La muerte de una octava persona por el virus del Nilo iguala al mayor brote en España hasta ahora

La Junta de Andalucía ha confirmado la octava víctima mortal por el virus del Nilo Occidental. Con este nuevo fallecimiento, un vecino de Sevilla que presentaba patologías previas, se iguala la cifra de muertes que ocasionó el primer brote provocado por este patógeno en 2020, que era el mayor registrado hasta ahora. Las personas infectadas también siguen creciendo. La Consejería de Salud ha informado de ocho nuevos casos en distintos municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz, por lo que el número de afectados supera ya los 80, superando los 74 de 2020.

Las capturas del mosquito culex prerexiguus, portador del patógeno, han sido negativas en los territorios de Sevilla, Málaga y Cádiz (aunque se han detectado insectos en Vejer de la Frontera), de acuerdo con el recuento semanal que efectúa Salud, y aún no se hecho el recuento de los trampeos de Córdoba y Jaén, donde se ha incrementado a 16 el número de puntos de control, después de haberse constatado varios casos de infectados y la presencia de ese mosquito en varios municipios jiennenses. De hecho, la semana pasada, la Junta confirmaba el fallecimiento de un vecino de Villanueva de la Reina, en Jaén, que llevaba varios días ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, si bien subrayaba que su muerte no había sido provocada por el virus del Nilo, aunque estaba infectado cuando perdió la vida. Otro caso similar se dio hace 15 días en Carmona, donde otra vecina fallecida con el virus, pero no motivado por él, tal y como precisan los portavoces de la Consejería de Salud. Todos los fallecidos residían en la provincia de Sevilla, salvo una mujer de Navarra, que, eso sí, se infectó durante una visita al municipio sevillano de Utrera.

El goteo de muertes, pero, sobre todo, el continuo incremento de casos, carga de razones a la plataforma ciudadana de vecinos contra el virus del Nilo para continuar con sus concentraciones en demanda de una mayor coordinación entre las administraciones para tratar de mitigar el impacto y la incidencia de este patógeno. “La cosa está igual”, se lamenta su portavoz, Juan José Sánchez. La semana pasada protagonizaron una concentración en la localidad sevillana desde Dos Hermanas, su cuarto acto público, tras las concentraciones en Coria del Río, La Puebla del Río e Isla Mayor, celebradas desde mediados de agosto. La agrupación está ya preparando una nueva manifestación frente al Parlamento de Andalucía que está organizando con ayuntamientos y otras organizaciones civiles.

“Solo fumigan desde los Ayuntamientos. La Junta tiene que tomar cartas en el asunto”, sostiene Sánchez, que demanda a la administración regional que se ponga al frente de la coordinación para la prevención de la proliferación del mosquito y la transmisión del virus. La nueva consejera de Salud, Rocío Hernández, defendió la gestión del Gobierno andaluz en esta crisis sanitaria y justificó la virulencia de este brote en su “excepcionalidad”. “No hay precedentes conocidos de detección del virus en una época tan temprana y de la densidad del número de mosquitos”, indicó la semana pasada en su comparecencia en el Pleno donde se abordó precisamente el problema del virus del Nilo. Hernández aseguró que ni el Instituto Carlos III de Salud Pública ni el CSIC encuentran explicaciones claras. La consejera hizo hincapié en que los primeros casos de mosquitos portadores se detectaron cuatro o cinco semanas antes de lo habitual (el 4 de junio) y que en un solo día en una de las trampas se detectaron 16.000 mosquitos cuando en todo el año pasado se contabilizaron 55.000.

El presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, también ha insistido en defender la actuación de su Gobierno y en recalcar el reparto de competencias para afrontar la expansión del virus del Nilo. A los Ayuntamientos y Diputaciones les corresponde la prevención de la propagación de los mosquitos con planes municipales y tareas de fumigación, mientras que al Ejecutivo autónomo le compete la prevención y la atención sanitaria. Con todo, emplazó al resto de las administraciones a abordar en octubre la situación para prepararse de cara al año que viene. La consejera de Salud también indicó que su administración iba a tomar nota de “la experiencia acumulada” para aplicar “acciones de mejora” de cara al año que viene, enfocadas a medidas de carácter agrícola, ambiental, urbanístico y de investigación.

“No tenemos paciencia, ni clama, este es un asunto de salud pública grave que no puede esperar”, advierte Sánchez. Para los integrantes de la Plataforma no basta con minimizar el alcance de la enfermedad, circunscribiéndolo a que solo se contagia el 20% de la población y de ella solo el 1% evidencia enfermedades graves, como también insistió Hernández la semana pasada en sede parlamentaria. Entre sus integrantes hay muchos infectados que siguen recuperándose de las secuelas por las meningitis derivadas del virus por las que estuvieron ingresados. José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, que también asistió a los enfermos del primer brote, advierte de que el 35% de los supervivientes de 2020 que padecieron encefalitis sufrieron secuelas. Los afectados demandan protocolos claros para que los profesionales de salud puedan detectar estos casos en los centros sanitarios a los que muchos acudieron con fiebre, para ser devueltos a sus casas sin plantearse si quiera la posibilidad de que se tratara de fiebre del Nilo.

El hecho de que se detecten mosquitos portadores del virus en zonas alejadas del bajo Guadalquivir, como el caso del vecino fallecido la semana pasada, que era de Villanueva de la Reina, evidencia que la transmisión va más allá de las zonas de influencia cuyos ayuntamientos, de acuerdo con la estrategia de prevención de la Junta puesta en marcha en 2020, están obligados a realizar planes de prevención. Esta expansión evidencia para el investigador de la Estación Biológica de Doñana del CSIC y experto en este patógeno, Jordi Figuerola, que esos planes no están siendo efectivos. Para Figuerola este problema viene asociado con la actividad agrícola de los arrozales y llama la atención sobre cómo este año, después de dos temporadas con las tablas prácticamente secas por la sequía y la producción parada, se han reactivado más de 100.000 hectáreas “sin planes de prevención de la propagación del mosquito asociados”.