La adopción en España, trámites largos y requisitos exigentes: “Nunca sabes cuándo va a acabar la espera”

Cristina Calderón está esperando desde hace años la llamada que la convierta en madre. Una foto acompañada de un nombre, y su vida dará un vuelco. Ella y su pareja, Joan Manel Argüelles, de 46 y 43 años respectivamente, quisieron tener un hijo y no pudieron. Así que optaron por la adopción hace ya cinco años y medio; hicieron el curso formativo, se sometieron a una evaluación para que la Administración los declarara aptos. Eligieron Haití e iniciaron los trámites. “Quizás de aquí a tres meses o medio año haya, por fin, una asignación”, añade esta barcelonesa. Cuando eso se produzca empezarán a conocerse, durante unos meses con videollamadas, hasta que puedan viajar para recoger a su hijo. “Yo hubiese hecho ya mil cosas, pero no sé si vamos a tener un niño o una niña, ni su edad. Cuando lo sepamos, y descubramos qué colores y qué dibujos le gustan, prepararemos todo. Tengo la sensación de que, desde que lo asignen, voy a cuidarle ya desde aquí”.

En España, al final de 2021 había 1.437 familias que habían sido declaradas aptas para adoptar en el extranjero y que estaban esperando la asignación que tanto anhelan Cristina y Joan Manel, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. Otras 1.572 familias aguardaban por lo mismo para hacerlo en España. Es posible que haya personas inscritas en ambas listas, pues los dos procesos son compatibles.

Teniendo en cuenta que en 2021 hubo 171 adopciones internacionales y 675 nacionales, se puede concluir que hay más familias queriendo adoptar que menores para ser adoptados. Las preferencias se inclinan por niños y niñas pequeños, de hasta tres años (a nivel nacional, en 2021 fueron más de la mitad de todas las adopciones), y que estén sanos (cuando hacen su ofrecimiento, las familias deben especificar las edades y características —por ejemplo, si padecen enfermedades,...— que se ven capaces de acoger). Es más difícil encontrar un hogar para quienes tienen una discapacidad grave, son mayores o forman parte de grupos de hermanos. Aun así, muchos de los niños que se adoptan tienen necesidades especiales. Por ejemplo, en Andalucía el 70% de las guardas con fines de adopción (figura transitoria hasta el el juez dicta una sentencia de adopción) concedidas el año pasado fue de menores con estas características.

“Si una familia se ofrece para adoptar a un bebé sano, hay listas de espera de hasta nueve años”, estima Ana Linares, coordinadora general de Cora, que agrupa a 19 asociaciones de familias adoptantes y acogedoras en España. Depende de la comunidad autónoma de la que se trate, pero son procesos largos. “Si el ofrecimiento es para menores con necesidades especiales, por ejemplo, un grupo de tres o cuatro hermanos, los tiempos se acortan”, añade. Linares explica que muchas familias recurren a esta opción al no poder tener hijos biológicos, pero matiza: “Esta es una medida de protección. Los niños tienen una historia, tienen derecho a conocer sus orígenes. Muchos vienen de entornos desestructurados, o de embarazos en los que no hubo cuidados adecuados. Las familias tienen que ser conscientes”. Los menores y sus necesidades están en el centro del proceso, ellos y su derecho a crecer en una familia, y no el deseo de los padres de tener hijos.

No hay una cifra exacta de cuántos menores en España están a la espera de ser asignados a una familia adoptiva. Preguntadas 22 administraciones (autonomías, diputaciones forales y consejos insulares competentes), hay al menos 125 (en algunas regiones no hay ninguno, como en Aragón o Navarra). Aunque probablemente la cifra ronde los dos centenares, teniendo en cuenta que una comunidad desconoce el dato (Galicia) y que otras no disponen del número actual, aunque sí de años anteriores: a final de 2022 eran 32 en Asturias y cinco en Canarias, y a final de 2021 había 75 niños esperando en Castilla y León.

“Es doloroso pensar que puedes estar excluyendo a un niño [por tener necesidades especiales, como una discapacidad grave], pero hemos de ser muy sinceros y decir qué nos vemos capaces de afrontar, de lo contrario, tampoco sería bueno para los niños”, afirma Cristina Calderón.

Ella también recalca que los niños tienen que estar en el centro del proceso y que los menores adoptados se han enfrentado a la adversidad desde pequeños. “Cuando nace un hijo biológico, conoce la calidez del abrazo, el saber que alguien le quiere mucho. Pero a estos niños el abandono les ha pasado y esto marca de alguna manera. Tenemos que demostrarles que con nosotros eso no les va a volver a pasar”, dice. Así se prepara para el futuro. Mientras, aguarda. “Es la espera que desespera, como digo yo. Nunca sabes cuándo va a acabar. Hace muchos años que queremos esto. Seguimos con nuestra vida y, si termina pasando, será fantástico. Ver a otros en nuestra misma situación ayuda”, sostiene. Ella forma parte de la Asociación de Adoptantes en Haití, que un grupo de familias constituyó en 2020 después de que el Gobierno decidiera cerrar la posibilidad de que nuevas familias adoptaran allí, debido a la inseguridad del país. “A nosotros no nos afecta, pero queremos que se reabra el país”. Algo que Derechos Sociales no contempla, aunque no descarta revisar la situación en el futuro, “si se produjera una mejora”.

La adopción se regula en el Código Civil. Los adoptantes deben ser mayores de 25 años, tener una diferencia de edad de al menos 16 años con el menor y, como máximo, de 45. En caso de que sea una pareja la que se embarca en este proceso, al menos uno de los dos miembros debe cumplir estos requisitos. Todos deberán ser evaluados para certificar su idoneidad. Se “requerirá una valoración psicosocial sobre la situación personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, así como su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus singulares circunstancias”. Las comunidades autónomas, competentes en la materia, son las encargadas de certificar esta idoneidad. Fuentes de Derechos Sociales precisan que, aunque puede haber pequeñas variaciones entre autonomías, por ejemplo en el número de horas de las sesiones formativas o en los plazos, todas cuentan con las mismas fases: información, formación, valoración y resolución.

Cataluña es una de las comunidades en las que más familias se ofrecen para adoptar. “En la sesión informativa se explican los perfiles de los chicos y chicas susceptibles de ser adoptados, qué requerimientos hacen los países, por ejemplo, si exigen que las parejas estén casadas o si aceptan familias homosexuales”, apunta Josep Maria Forné, director del Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción. “Pasada esa primera sesión, si las familias deciden continuar, deben rellenar un formulario en el que especifican la edad de los niños que quieren adoptar, si aceptan grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, que pueden ser discapacidad física, psíquica o trastorno de conducta”, continúa.

El proceso se adapta al tipo de adopción, si es nacional o internacional, o si las familias se ofrecen a acoger a niños con necesidades especiales, explica Forné. “La formación consta de cuatro sesiones de una hora cada una, espaciadas por una semana entre ellas. Aquí se explican experiencias, se hacen juegos de rol… Si se sigue adelante, viene la valoración. Nosotros tenemos instituciones colaboradoras de integración familiar, que como mínimo realizan dos entrevistas, una de ellas en el domicilio. Las entidades hacen un informe y un comité técnico de la Administración lo estudia y certifica si efectivamente existe esa idoneidad. Este proceso dura un año y medio aproximadamente”, señala. Luego, una vez declarados aptos, toca esperar. A los tres años, ha de renovarse el certificado de idoneidad. Forné recalca que además deben tenerse en cuenta otras cuestiones: los niños que se adopten siempre tienen que ser más pequeños que los hijos biológicos, como ocurriría en cualquier familia con la llegada de un niño nuevo. Y cuando se tiene un hijo biológico, el proceso para adoptar se para durante un año. En resumen: “Lo que hacemos es encaje de bolillos: cruzar las necesidades de los niños con las de las familias”.

Cuando Cristina Calderón y su pareja quisieron inscribirse en la lista de adopción nacional en Cataluña, estaba cerrada: había tantas parejas inscritas, que la Administración decidió hacer una suspensión transitoria. Por eso optaron por la adopción internacional. Estas últimas han caído en picado en los dos últimos decenios. En 2004 se alcanzó el máximo, con 5.541, cuando España era el segundo país del mundo con mayor número de adopciones tras Estados Unidos, según recalca Beatriz San Román, profesora del departamento de psicología social de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del grupo Afin. La bajada hasta las 171 de 2021 ha sido del 97%. En ese mismo periodo, la situación de las nacionales fue mucho más estable, la disminución ha sido del 18%. El objetivo del sistema de protección, es decir, cuando la Administración asume la tutela de un menor, es que vuelva con su familia biológica, siempre y cuando pueda repararse el problema que llevó al niño a estar en desamparo. Solo cuando se agotan esas posibilidades un niño puede ser adoptado.

Consuelo Ibarra trabaja en adopción internacional. Es abogada en Cune, que agrupa a cuatro organismos acreditados para estas adopciones, son entidades que median entre las familias y los países de origen de los niños para facilitar los trámites, como envío de documentación, traducciones, etcétera. “La adopción internacional es una medida subsidiaria, de último recurso, así que los países de origen intentan que los niños se queden en su familia biológica y, si no, en adopción nacional. En los últimos años, los países donde más adopciones había, como China, Rusia, Etiopía, han ido modificando sus políticas sociales para favorecer la adopción nacional frente a la internacional”, añade. El coste del proceso para las familias puede oscilar entre los 15.000 y los 30.000 euros. “Para niños de hasta cuatro años en un estado de salud recuperable, el tiempo de espera pueden ser unos cuatro años”, prosigue.

Benedicto García, vicepresidente de la asociación Atlas y activista de la adopción, señala que en los años del bum “se detectaron irregularidades”, aunque afirma que ahora España es “uno de los países con legislación más avanzada y garantista”. Cuenta que la creencia de que el proceso es farragoso es errónea. “Hay que esperar, porque somos muchas más las familias que los menores que se pueden adoptar, pero ese es un éxito”, insiste. Él, ingeniero de telecomunicaciones de 62 años, y su mujer adoptaron en India a una niña que hoy tiene 27 años, y en España a un niño que ahora tiene 24.

Vandita García es su hija. Es trabajadora social y está empleada en un servicio de intermediación familiar llamado Aparaná que atiende a menores adoptados y acogidos. “A las personas que van a ser adoptadas no se nos prepara adecuadamente, el cambio es enorme y se espera que nos adaptemos bien”, explica. Recalca que “es preciso un tipo de crianza que implica reparar” y que la sociedad no está preparada. Reclama más formación. “No se puede generalizar, no todos los casos son graves, pero tampoco todo es algodón de azúcar. Hasta hace muy poquito no hemos ligado trauma y adopción, nos hemos quedado con una visión de que la adopción es amor, y no solo es eso, es una medida de protección para menores que tienen derecho a tener una familia”.