El Gobierno licitará de nuevo el contrato de las pulseras antimaltrato para incluir “mejoras”

Este lunes, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha asegurado que el contrato para gestionar las pulseras antimaltrato volverá a licitarse “para incluir mejoras” y que lo hará “en unos meses”. Ese “en unos meses” es una franja de tiempo que marca, en realidad, el momento que toca para abrir la licitación, ya que el último contrato se firmó en noviembre de 2023 y el anuncio de ese contrato marca una duración de 30 meses. En principio, si no ha habido ningún cambio ―o si lo ha habido y no se ha hecho público―, la alianza con Vodafone y Securitas acaba en mayo de 2026, y sin opción a prórroga, según la información pública disponible.

El último, que ganó la telefonía, fue abierto por procedimiento de urgencia en julio de 2023, se adjudicó en octubre de aquel año y se firmó el contrato en noviembre. Con o sin polémica por los fallos en el sistema que se han conocido en los últimos días esa licitación tiene que ser abierta. Preguntado el Ministerio de Igualdad por si, en algún caso, van a adelantar el procedimiento o cuándo va a ser abierto exactamente, por el momento no ha respondido. Tampoco lo ha hecho a si subirá la oferta, que en 2023 fue por un valor estimado de 45,4 millones de euros.

Tras ese anuncio, enviado en un comunicado en vídeo por el canal de Telegram del ministerio y afirmado poco después en una entrevista en La Sexta, Redondo ha insistido en que el sistema de protección de las víctimas “funciona”, los “jueces confían cada vez más en él” y “ninguna mujer ha sido asesinada” cuando tenía asignado uno de estos dispositivos del centro Cometa.

Durante los últimos días, fuentes cercanas a ese centro han explicado a este diario los múltiples fallos a los que, sobre todo durante el año pasado, tuvieron que hacer frente: desde la posibilidad de los agresores de quitarse la pulsera sin que salte ninguna alarma, la “imprecisión geográfica”, o alguna cuestión que, según redactaron en un informe, incluso “contraviene” cláusulas del pliego de concesión del contrato.

Son, además, cuestiones que aseguran “se habían trasladado repetidamente a las responsables, a diario y en reuniones, y en correos electrónicos”; y a su vez, una responsable de ese centro también aseguró a este periódico que algunos de esos informes habían sido enviados a Delegación [del Gobierno contra la Violencia de Género], que es de quien depende Cometa.

“Mejoras técnicas”

Entre las mejoras “técnicas” que Igualdad quiere incluir en la nueva licitación está la creación de “una plataforma de datos” para que la información pueda estar disponible; también preguntado por esta y el resto de mejoras a las que se refieren, desde el ministerio aún no han ampliado ninguna información.

La ministra ha admitido que ha habido incidencias y “disfunciones”, pero no ha concretado, en todos estos días, cuál es la magnitud del problema. O a cuántas víctimas o durante cuánto tiempo existió el vacío en el histórico de los movimientos de los agresores (todo lo anterior al 20 de marzo de 2024), por el volcado de información de Telefónica a Vodafone cuando se produjo la migración. Un problema que la Fiscalía General del Estado incluyó en su última memoria anual, afirmando que había habido “una gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos provisionales en procesos judiciales por quebrantamiento de condena.

En esos casos, el registro histórico de las pulseras se perdió temporalmente, y con él, una prueba del potencial quebrantamiento. Desde entonces, se han destapado numerosos fallos en el sistema que han llevado a la oposición a pedir la dimisión de la titular de Igualdad.

“Hemos solicitado a la Fiscalía el dato, le hemos pedido que concrete la opinión vertida en la Memoria”, ha dicho Redondo, que ha afirmado también haber descartado dimitir por esta polémica: “No, porque hemos hecho un excelente trabajo”. Y ha insistido en que las pulseras “han funcionado y funcionan absolutamente y correctamente” y que las mujeres “nunca, nunca han estado en riesgo”.

En el vídeo, difundido tras enviarlo por el canal de Telegram en redes sociales, Redondo ha criticado también a la oposición por emplear este asunto como “ariete político contra el Gobierno” simplemente “para ganar un puñado de votos”, algo que ha calificado de “ruin, mezquino y absolutamente injusto”. Ha denunciado, además, que esté alarmando con “bulos y mentiras”, “lo último que las víctimas necesitan”.