Personas que evitan poner en sus currículos el grado de discapacidad física para que no se les cierren puertas: “Es lo que nos recomiendan, es muy cruel”

Alejandra Valle vive en Bilbao, tiene 34 años. Es bióloga y ha cursado dos másteres, uno en contaminación y toxicología ambiental y otro en sostenibilidad. Es voluntaria en una ONG, no ha conseguido un trabajo nunca; solo prácticas. Tiene baja visión y una discapacidad física reconocida del 65%. Define como “cruel” la situación de discriminación que sufre al buscar empleo e, igual que las otras dos mujeres que han accedido a contar su historia para este reportaje, relata el sinfín de trabas con las que chocan para acceder al mercado laboral. “Yo me desenvuelvo muy bien... Pero fíjate, los reclutadores de trabajo en esto de la discapacidad me han dicho que casi todos piensan que tenemos algún tipo de retraso y que no podemos hacer el trabajo. Hay fundaciones que me han dicho que no ponga en mi CV que tengo discapacidad; sino ‘contratación bajo bonificación’, para que la persona que me vaya a contratar no sepa por qué va a recibir esa bonificación”, cuenta.

Y prosigue: “Es cruel. Tenía coloreada de rosa la presentación de mi CV y otra reclutadora me recomendó quitarlo diciéndome: ‘aquí infantilizan a las personas con discapacidad”. A Valle le duele que, pese a que las empresas con 50 o más trabajadores tienen la obligación legal de reservar al menos el 2% de su plantilla para personas con discapacidad, ese 2% “nunca son ingenieros, ni altos cargos”. “Cada vez que entro a un portal de empleo y voy a la sección de ofertas para discapacitados, de cada 20, 19 son empleos en el sector de limpieza, mozo de almacén o similares”.

En el pleno del Congreso del 9 de septiembre se tomó en consideración una proposición de ley presentada por el grupo socialista y relativa, precisamente, al impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad que pretende “endurecer” la calificación de la infracción por incumplimiento de la obligación legal del 2% para que pase “de grave a muy grave”. Se contempla incluso la exclusión de subvenciones para las empresas que hayan sido sancionadas por no cumplir.

Según el último informe del SEPE sobre el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, las ocupaciones más contratadas son: personal de limpieza (42%) peones de las industrias (16%), camareros (10%) y conserjes de edificios (7%). Valle, además, cita otras cifras facilitadas por el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) de Fundación ONCE según las cuales los jóvenes españoles con discapacidad suponen el 2,7% de la sociedad española y su tasa de empleo es diez puntos menor que la de los jóvenes sin discapacidad. Solo el 3,5% de ellos alcanza la formación superior.

Valle recibe una RGI (Renta de Garantías de Ingresos). “Imagínate si no... El Gobierno invierte mucho en educación para que podamos estudiar, pero después sales a la realidad y no hay trabajo”, lamenta.

Mari Mar Gómez tiene 50 años y una enfermedad crónica que le impide hacer trabajo físico [tiene movilidad reducida y solo visión de un 20% en un ojo, además de todas las articulaciones afectadas y dos hernias discales]. Igual que Alejandra Valle quiere trabajar. Igual que a ella, también le han recomendado en varias ocasiones no incluir el grado de discapacidad en su CV. Se ha formado como coach; es la única salida que ve. “Como el trabajo protegido y el trabajo ordinario apenas han contado conmigo, me he visto en la necesidad de emprender como coach y lo compagino con mi trabajo de colaboración con asociaciones como integradora social. También he empezado a hacer formaciones como docente de habilidades para la vida, inteligencia emocional, etc. Estoy intentando abrirme un camino ahí, el coaching es una herramienta de empoderamiento muy grande, al que no tiene acceso mucha gente y menos cuando tienes diversidad funcional o perteneces a cualquier colectivo vulnerable o en riesgo de exclusión social. Desde ahí, con las asociaciones, es donde trabajo para que esta herramienta pueda llegar a personas que, si no, no podrían hacer uso de ella”.

Recibe una pensión no contributiva cuando no trabaja ―“que es menos de la mitad del sueldo mínimo interprofesional”―. Asegura que, al padecer una enfermedad crónica y degenerativa que “va por brotes” y aunque ahora “está controlada”, han llegado a despedirla de algunos trabajos cuando tuvo que cogerse la baja.

“La realidad es que si buscas trabajo y pones que tienes mi grado de discapacidad [94%], no te llaman. Aunque sea duro que te digan que no pongas tu porcentaje, más duro es que ponerlo te cierre puertas. Yo muchas veces prefiero decir que es un número y que no me representa, porque a mí me representan mis capacidades, lo que puedo hacer, no lo que no puedo hacer. Vas creciendo como persona y vas entendiendo la forma de llevarte mejor contigo misma y con tus circunstancias. Cada uno tiene derecho a definir su realidad como le venga en gana, por eso yo hablo de diversidad funcional, es un término más progresista y que pone el foco en que somos diversos”. De ahí que esté convencida de que “las palabras influyen en el modo en que nos vemos y nos ven”. “Decir persona con discapacidad sigue promoviendo un modelo que prioriza la pena en lugar de la igualdad. Lo que aumenta las desigualdades, los guetos, y el negocio a nuestro alrededor”, asegura.

“Las personas que me aconsejan que maquille mi grado de discapacidad no me ofenden, sé que el prejuicio es real. La diversidad funcional te limita en algunas cosas, lo que no significa que no tengas un montón de capacidades; pero la mirada del otro y la falta de accesibilidad te limita más”, matiza.

Ha trabajo vendiendo lotería, de dependienta, de cajera y como integradora social, en proyectos de ocio inclusivo. Confiesa que a veces siente que ha elegido el camino más largo. “Pero no quiero dejar de trabajar porque considero que soy una persona válida y que tengo mucho que ofrecer. Además, no se puede vivir de mi pensión por invalidez no contributiva. La realidad económica de alguien que llega a tener diversidad funcional de adulto y que ha podido cotizar es muy diferente a la de alguien que tiene diversidad funcional desde la infancia”.

Natalia Petracca tiene 52 años y vive en San Sebastián. Llegó a España por amor desde Uruguay en 2001. En su país se licenció de abogada y trabajó en el Ministerio de Trabajo. “A mí se me junta todo: el edadismo, el ser mujer, extranjera y con discapacidad”, relata. Tiene una discapacidad del 38%. “Sufrí una gran quemadura y se ven las secuelas en la cara, parte del pecho y brazos. Y eso ya te cierra puertas; si pones una fotografía en el currículo ya salta la alarma, y si añades discapacidad, ni te cuento. No te dan ni la oportunidad de hacer una entrevista”, relata.

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Tiene un máster en coaching y mentoring [acreditado por la EMCC] y acaba de crear una asociación para grandes quemados en el País Vasco [Proaktiboa Resiliencia Activa]. Cuenta que lleva años trabajando de operaria en una empresa. “He intentado de todas las maneras acceder a otro tipo de empleo dentro de la empresa y no he conseguido pasar de la mano de obra. No hay ningún impedimento físico para que me cambien de empleo, pero no lo he conseguido”, detalla. Paralelamente, tiene sus proyectos de desarrollo personal, como coach.

“La realidad es que esa obligación del 2% para las empresas me hace pensar que, efectivamente, se sienten obligadas y que cuando emplean a esa persona la ponen donde menos les moleste en ese momento. Ni siquiera se toman la molestia de averiguar qué capacidades tenemos. Duele, porque la diversidad es algo impresionante, que te hace sumar muchísimo. En cambio, al haber prejuicios venimos con una etiqueta puesta”. Y concluye: “Si no nos dan un lugar en el mercado laboral, lo tendremos que crear y sensibilizar a la sociedad. Es necesario un cambio en la mirada de las personas para generar cambios”.