Las víctimas de Bolivia denuncian que el borrador del concordato fomenta la impunidad de la pederastia en la Iglesia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

───────────

Un acuerdo para la impunidad. Así define la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de pederastia el borrador del Acuerdo entre la Senta Sede y el Estado Plurinacional de Bolivia que ambas partes prevén firmar próximamente. Son varios los artículos que, en el caso de que se aprueben, afectarán negativamente a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito clerical y a las futuras investigaciones de la justicia en estos casos. Todo gira en torno al compromiso del estado boliviano de proteger los archivos eclesiásticos. Es decir, que las cartas y documentos de traslados de pederastas que hasta ahora han servido para destapar numerosos casos y su encubrimiento serán inaccesibles. El acceso a los registros clericales ha permitido, entre otras cuestiones, que salgan a la luz reportajes como el diario de un cura pederasta, publicado por este periódico, que impulsó a su vez una reforma de la normativa sobre la prescripción en el país y que la Fiscalía boliviana iniciara una investigación de oficio contra estos delitos. En esos archivos secretos la policía encontró pruebas de cómo la Compañía de Jesús española protegió a varios pederastas y trasladó como misioneros con el conocimiento y permiso de la curia general de la orden en Roma. La asociación de víctimas ha enviado este miércoles una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Parlamento, al Senado y al presidente del Gobierno, Luis Arce, donde les insta “a renegociar este marco con base en principios de transparencia, equidad y protección de derechos humanos”.

Así aparece contemplado en el borrador del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico: “El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce, protege y respeta la inviolabilidad de los archivos, registros y documentos pertinentes a la Conferencia Episcopal Boliviana, a las curias episcopales, a las curias de los superiores de los Institutos y Sociedades de Vida Consagrada y a los demás organismos, entidades y dependencias de la Iglesia católica”. La asociación de víctimas ha publicado un comunicado este jueves para arremeter contra el concordato. “El Gobierno estaría poniendo un muro infranqueable para investigar y esclarecer denuncias de abuso sexual y otros perpetrados por cualquiera de sus miembros. Las congregaciones religiosas han usado sus curias para esconder, incurriendo en encubrimiento, pruebas de abuso sexual eclesial”, dice la nota.

La asociación recuerda que, gracias a la investigación del EL PAÍS, la Fiscalía “confiscó más de 12 mil páginas de documentación y evidencia de los ultrajes” perpetrados por una docena pederastas. Entre los que se encuentran los jesuitas españoles Alfonso Pedrajas, Lucho Roma, Luis Tó, Francesc Peris, Antonio Gausset y Francesc Roma. Todos son casos destapados en exclusiva por este diario. “¿Va a facilitar el Estado que las pruebas contra pederastas sean impunemente escondidas en entidades de vida religiosa? Sometimiento de un Estado-imperio-colonial a un estado-colonia sin dignidad”, añade el comunicado de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.

La posible firma del acuerdo choca con la declaración de intenciones del presidente Arce cuando estalló el escándalo de la pederastia clerical en Bolivia en mayo de 2023. Entonces, escribió una carta al Papa para solicitarle todos los archivos sobre los casos de abusos cometidos por clérigos en el territorio boliviano y le advirtió de que se reservaría el derecho de admitir el ingreso de nuevos curas extranjeros con antecedentes de abusos sexuales contra menores hasta que “se proceda con la revisión” de los Acuerdos con la Santa Sede. Francisco no envió ningún documento y en el borrador del nuevo concordato, el estado plurinacional, lejos de poner trabas en este tema, ofrece facilidades: “Los obispos podrán invitar a ministros ordenados, fieles consagrados y laicos extranjeros a prestar servicios pastorales en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas. A tal efecto, las autoridades bolivianas les concederán las permanencias, los visados correspondientes, facilidades para el ingreso y salida, además de la excepción del pago de las tasas migratorias”.

Las víctimas también proponen que se cambie el artículo sobre el secreto de confesión, para que se levante en “los delitos señalados en el ordenamiento jurídico nacional, particularmente los de abuso sexual infantil y contra personas vulnerables, en cuyo caso debe imponerse, al confesor y a la orden religiosa, como está previsto en la legislación, la obligación de denunciar”. Del mismo modo, piden que se modifiquen las partes del texto para “exigir que todo personal de la Iglesia católica, especialmente relacionado con la educación de niños, ancianos y personas vulnerables, presente, obligatoriamente, antecedentes penales y apruebe pericias psicológicas del Estado, antes de que se autorice su incorporación, para evitar abusos sexuales”. Cabe destacar que la mayoría de los casos en Bolivia sucedieron en colegios y cometidos por clérigos que trabajaban como profesores o ejercían como supuestos enfermeros.