La Fiscalía italiana presenta un escrito de procesamiento contra el ex de Juana Rivas como presunto autor de un delito de maltrato a sus hijos
El hermano mayor, que vive con la madre, pide ayuda: “Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro”
El caso Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que en el verano de 2017 se negó a entregar a sus dos hijos, entonces menores de edad y que estaban pasando las vacaciones con ella en España, a su padre, Francesco Arcuri, que vivía en Italia, ha dado un nuevo giro judicial —el enésimo―, en este caso en los tribunales italianos. La Fiscalía de Cagliari ha decidido procesar a Arcuri por ser el presunto autor de un delito de malos tratos a los niños, uno de los cuales, el pequeño, Daniel, de 10 años, vive actualmente con él. Paralelamente, sigue pendiente que un tribunal de Cagliari revise la sentencia que en marzo de 2023 ordenó que cada uno de los hijos quedara bajo la custodia de cada uno de los progenitores. El mayor, Gabriel, que ya tiene 18 años y vive con Juana en Maracena desde 2022, ha remitido una carta al Ministerio Público italiano advirtiendo del riesgo en el que se encuentra su hermano, que reside con Arcuri. “Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro”, dice el escrito facilitado por los abogados de Rivas.
De acuerdo con la Fiscalía de Cagliari, que lleva investigando la denuncia por malos tratos desde 2022, Arcuri sería el presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 572. 1 y 2 del Código Penal italiano, y de lesiones con secuelas físicas o psicológicas, recogido en el artículo 582. Por “haber maltratado a sus hijos menores, sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, injurias y amenazas, generando en ellos graves estados de ansiedad y temor por su seguridad”, un hecho “agravado por afectar a menores”. En declaraciones a Europa Press, la representación legal en España de Francesco Arcuri afirma que la justicia italiana no le ha notificado “absolutamente nada” y ha negado “firmemente” las acusaciones de maltrato.
En el escrito, facilitado por los representantes de Rivas, describe una sucesión de conductas violentas como “golpes en la cabeza, bofetadas”, empujones “contra la pared, o tirándoles con fuerza al suelo, estrangulando su cuello con las manos hasta impedir la respiración”. Agresiones verbales: “Les insultaba diciéndoles que eran gusanos asquerosos como su madre, que no valían nada, les llamaba hijos de puta”. Castigos: “Como encerrarlos durante horas en una habitación sin comida y obligarlos a dormir en el suelo”, o amenazas y acosos como impedir “que hablaran con su madre por teléfono y comportándose de manera violenta y ofensiva cuando pedían hablar con su madre”.
Esas conductas, continúa el escrito de la Fiscalía, se tradujeron en un “trauma contusivo en la muñeca derecha”, causada a Gabriel, “esquimosis” y “moraduras” en las piernas, rodillas, tibia o espalda, provocándole “leve lumbalgia y podalgia izquierda”, todas contrastadas con informes médicos. Los hechos se circunscriben desde “el 6 de febrero de 2019 hasta junio de 2022 hacia Gabriel (fecha en la que se concede la custodia a la madre) y al menos hasta enero de 2023 hacia Daniel”, de acuerdo con el documento.
Esta imputación es la primera causa penal que se sigue con Arcuri en Italia. Las primeras denuncias interpuestas por Rivas datan de febrero de 2019, pero fueron archivadas. “Se solicitó la revocación del fiscal y en mayo de 2022 se volvió a reabrir la investigación”, explica a este diario Paqui Granados, una de las asesoras que ha acompañado desde el principio a Rivas.
También en Italia sigue pendiente la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Supremo de ese país el pasado mes de abril, en el que atendía el recurso de casación presentado por Rivas contra el Tribunal de Apelación de Cagliari que, en marzo de 2023, denegó la custodia del hijo pequeño a su madre. Los magistrados entendieron que esa sentencia no era razonable porque no se consideró las consecuencias de “la interrupción del vínculo” entre los hermanos ni el interés superior del menor. La defensa de la maracenera denuncia que ese proceso sigue estancado. “No puede juzgarlo la misma sala de Familia que dictó la anterior sentencia, pero como en los juzgados de Cagliari no hay otra, lo está llevando la sala de lo Mercantil, sin conocimiento en materia de Derecho de Familia”, asegura Granados.
Ante esta coyuntura, los representantes de Rivas han hecho un llamamiento para que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de Daniel, que ahora tiene 10 años y sigue viviendo con su padre. “Este equipo jurídico quiere manifestar su máxima preocupación ante el hecho de que un menor se vea obligado a seguir viviendo con su padre tras la existencia de un proceso penal abierto por maltratarle y, en cuya instrucción, se ha concluido que hay pruebas más que suficientes para imputarlo y, proceder, por tanto, a la apertura de juicio penal contra él”, indican en un comunicado trasladado a los medios. “Hemos transmitido esta petición y se ha pedido la protección por todas las vías procesales, también a la Fiscalía española. Hay mecanismos de coordinación internacionales y europeos para impulsar su llegada a España”, indica Granados.
Secuelas psicológicas
En ese contexto de intranquilidad por la seguridad de Daniel se enmarca la carta, fechada el pasado 10 de octubre, que ha remitido su hermano mayor a la Fiscalía italiana. En ella relata las secuelas psicológicas que está sufriendo por consecuencia del maltrato de su padre —”el daño que me ha hecho es incalculable, porque no existe unidad de medida posible para ello”, reconoce—, y muestra su remordimiento por haber dejado a su hermano pequeño con su padre “sin ninguna referencia o figura que pudiera ayudarlo y protegerlo de la violencia que mi padre ejercía sobre él y que yo mismo he vivido en mi piel”.
Gabriel recuerda cómo cuando su hermano se despertaba por las noches llorando y reclamando a su madre, “mi padre lo tiraba de la cama al suelo, lo arrastraba por las escaleras, golpeándolo en cada ángulo, lo encerraba en una habitación con la llave echada…”. Indica cómo él siempre ha contado todas las agresiones ante la Fiscalía, los médicos, los psicólogos, los jueces y se pregunta cómo no se han “adoptado ninguna medida frente a lo que está viviendo”. “Como si no tuvierais suficientes pruebas”, reprocha al Ministerio Público italiano.
El mayor de los hijos de Rivas recalca cómo este verano, después de más de un año y medio sin ver a Daniel, pudo estar con él 18 días en los que le transmitió “el gran miedo y dolor que tiene a causa” de su padre y de su abogado. “Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro”, alerta. “Os pido ayuda, en una semana, en un mes, en un año, podría ocurrir cualquier cosa y no quiero que dejéis pasar por alto esto”, reclama y concluye: “Soy la voz que mi hermano ha perdido”.
Gabriel reitera ese mismo miedo en un vídeo que también han difundido los representantes legales de Rivas: “Él vive con un maltratador a su lado, tiene miedo de expresar esas cosas porque sabe que su padre puede enterarse de esa cosas y amenazarlo. Él se siente en riesgo de muerte. Yo me he sentido así y mi reflejo lo veo en él”.
Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, aunque el Tribunal Supremo de España estimó parcialmente el recurso y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito. Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016. En julio de 2022, el Supremo concedió un indulto parcial a Rivas que conmutó su condena firme por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la obligación de realizar un curso de parentalidad positiva, medida de gracia que no eliminaba sus antecedentes en la justicia italiana.
“Se ha demostrado que en Italia no estaban actuando”, indica Granados al hilo de la petición de procesamiento de Arcuri, que tampoco olvida la situación que Rivas ha vivido en España: ”Aquí miraron para otro lado, acusándola de ser una manipuladora”.
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