Los periodistas que destaparon los abusos del Sodalicio en Perú denuncian una persecución judicial por sus investigaciones a la Iglesia

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Los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas, quienes investigaron los abusos sexuales en la Iglesia, han denunciado este viernes en una conferencia de prensa en Lima que son perseguidos ―mediática y judicialmente― desde el 2018 por el Sodalicio de Vida Cristiana, la organización religiosa ultraconservadora de Perú que en los últimos años ha recibido numerosas denuncias de pederastia, abusos sexuales y de poder. “Ha sido una línea de persecución orientada a abrir procesos judiciales, demandas, investigaciones y ahora procesos penales contra Salinas y Ugaz”, ha dicho Carlos Rivera, abogado de ambos. Sucede después de que la Fiscalía peruana acusara a Salinas de colusión agravada por haber contratado con el Estado en 2017.

El abogado ha explicado que Salinas, coautor del libro Mitad monjes mitad soldados sobre abusos sexuales del Sodalicio de Vida Cristiana, es considerado por la Fiscalía como cómplice de colusión agravada (haber defraudado los intereses económicos del Estado) por haber contratado con el Ministerio Público, en noviembre del 2017, para realizar una asesoría en comunicación al fiscal Pablo Sánchez Velarde. Esta tuvo un coste de 17.000 soles (4.200 euros). Sin embargo, Rivera ha asegurado que “la consultoría fue realizada en términos regulares y ejecutada con éxito”.

Como Salinas y Ugaz, quienes han asegurado que detrás de toda esta persecución están representantes del Sodalicio, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), organización que promueve el periodismo de investigación y la libertad de expresión en América Latina, ha emitido un comunicado este jueves donde cuestiona la última acusación contra Salinas: “El IPYS ha seguido el caso porque podría constituir una represalia contra la labor periodística de Salinas”.

En la conferencia de prensa, Salinas ha dicho que todo forma parte de “una campaña de acoso contra los principales periodistas que han investigado al Sodalicio”. Ha añadido que la persona que impuso la denuncia por colusión agravada es un allegado al grupo religioso que ya ha interpuesto otras denuncias contra él. “Para nosotros no existe evidencia de que se haya coludido con los exfuncionarios [del Ministerio Público] ni que se haya tenido una voluntad delictiva”, ha indicado el abogado.

Paola Ugaz, coautora del libro, también ha sido víctima de querellas y denuncias. Rivera ha indicado que se le abrió una investigación por lavado de dinero que fue archivada, pero inmediatamente se le abrió otra por enriquecimiento ilícito, por los mismos hechos. Aunque algunas de las investigaciones se han cerrado, “el resumen es que a noviembre del 2024 ambos mantienen una condición de investigado por el sistema de justicia”, ha dicho el abogado.

Ugaz ha recordado que fue ella la primera periodista a la que se le levantó el secreto de comunicaciones, y luego Salinas fue el segundo. “No es casualidad que los dos primeros periodistas que investigan el Sodalicio sean los primeros”, ha mencionado. Ugaz se convirtió, en noviembre del 2022, en la primera investigadora peruana en reunirse con el papa Francisco. En Roma conversó sobre las investigaciones al Sodalicio y este viernes ha indicado que “el Vaticano ha confirmado todas nuestras investigaciones [sobre los abusos y la malversación del dinero]”. Así, ha cuestionado que desde el Vaticano las reconozcan, pero en Perú no.

El Vaticano desmantela a las cabezas del Sodalicio

Hace un año, el papa Francisco designó una misión especial para investigar las denuncias de abusos sexuales, físicos y comportamientos sectarios del Sodalicio en Perú, una labor complicada ya que la organización cuenta con apoyo en la política, la sociedad y los medios de comunicación peruanos. Sin embargo, desde ese momento, el Vaticano ha expulsado a varios miembros de la organización, incluyendo a la cúpula y el propio fundador, Luis Fernando Figari, en agosto de este año. “El contexto que pasa el Sodalicio es importante”, ha dicho Salinas, ya que “en este tramo ha incrementado la campaña contra nosotros, que se ha dado con operadores del Sodalicio a través de medios, Ministerio Público y Poder Judicial”.

Además, entre septiembre y octubre de este año, Francisco expulsó a una docena de miembros de alto rango de la congregación ultraconservadora. Algunos de ellos, sacerdotes que consintieron y legitimaron un sistema de violación a los derechos humanos. “Se trata de abusos del cargo y de la autoridad, particularmente en su forma de abuso en la administración de bienes eclesiásticos, así como de abuso sexual, en algún caso incluso de menores”, decía el documento.

Los últimos dos expulsados, el sacerdote Jaime Manuel Baertl Gómez y del laico consagrado Juan Carlos Len Álvarez, eran los cerebros administrativos y de los principales artífices del entramado empresarial relacionado al grupo, acusado de enriquecerse con prácticas poco transparentes y enviar dinero a paraísos fiscales.