Sandra desde la pasada primavera y solo después del verano decidió separarla de sus supuestas acosadoras, pero no activó el protocolo, tal y como es preceptivo.

Esa mala gestión ha derivado en unas consecuencias desdichadas, principalmente, para la familia de Sandra —que siempre fue consciente de lo que le sucedía y buscó que se aplicaran los medios para remediarlo—, pero también sobre sus presuntas acosadoras, también menores de edad, y sobre el resto del alumnado, señalados injustamente como cómplices. Los muros del colegio se han limpiado y son limitados, el alcance de las redes sociales es infinito. “La velocidad de difusión, la capacidad de replicación del contenido (viralidad) y el alcance global hacen que, una vez que la información se ha publicado, sea técnicamente muy difícil eliminarla por completo. Por ello, la prevención y la actuación en las primeras horas son cruciales, aunque la erradicación total del contenido sea, en la práctica, casi imposible”, señala Rodríguez-Tamayo. “Eso lo complica todo, por eso es esencial evitar la identificación y tener conciencia de que se trata de menores”, abunda Ballesteros.

Las personas con conductas suicidas y sus familiares pueden llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También pueden dirigirse al Teléfono de la Esperanza (717 003 717), dedicado a la prevención de este problema. En casos que afecten a menores, la Fundación Anar dispone del teléfono 900 20 20 10 y del chat de la página https://www.anar.org/de Ayuda a Niños/as y Adolescentes.