Separar a los niños de sus familias de acogida para que los adopten otras: “Con este cambio, la han vuelto a romper”

Cuando la niña vio a aquellos gigantes en la puerta de su casa, preguntó: “¿Mamá, quiénes son?”. Así llamaba la pequeña de tres años a los adultos. “Tenemos que hablar, cariño”, le respondió Jessica A., mientras la cría le decía que no, intuyendo lo que estaba pasando. Jessica era la madre de acogida de Carla desde que esta tenía cinco meses. En esa casa estaba todo su mundo. Su cocinita de juguete y sus cuentos. Allí le gustaba peinar a sus muñecas, y hasta a su abuelo. Pero todo aquello estaba a punto de desaparecer. La Administración había cambiado la medida de protección: de acogimiento familiar a adopción. Y eso implicaba cambiar de familia.

Jessica, que prefiere no dar su apellido, es maestra de infantil, tiene 36 años y vive en la provincia de Alicante. Carla es un nombre ficticio, para proteger a la niña. Ellas son solo uno de los muchos casos que se ven abocados a una separación que supone otra experiencia traumática para unos niños que ya experimentaron una ruptura con sus padres biológicos, explica María Ferrándiz, asesora jurídica de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf). Se desconoce a cuánto asciende la cifra. Pero sí se sabe que en 2023, según los últimos datos disponibles, 555 menores fueron adoptados en España. Entre ellos habrá quienes pasaran unos meses con una familia de acogida y de ahí saltaran a la adopción. El problema viene cuando los plazos se alargan, algo que sucede a menudo. Cuanto más pequeños y más tiempo pasen con las familias de acogida, mayor es el golpe. Carla estuvo con Jessica entre 2021 y 2024, y en ese periodo incluso se convirtió en hermana mayor de un bebé. Hasta que todo su mundo tuvo que volver a cambiar.

“Si un niño pasa más de seis meses con su familia de acogida y se decide que la mejor opción es la adopción porque es imposible la reagrupación con sus padres biológicos, debería priorizarse a los acogedores, siempre que reúnan las condiciones adecuadas y estén dispuestos”, expone Ferrándiz. Salomé Adroher, directora de la cátedra CUIDAR de la Universidad Pontificia de Comillas, recuerda que “en España venimos de una tradición en la que se ha elevado un muro entre el acogimiento y la adopción. Los equipos técnicos trabajan desde hace muchísimos años con dos procedimientos estancos, las familias tenían perfiles diferentes [los acogedores debían ayudar a la reintegración en la familia de origen; los adoptantes no]”. Pese a que en 2015, cuando Adroher era directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, se reformó la ley de protección jurídica del menor y se recogió “la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten”, esto no siempre se respeta.

Ferrándiz cuenta que el problema se lo encuentran con los niños pequeños, “que son los que quieren principalmente los adoptantes”. No ocurre con niños mayores o con una enfermedad grave o discapacidad. Antón Mouriz, coordinador general de Cora (Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento), afirma que, en esos casos, si la familia acogedora quiere adoptarlos, “nadie pone pegas”. Mouriz defiende que hay que buscar un hogar adecuado para cada niño, no al revés.

Ambas asociaciones están luchando para que las cosas cambien. Ahora mismo, según apunta Ferrándiz, la única ley autonómica —competentes en la materia— que recoge una doble idoneidad (es decir, que pueda haber familias que se ofrezcan tanto a acoger como a adoptar) es la madrileña. En el País Vasco, explica, tampoco se están encontrando casos de menores que estén siendo adoptados y se vean obligados a sufrir una ruptura de la que durante años ha sido su familia. Pero hay más autonomías que están cambiando normativas. “En Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias están trabajando para modificar sus modelos y priorizar a las familias de acogida, y en Castilla y León y en Castilla-La Mancha han anunciado que quieren hacerlo”, prosigue. Aunque “los cambios son lentos y aún hay muchas reticencias a nivel técnico”.

Algo que corrobora Blanca Gómez Bengoechea, profesora en ICADE (Pontificia de Comillas), quien ha estudiado las legislaciones autonómicas. “Hay comunidades que bloquean o dificultan de distintas maneras el tránsito de adopción a acogimiento, como Baleares y Murcia. En Castilla y León lo prohíben, directamente. En Galicia obligan a firmar un compromiso de no adopción de los menores en los contratos de acogimiento. Otras permiten esta transición expresamente o recogen factores que flexibilizan este paso (Asturias, Canarias, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura) y otras no lo apuntan de forma clara, pero tampoco ponen impedimentos (Castilla-La Mancha, Cantabria, Andalucía y Aragón)”, señala. Pero “es muy importante qué ocurre en la práctica, más allá de lo que diga la ley, porque hay lugares en los que, pese a que podría permitirse, no se hace. De ahí que haya comunidades que estén intentando reforzarlo en su normativa”. Ella insiste en que “no puede haber una autopista entre adopción y acogimiento, pero sí un camino”.

Jessica quiso ser madre de acogida desde que tenía 21 años. Se formó para ello. Carla llegó a su vida para quedarse, supuestamente, un año. Fueron tres. “Trabajé mucho con ella el control de emociones. Era muy madura para su edad. La princesita de la casa. Muy risueña, muy inquieta”, dice. En agosto de 2023 supo que la iban a dar en adopción.

El proceso fue largo y doloroso. “Era como una hormiguita luchando contra Goliat”, recuerda Jessica, que acudió a los tribunales. Como ella, también otras familias han recurrido a la justicia. Ferrándiz, quien además de asesora jurídica en Aseaf es la abogada de Jessica, cuenta que ahora mismo tiene cinco casos activos. Por el momento, los jueces no les están dando la razón. “Se centran en los procedimientos, dicen que el acogimiento es una medida temporal, sin entrar en el fondo de la cuestión, que es el interés superior del menor y el derecho de los niños a mantener sus vínculos familiares”, señala. Y cita una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que, en 2010, condenó a Italia por vulnerar el derecho a la vida privada y familiar de una pareja por no haber tenido en cuenta la solicitud de adopción por parte de los padres de acogida antes de darlo en adopción a otra familia.

El pasado junio, casi un año después de que Carla se fuera a vivir con una nueva familia, un juzgado desestimó la demanda de Jessica, aunque reconoció que la Administración “incumplió en cierta manera su deber de velar por el interés superior de la menor”, al no haber “explorado con detenimiento” la posibilidad de que la niña fuera “ofrecida directamente en adopción” a su acogedora. En la sentencia se critica la “actuación obstruccionista” de Jessica, al negarse a colaborar en un plan de transición para que la pequeña pasase a vivir con la familia adoptiva. Pero ella, decepcionada con el fallo, se defiende: “Estaba esperando porque pedimos medidas cautelares, por eso dije que sin una orden judicial no se iría de casa”. Dado el tiempo que la niña había pasado en su nuevo hogar, el juzgado decidió no volver a trasladarla. Jessica ha recurrido, convencida de que el daño a la cría es inmenso. “La niña estaba sanando todas sus heridas y con este cambio de familia la han vuelto a romper”.

Algo de lo que alertan los psicólogos. “Para un niño de dos o tres años que se ha criado con una familia de acogida, sus padres verdaderos son sus acogedores, porque el vínculo tiene que ver con el cuidado, el trato y la interacción. Los vínculos son realidades socioemocionales, no biológicas”, señala Javier Múgica, psicólogo especializado en adopciones y acogimiento. “La estructura del apego se genera en los tres primeros años de vida. Y para construir un apego sano necesitamos estabilidad y continuidad”, explica.

Jesús Palacios, catedrático de Psicología en la Universidad de Sevilla, apunta que “el viejo concepto era la cirugía rápida y limpia: si el menor tiene que cambiar de familia, que lo haga cuanto antes y no vuelva a tener ningún contacto”. Cuando debería seguir habiéndolo, junto a una buena transición. Por ello, anima a cambiar las prácticas profesionales, además de las leyes. Él insiste en que en protección de menores “hay que evitar automatismos”, estudiar caso a caso siempre porque hay situaciones en las que la adopción no es posible. Ha pasado más de 30 años trabajando en temas de acogimiento y adopción y defiende que deben seguir existiendo familias que acojan de urgencia a los niños, durante un periodo corto, especialmente cuando son bebés, para que luego puedan pasar a una medida de protección definitiva. Pero para ello es fundamental cuidar los tiempos. Algo que muchas veces no sucede.

Jessica no ha vuelto a ver a Carla. Cuenta que la niña llegó con “una herida primal muy activada”. Necesitaba “mucha paciencia, mucho control de emociones, mucha autorregulación”. Por ello se lleva las manos a la cabeza cuando piensa en cómo ha podido afectarle semejante cambio de vida. El otro hijo de Jessica, el biológico, tenía un año y tres meses cuando Carla se marchó y no entendía que su tata ya no estuviera. Quería ir a buscarla. Ahora Jessica está intentando conseguir visitas.