Al menos 125 detenidos por compartir pornografía infantil en Telegram

La regla 34 de internet dice que si algo existe hay porno de ello. Y foros de la aplicación de mensajería Telegram eran, hasta hace apenas un año, verdaderos muros que no dejaban ver quién estaba compartiendo estos contenidos. Bajo esa premisa, la Policía Nacional puso en marcha en 2017 una operación policial en busca de pornografía infantil que se ha dado por terminada con al menos 125 detenidos, la mayoría en España. La investigación ha detectado a 900 usuarios en todo el mundo que estaban compartiendo pornografía infantil en 74 países de los cinco continentes. Muchos de esos territorios han continuado las pesquisas, por lo que el número de detenidos podría ser superior.

La detención en Francia hace un año del fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, por cargos que van desde el blanqueamiento de crímenes a complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, dio un giro a la relación que esta compañía tiene con las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, según aseguran fuentes policiales. Antes de ella, todas las reclamaciones de información relacionadas con los grupos y canales de pornografía infantil se rechazaban. Su estandarte era la “poca colaboración”, añaden. Los grupos en los que se compartían estas imágenes de menores que sufrían abusos sexuales, cuya simple tenencia ya es delictiva, se borraban o los usuarios redirigían a los integrantes a otros grupos y canales.

Ante esta situación, los agentes del Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia comenzaron la Operación Telón de Acero, en la que emplearon diversas técnicas de ciberpatrullaje, además de otros recursos que prefieren no precisar. Las pesquisas fueron lentas y laboriosas por las dificultades para sacar del anonimato a los miembros de esos grupos y canales y con el paso del tiempo fueron dando resultados.

Según la memoria de la Fiscalía de 2018, en el primer año identificaron 20 miembros de la red de distribución de pornografía en 12 provincias españolas y también obtuvieron datos para localizar a “un número importante” de personas, también participantes en la red y que vivían en 41 países. La fiscalía reconocía entonces que las nuevas técnicas de intercambio de pornografía infantil, entre los que incluía los sistemas de mensajería instantánea y grupos y canales privados eran “mucho más difíciles de penetrar” y “complicaban extraordinariamente” la investigación, por lo que era necesario utilizar “técnicas especiales” como operaciones encubiertas o registro remoto de sistemas. Su ejemplo fue la Operación Telón de Acero.

Desde la casa del abuelo

De los 125 detenidos, alrededor de un centenar fueron arrestados en España. Tres eran menores de edad, de 17 años, 16 años y 13 años, este último inimputable, y otros dos “multirreincidentes”, según las fuentes policiales. También había un sacerdote entre ellos. Uno de los menores no se conectaba en su domicilio, sino que tomaba la precaución de compartir estos contenidos desde la casa de su abuelo. El resto de los arrestos se produjeron en Italia, Austria, Suiza o Andorra.

En estos grupos y canales, sus integrantes se intercambian material pornográfico infantil sin que haya una compensación económica. Hablan con nombres en clave, sobre lo que están buscando y lo que tienen, y algunos comentarios son más explícitos. Suelen utilizar la expresión caldo de pollo, un juego de palabras con las siglas CP que hace referencia a Child Pornography (pornografía infantil, en inglés), u otras expresiones que utilizan esas letras; también se usan siglas para hacer alusión a las imágenes de sexo explícito con menores.

“Es un delito tan grave que la mera visualización está penada”, explica el subinspector Eduardo Casas, del grupo de Protección al menor. Las penas suelen girar en torno a los dos años cuando el investigado es juzgado la primera vez, pero con la reincidencia, se elevan hasta los nueve años, en los casos más graves.

Desde el arresto de Dúrov, en agosto de 2024, la plataforma ha empezado a responder los requerimientos de información y los agentes españoles han detectado que el grueso de los investigados se han ido a otras plataformas. “Han bajado mucho los contenidos”, aseguran las fuentes consultadas. En la actualidad la colaboración es “bastante ágil”, por lo que la operación se dio por cerrada en verano.

En los primeros meses del año, Telegram ha atendido 929 solicitudes de información de dirección de IP y números de teléfono tramitadas por autoridades españolas, según informa la empresa en su apartado de transparencia. Estas reclamaciones, que afectan a 2.002 usuarios, se procesan según el apartado 8.3 de su política de privacidad que avisa de que se divulgarán estos datos a las autoridades correspondientes si reciben “una orden válida” que confirman que es sospechoso de un caso que involucre actividades delictivas.

En 2024, se abrieron 685 procedimientos judiciales contra la libertad sexual sobre delitos de pornografía infantil o discapacidad a través de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que suponen un 2,53% del total de delitos informáticos, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado. De acoso a menores a través de TIC hubo 186 causas y de otros delitos contra la libertad sexual 326.