La directora de la residencia de Alcoi con 74 muertos en pandemia niega la hecatombe descrita por un médico

Las dos primeras sesiones el juicio por la demanda interpuesta contra la gestión de la residencia Domus Vi de Alcoi (Alicante) durante la pandemia estuvieron marcadas por las declaraciones de un médico, que calificó de “hecatombe” la situación en la que se encontró el centro, y por las críticas de extrabajadores y de familiares de los fallecidos a causa de la “falta de personal” y el “caos organizativo”. Eran todos testimonios de la parte demandante, familiares de 18 fallecidos, que piden más de dos millones de euros a Quavitae SAU, matriz de DomusVi, y a la compañía aseguradora (Mapfre) de responsabilidad civil. La tercera sesión, que se prolongó este miércoles hasta la tarde, ha estado protagonizado por el testimonio de la que era la directora del centro cuando murieron 74 personas en la etapa más mortífera de la pandemia, entre el mes de marzo y principios de abril de 2020.

La directora, que ejerció en el puesto en esta residencia desde 2016, ha negado ese panorama descrito por el jefe de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) del hospital de Alcoi. Este ha afirmado que cuando acudió el 12 de marzo, vio “gente desnuda, con los pañales rotos, por el suelo, pidiendo agua y diciendo, ‘por favor sáqueme de aquí’. “Reflejaba la realidad? “No”, respondió a preguntas de la abogada de la multinacional demandada, que cogió una baja laboral en septiembre de 2020 y ya no volvió a trabajar en esa residencia. Tampoco estaba “teletrabajando” cuando le llamó el citado facultativo, como declaró este. Además, no recordaba que le hubiera telefoneado en ningún momento, ni que le transmitiera las quejas por la situación de la residencia.

También la directora rebatió la versión de varios testigos de que los residentes estaban todos juntos, sin aislar a los que presentaban, al menos, los síntomas de tos, fiebre y dolor de garganta. “Se empezó el aislamiento solo con los síntomas” y antes de que se decretara el Estado de Alarma, el 14 de marzo, y de que la Consejería de Sanidad diera instrucciones al respecto. Admitió que no hubo una sectorización radical con positivos y negativos hasta que, el 26 o 27 de marzo, no se recibieron los resultados de los análisis de PCR de los residentes. Se constató entonces la brutal virulencia del contagio en la residencia, de titularidad pública y gestión privada.

La abogada demandante incidió en que desde el 16 de marzo la residencia ya estaba de facto intervenida por la Consejería de Sanidad e insistió en preguntar si el hospital Virgen de los Lirios de Alcoi permitía derivar enfermos de la residencia, a lo que la exdirectora contestó negativamente, en contra de lo afirmado por el médico. “Nos traían medicación y teníamos el soporte de la UHD”, señaló. Sostuvo que el doctor de la residencia no daba abasto y que pedía más recursos, que llegaron al final de marzo y que la polémica doctora contratada de refuerzo por la empresa, acusada de practicar “paramedicina”, estuvo pocos días. Aseguró que la plantilla cumplía el ratio marcado por Sanidad. Y respondió afirmativamente a la pregunta de si la habían felicitado por el trabajo de su equipo en momentos tan difíciles.

Sanción de 40.000 euros

La letrada de la parte demandante centró parte de su interrogatorio en las inspecciones de la Consejería de Políticas Inclusivas, de la que dependía la residencia, que en 2019, antes de la pandemia, detectó falta de horas de médico, de fisioterapeutas y de tocs (técnico en actividades socioculturales). En noviembre de 2020, la consejería anunció una sanción de 40.000 euros por estas carencias, tras subsanarse otros requerimientos de Inspección.

El testimonio de una supervisora del centro, que sigue trabajando allí, muy criticada en los testimonios de cinco extrabajadores, fue por la misma línea de la exdirectora. Negó rotundamente que un cadáver hubiera estado en una habitación durante 10 horas sin que nadie se hiciera cargo de él, como declaró una auxiliar, que dijo haber advertido de su existencia. Nadie la avisó de esa muerta, pero sí de otra, ese mismo día, reconoció. Ella se ocupaba de la relación con las funerarias.

La letrada de la parte demandada orientó buena parte de sus preguntas para responder a los testimonios propuestos por los demandantes los dos días anteriores, algunos de ellos entrecortados por la emoción. El martes se convocó a familiares que no se sumaron a la demanda firmada por 47 personas en representación de 18 familiares por razones económicas, diferencias entre sus miembros o por pasar página y no revivir todo aquel drama, según explicaron. Todos ellos coincidieron en que la falta de personal en la residencia era el mayor problema y que los trabajadores no daban abasto y la mayoría se desvivía por los residentes, aunque estaban mal pagados, por lo que algunos se marchaban en cuanto podían, dijeron. Como la mujer mayor cuyo marido se murió en la Domus Vi justo antes de la pandemia. La crítica se dirigía a la gestión de la residencia.