El Gobierno de Starmer plantea recetar inyecciones adelgazantes a los desempleados obesos en el Reino Unido

¿Políticas de salud pública para mejorar el bienestar de los ciudadanos o para incrementar el rendimiento de la economía del país? El anuncio del nuevo Gobierno laborista del Reino Unido de que el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés) podrían dar luz verde a la financiación de fármacos adelgazantes como Ozempic, Mounjaro o Wegouy para ayudar a que los desempleados que padecen obesidad pudieran recuperar sus vidas... y sus trabajos, abre un debate sobre el utilitarismo de la medida.

“Nuestras cinturas, cada vez más expansivas, están imponiendo una carga importante en nuestro NHS, que dedica a este problema 11.000 millones de libras al año (por encima de los 13.000 millones de euros), más incluso que al tabaquismo. Y supone un freno para nuestra economía. Las enfermedades causadas por la obesidad provocan una media de cuatro días más al año de bajas por enfermedad en las personas que la padecen. Muchas de ellas se ven obligadas a renunciar del todo a trabajar”, ha escrito el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, en una tribuna publicada por el diario The Daily Telegraph.

Keir Starmer tiene una obsesión heredada de sus años al frente de la Fiscalía General de la Corona: la prevención. Antes incluso de convertirse en diputado del Partido Laborista, en 2016, escribió un ensayo para la Sociedad Fabiana —una organización con casi 150 años de historia que defiende el avance de las ideas socialistas con reformas graduales— en el que ya afirmaba que “nuestros servicios públicos son cada vez más servicios de respuesta a las crisis. Solo gestionan la respuesta a desenlaces caros [de esas crisis], en vez de prevenir que lleguen a producirse”.

“Creo que estos fármacos pueden ser muy importantes para nuestra economía y para nuestra salud. Necesitamos más dinero para el NHS, pero también necesitamos cambiar nuestro modo de pensar”, ha dicho Starmer este martes a la BBC, horas después de que la multinacional farmacéutica Eli Lilly anunciara su intención de invertir cerca de 335 millones de euros en el Reino Unido. La empresa es la fabricante de Mounjaro, otra de las drogas que, como Ozempic o Wegovy (ambas fabricadas por Novo Nordisk), ha demostrado gran eficacia en el tratamiento de la diabetes y contra la obesidad.

Dentro de esos planes de inversión se incluirán una serie de ensayos con pacientes para comprobar el impacto sobre el mercado laboral de estas terapias de adelgazamiento.

Eli Lilly se ha sumado a la organización Health Innovation Manchester para poner en marcha un estudio, a lo largo de cinco años, que pretende medir el modo en que el fármaco Mounjaro puede ayudar a reducir el desempleo y la presión sobre el servicio público de salud en el área conocida como Greater Manchester, que abarca casi a tres millones de habitantes. Hasta 250.000 pacientes recibirán la inyección semanal del fármaco.

Los resultados del ensayo servirán para informar al Gobierno británico sobre futuros planes contra la obesidad, que pretende desplegar por todo el país a través del NHS.

“La obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública al que nos enfrentamos, y ahora se abre una oportunidad importante de lograr un mayor entendimiento de los beneficios derivados de los programas de gestión de peso y de cómo impulsarlos en los próximos años”, ha explicado la directora ejecutiva del NHS, Amanda Pritchard.

La idea de utilizar esta nueva generación de medicamentos como una estrategia cuya finalidad es económica en gran parte genera dudas y objeciones por parte de los profesionales. “Surgen consideraciones serias de carácter ético, financiero o de eficacia ante un planteamiento así”, planteaba en la BBC la doctora Dolly van Tulleken, especializada en políticas de salud en la Unidad de Epidemiología MRC de la Universidad de Cambridge. “Podemos acabar considerando o midiendo a las personas en base a su valor económico potencial, antes de tener en cuenta sus necesidades de salud”, advertía.

Pero incluso los expertos más escépticos ante planteamientos como el sugerido por el Gobierno de Starmer, que prefieren hablar de enfoques más globales frente a la obesidad que incluyan una mejor alimentación o más ejercicio, entienden que hay que dar respuesta a una necesidad reclamada por millones de personas.

La última encuesta sobre salud, el Health Survey for England, realizado para el NHS en 2021 ya señalaba que el 25,9% de los adultos de Inglaterra eran obesos, y hasta un 37,9% padecía sobrepeso.

El Tony Blair Institute, un centro de pensamiento dirigido por el ex primer ministro laborista, ha calculado unas pérdidas de 75.000 millones de euros para los ciudadanos; 23.000 millones para el NHS y casi 19.000 millones para la economía británica en general por el descenso de productividad generado por la obesidad.

Hasta el político conservador James Bethell, que fue secretario de Estado de Sanidad, ha cargado contra el discurso neoliberal de su partido, contrario a cualquier intervención del Gobierno en las decisiones vitales de los ciudadanos, que ha resultado perjudicial en la lucha contra la obesidad. “Nos estamos ahogando a base de Kit Kats [la popular chocolatina] y de Dunkin Donuts. El Gobienro debe intervenir ya, proteger a los consumidores, poner barreras a los excesos e incentivar a los ciudadanos para que tengan una alimentación más sana”, escribía Bethell en el diario digital de la cadena LBC.

Y esa ayuda pública, ha señalado Bethelll, también puede llegar de la mano de los nuevos fármacos adelgazantes.